Lima, 23 jun (EFE).- En 18 de las 25 regiones de Perú, más de la mitad de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, un escenario agravado por el alza de los precios internacionales debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, informó este jueves el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Según el estudio «Retos y alternativas para afrontar la crisis alimentaria» del IPE, la prevalencia de la inseguridad alimentaria en el país andino es mayor en las regiones cuya economía se centra en la actividad agropecuaria, principalmente en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Áncash.
Los máximos históricos alcanzados este año en los precios internacionales de alimentos y fertilizantes, explica el IPE, se han traducido en Perú en «un alza significativa del costo de la canasta básica, que viene afectando más a los hogares de menos recursos».
Prueba de ello es que los hogares con niños y adolescentes en el que al menos un miembro presenta déficit calórico se ha incrementado de 31,8 % a 34,2 % entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2022, una problemática que genera «efectos irreversibles» en el desarrollo físico y cognitivo de los menores.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del Banco Central, el país andino dejó de importar alrededor de 82.000 toneladas mensuales del compuesto químico urea, lo que está «perjudicando el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos».
Por eso, los pequeños agricultores han recurrido a alternativas como el uso de fertilizantes naturales, agrega el IPE, tras mencionar que los menores rendimientos y la disminución de los márgenes de ganancia están poniendo en riesgo alrededor de 365.000 trabajadores que durante la pandemia de la covid-19 migraron de la ciudad al campo.
Además, el informe recuerda que la pobreza en Perú aumentó de 20,2 % en 2019 a 25,9 % en 2021, lo que equivale a un incremento de más de 2 millones de personas pobres, un escenario que responde, en gran medida, a la precarización del mercado laboral, que en marzo de este año registró una tasa de subempleo del 42,2 % en las zonas urbanas del país.
Para el IPE, la actual coyuntura demanda la adopción de políticas que permitan aliviar la situación de mayor vulnerabilidad económica por la que atraviesan los hogares de menores recursos, enfocándose en atender la potencial pérdida de ingresos que generará en los agricultores la caída registrada en las recientes campañas de siembra.
«Se han ejecutado acciones con efectividad limitada para atender a los segmentos más vulnerables de la población, a costa de un alto esfuerzo fiscal. Sin embargo, se ha terminado beneficiando a los hogares de mayores ingresos. Por ello, la respuesta del Estado debe reconfigurarse para evitar que los altos precios de los alimentos y la escasez de fertilizantes generen mayores perjuicios sobre la población más pobre», concluye el informe.
