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19 de mayo de 2024

La inflación en Argentina no cede y el Gobierno promete darle «guerra»

Buenos Aires, 15 mar (EFE).- Los precios al consumidor en Argentina se aceleraron en febrero último, con un fuerte salto en los alimentos, un preocupante fenómeno que llevó este martes al Gobierno a prometer entablar una «guerra contra la inflación».

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los precios al consumidor en Argentina experimentaron en febrero pasado una subida interanual del 52,3 %, 1,6 puntos porcentuales por arriba de la variación registrada en enero último.

Asimismo, en el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron el 4,7 % en comparación con enero pasado, la tasa más alta desde marzo de 2021 y que encadena cuatro meses de aceleración en el nivel de inflación.

En febrero, el indicador se vio impulsado por una fuerte subida en los precios de alimentos y bebidas: 7,5 % en relación a enero y 55,8 % en términos interanuales, empujando el coste de la cesta alimentaria y, por ende, impactando negativamente en los índices de pobreza e indigencia, ya muy altos en Argentina.

«GUERRA» CONTRA LA INFLACIÓN

Horas antes de conocerse los datos oficiales de la inflación, el presidente argentino, Alberto Fernández, anticipó este martes que su Gobierno adoptara medidas ante la escalada de precios local, en un contexto global de fuertes subidas en los valores de las materias primas a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.

«Les prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden», prometió Fernández en un acto.

El Gobierno cerró temporalmente el domingo pasado las exportaciones de harina y aceite de soja y el sector agroalimentario teme un inminente aumento de los derechos de exportación que pesan sobre estos productos, de los que Argentina es el primer exportador mundial.

ACUERDO CON EL FMI

Por lo demás, una inflación del 52,3 % en términos interanuales configura un desafiante punto de partida para los objetivos de desaceleración de precios contenidos en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el «staff» del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares.

El entendimiento reconoce la «elevada y persistente» inflación -del 50,9 % en 2021- como un «serio problema» y se plantea reducirla «de forma duradera» como uno de los principales «objetivos» del programa económico 2022-2024.

«Procuraremos reducir la inflación en un rango de 38%-48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024», señala el memorando de políticas económicas y financieras que integra el acuerdo con el FMI.

Esa proyección, sin embargo, dista mucho de los pronósticos de los consultores privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino y que en promedio vaticinan que la inflación será este año del 55 %, mayor a la del año pasado.

Como salvedad, el acuerdo con el FMI reconoce que el «escenario base» está sujeto a «importantes incertidumbres» derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania y advierte que, si las condiciones mundiales empeoran, eso «complicaría las perspectivas» para Argentina.

«El contexto externo juega bastante en contra, con los precios de los commodities al alza. Si a esto le sumamos que no hay un marco claro de política monetaria y que las proyecciones del programa no sirven para anclar expectativas, vemos que todos los caminos conducen a una inflación que será resiliente a la baja en los próximos años», observó la firma Consultatio en un informe.

ENFOQUE «MULTICAUSAL»

Según el contenido del acuerdo con el FMI, el Gobierno de Fernández piensa aplicar una «estrategia de desinflación» enfocada en varios frentes y no tan solo monetaria.

Esto incluirá reducir en forma gradual el déficit fiscal primario y la financiación del Banco Central al Tesoro, recortando la emisión monetaria, fomentando la demanda de activos en moneda local.

Estas medidas se complementarán con políticas «voluntarias» de precios e ingresos mediante acuerdos con empresarios y sindicatos para poner un coto a la fuerte inercia de los precios y tratar de desarmar las expectativas inflacionarias al alza.

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