Brasilia, 31 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple un año en el poder con la economía encaminada, el país de regreso a todos los foros globales y, sobre todo, con la democracia y el clima político interno pacificados.
«Unión y reconstrucción» ha sido el lema adoptado por Lula para el mandato que asumió el 1 de enero tras cuatro años de gestión de la ultraderecha del expresidente Jair Bolsonaro, un movimiento radical que no aceptó la victoria electoral del líder progresista y hasta intentó derrocarlo ocho días después de su investidura.
El asalto simultáneo a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema del 8 de enero ha sido considerado «el más brutal atentado contra la democracia» desde el golpe militar de 1964 por la Justicia, que imputó a unos 2.000 ultras y ya ha condenado a una veintena a penas de hasta 17 años de cárcel.
Pero la violencia de esa asonada funcionó como un bumerán y dejó a la extrema derecha desprestigiada y acorralada en tribunales.
Muchos partidos conservadores se alinearon en la defensa de la democracia y algunos han pasado a integrar el Gobierno de Lula, que les abrió espacios en su amplia y pragmática coalición.
Con la política normalizada, el Gobierno ha obtenido apoyo para reformas económicas de corte liberal, recuperado la asistencia social, retomado la protección de la Amazonía y los pueblos indígenas, y «reconstruido la imagen» externa de Brasil.
El «regreso al mundo»
El gran objetivo externo de Lula en este 2023 fue recuperar la presencia del país en el mundo y poner fin a la fuerte ideología que Bolsonaro le imprimió a su diplomacia.
Algunas de sus primeras decisiones fueron reintegrar a Brasil a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y restablecer las relaciones con Venezuela, congeladas por Bolsonaro.
Con una ambiciosa propuesta para retomar la integración regional, abandonada por diversos Gobiernos conservadores desde 2019, Lula convocó sendas cumbres de líderes suramericanos y de países amazónicos, en las que quedaron de lado las diferencias ideológicas.
El primer resultado ha sido un robusto plan de integración física suramericana, con apoyo financiero de los mayores bancos de fomento regionales, que se han comprometido con una financiación de 10.000 millones de dólares.
Pero la agenda externa fue más allá y abarcó el mundo. Lula visitó un total de 24 países, en 15 viajes que le tuvieron casi 70 días fuera de Brasil y le llevaron a África, América, Asia y Europa.
«Viajé demasiado, pero tenía que hacerlo para recuperar la imagen del país», declaró la semana pasada, cuando resaltó el hecho de que Brasil ahora ejerce la presidencia anual del G20, que reúne a las principales economías del mundo.
Aun así, le han quedado asuntos en el tintero.
Uno, la conclusión del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que está pendiente pese a que le apostó fuerte durante el segundo semestre, cuando Brasil ejerció la presidencia del bloque suramericano.
El otro, trabajar la relación con el nuevo presidente argentino, Javier Milei, un ultra cercano a Bolsonaro y a cuya investidura Lula optó por no asistir, pese a la importancia del vecino país para Brasil.
Consolidar la recuperación económica con acento socioambiental
Lula ha dicho que 2023 «fue tiempo de plantar y reconstruir» y que espera recoger «una cosecha generosa en 2024», sobre todo en lo económico.
Este año, con el Estado como «inductor de la economía», se calcula que Brasil ha crecido cerca de un 3 %, pese a que todas las previsiones apuntaban a un escaso 0,6 %.
Ese resultado se ha dado con una inflación controlada en torno al 4,5 %, las tasas de interés a la baja y en un 11,7 %, y el desempleo por debajo del 8 %.
Para 2024, el Gobierno espera un crecimiento del 2,5 %, aunque el mercado y los organismos internacionales apuntan a un 1,5 %.
La principal herramienta en el año que comienza será un vasto plan de infraestructuras, que tendrá un fuerte acento medioambiental, inversión estatal y estará abierto al capital privado nacional y extranjero.
La prueba de fuego para el Gobierno será cumplir su compromiso de lograr un déficit público «cero» en 2024, una meta muy bien recibida por los mercados, pero que muchos analistas creen casi imposible.
Dependerá sobre todo de la recuperación de la recaudación impositiva, que está cifrada al resultado de una profunda reforma tributaria aprobada este año y que entrará en vigor gradualmente hasta 2033.
Eduardo Davis
