Quito, 10 nov (EFE).- El presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, consideró este jueves que existe un riesgo de ilegalidad en el impuesto a grandes fortunas propuesto por el Gobierno, para ser tramitado como una enmienda al proyecto de ley que regula gravámenes temporales a la banca y a empresas energéticas.
Durante su visita a Ecuador como parte de su primera gira por Sudamérica, Núñez Feijóo afirmó que «el Gobierno está muy nervioso, muy débil, con enormes contradicciones y debilidades internas, y ahora quiere trasladar esa debilidad al marco jurídico y tributario de España».
«Lo lamento profundamente, porque estoy convencido de que hay muchos riesgos de ilegalidad de este tipo de gravámenes que se hacen por la puerta de atrás, a espaldas de las instituciones y del debate parlamentario», agregó el líder del principal partido de oposición.
El expresidente de la Xunta de Galicia también opinó que la tramitación del impuesto a las grandes fortunas a través de esa enmienda tiene «un riesgo muy claro de doble imposición».
Para Núñez Feijóo, este gravamen «atenta a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que tienen el impuesto de patrimonio transferido desde hace décadas».
El Gobierno de España, formado en coalición por PSOE y Unidas Podemos (UP), contempla este impuesto para las fortunas de más de 3 millones de euros.
Según han confirmado a EFE fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, se trata de una enmienda conjunta del PSOE y UP que se registrará este jueves antes de que acabe el plazo para presentar las enmiendas parciales al mencionado proyecto de ley.
El impuesto a las grandes fortunas, anunciado por el Gobierno en el marco de los presupuestos de 2023, tendrá carácter temporal -ya que estará en vigor en 2023 y 2024-, será deducible del impuesto de patrimonio y tendrá tres tramos que gravarán los patrimonios a partir de 3 millones de euros.
La medida, pactada por los socios del Gobierno el pasado septiembre, contemplaba un tipo de 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5 millones, de 2,1 % para patrimonios de entre 5 y 10 millones y de 3,5 % para patrimonios de más de 10 millones de euros.
Entonces se calculó que podría recaudar 1.500 millones en dos años, antes de deducir lo pagado por el impuesto de patrimonio.
