Santiago de Chile, 25 nov (EFE).- El Gobierno chileno señaló este sábado que «no hay condiciones para desescalar» el despliegue militar que desde mediados de 2022 tiene lugar en dos provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.
La medida, tomada en el marco de un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso Nacional en más de 20 oportunidades, permite a las Fuerzas Armadas (FF.AA) ayudar a la policía a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
«Uno de los temas que hoy se conversó con los jefes de la Defensa Nacional y con el conjunto de autoridades militares, policiales, de Gendarmería y del Ministerio Público que estaban es que tenemos que definir bajo qué criterios, en algún momento, vamos a establecer qué condiciones permiten retirar a las FF.AA y esas condiciones son múltiples, son de seguridad, de desarrollo social, políticas, que (todavía) se están definiendo», afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de reunirse con autoridades regionales, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en la Delegación Presidencial del Biobío.
Durante el encuentro, las autoridades realizaron un balance de la seguridad en la zona, constatando una disminución de hechos de violencia rural en un 12 % en comparación con el año anterior y un 41 % comparando las cifras con 2021.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, como Biobío, existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
