Lima, 29 jul (EFE).- Organizaciones civiles e indígenas de Perú cuestionaron que un segundo borrador de la política de salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún no resuelva varias «recomendaciones fundamentales» planteadas por la sociedad civil durante el primer proceso de consulta, en marzo pasado.
«A pesar de presentarse ciertas modificaciones a la anterior propuesta, estas no son sustanciales y no incorporan de manera adecuada las observaciones realizadas desde sociedad civil y organizaciones indígenas», indicó Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía del organismo Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en un comunicado enviado a Efe.
En ese sentido, DAR, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) enfatizaron en los riesgos e impactos sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), los afrodescendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
TRATAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS
Los organismos aseguraron que el segundo borrador, que fue presentado por el BID el pasado 6 de julio, no tiene «contenidos claros» sobre compromisos en materia de derechos humanos y «aún mantiene un tratamiento inadecuado y no acorde a estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas».
El documento, agregaron, «no establece de manera expresa» el derecho al consentimiento previo, libre e informado, ni adecúa su regulación «a los criterios más protectores» sobre determinación de pueblos indígenas.
Además, «persiste en su intento por describir qué entiende por pueblos indígenas obviando los estándares internacionales establecidos en el artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Criticaron, también, la insistencia en colocar «cláusulas facultativas hacia los prestatarios» que, según señalaron, «no garantizan el principio de ‘no contacto’ y la intangibilidad de los territorios» de los PIACI.
LENGUAJE AMBIGUO
Para las organizaciones, el segundo borrador de salvaguardas «aún utiliza (un) lenguaje ambiguo, principalmente, en mecanismos de monitoreo y fiscalización ambiental» y tampoco toma en cuenta su recomendación de dotar al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de herramientas adecuadas para imponer sanciones y que se remedien los daños que se puedan producir.
Señalaron que también está pendiente que plantee acciones específicas sobre mecanismos de transparencia, anticorrupción y acceso a la información con enfoques inclusivo e intercultural, que incluyan cláusulas anticorrupción y mecanismos para prevenir y sancionar dichos actos.
Las organizaciones alertaron, además, que las salvaguardas incorporadas en caso de pandemias están referidas a temas laborales, y sobre la evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales, pero no establecen el tratamiento específico por la COVID-19.
ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS
El comunicado recordó que el BID inició desde la segunda mitad de diciembre pasado un proceso de actualización del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) para los proyectos o políticas públicas que financia en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, los organismos remarcaron que este proceso se desarrolla en un contexto de cambio de la presidencia del BID y solo se cuenta con 30 días para recoger recomendaciones durante la segunda fase de consulta, por lo que hicieron un llamamiento al organismo «para apostar por un financiamiento sostenible», así como para establecer «obligaciones y sanciones claras» en derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Actualmente, el BID tiene más de una treintena de proyectos con créditos aprobados en Perú por más de 2.198 millones de dólares, repartidos mayoritariamente entre obras de transporte, procesos de reforma en el Estado y salud.
