Ciudad de Panamá, 24 nov (EFE).- Miles de panameños esperan con «optimismo» la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CJS) sobre el contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que podría poner fin a la crisis interna que desde hace un mes azota al país.
«Nos sentimos optimistas porque el pueblo panameño se ha despertado y está en las calles. Estamos seguros de que la Corte Suprema está escuchando este clamor popular que quiere un Panamá verde y sin minería», dijo a EFE el ambientalista Guido César Berguido.
«Optimismo», «estrés» y «expectante» son algunas de las expresiones que repiten los panameños ante la reunión de los nueve magistrados que componen el pleno de la CSJ, que iniciaron esta mañana una sesión permanente para analizar las demandas de inconstitucionalidad en contra de ese contrato ley.
Mientras los magistrados debaten, sin que se sepa cuándo emitirán el dictamen, ambientalistas, jóvenes y sindicatos se congregan frente a la sede del máximo órgano de justicia con banderas de Panamá y el deseo de que se declare «inconstitucional» ese contrato minero, una exigencia que han dejado clara durante las intensas protestas de las últimas semanas, las mayores en décadas.
«Nos sentimos tranquilos porque estamos convencidos de que el contrato ley es inconstitucional porque viola más de seis artículos de nuestra Carta Magna. Confiamos plenamente en que la Corte está simplemente haciendo un análisis profundo de todos lo argumentos presentados», explicó a EFE Marta Cornejo, una de las abogadas que interpuso una de las demandas que ahora el Supremo debate.
Aumenta la expectativa
Se barajan tres posibilidades: los magistrados podrían declarar la inconstitucionalidad, la constitucionalidad o un posible fallo parcial del contrato. Ante las dos últimas opciones, los manifestantes ya han advertido que las rechazan y expertos prevén que de ser así aumentarían las protestas.
Ante este escenario, la expectativa en Panamá por el fallo de la Corte Suprema de Justicia es máxima y ha aumentado este viernes con la reunión de los magistrados. Incluso la Arquidiócesis de Panamá ha convocado una «sesión de oración permanente» mientras el Supremo panameño debate.
«Ya tenemos un antecedente de que la Corte falló inconstitucional anteriormente. Estamos seguros de que la Corte va a fallar en derecho y en un tiempo oportuno», apuntó Berguido.
Algunos expertos sostienen que la actual concesión mantiene los mismos vicios legales que llevaron al anterior a ser declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia tras la demanda de un grupo ambiental, un panorama similar al actual.
La sociedad panameña lleva unas cinco semanas protestando contra ese contrato con manifestaciones callejeras, huelgas gremiales y fuertes bloqueos viales, lo que ha golpeado fuertemente a la economía. Estas protestas antiminería se han convertido en las más intensas desde la caída de la dictadura militar (1968-1989).
Después de que el Parlamento desistiera el pasado 3 de noviembre de derogar el contrato, el futuro de la minera está en manos del Supremo panameño. Desde entonces, los manifestantes mantienen una vigilia noche y día para presionar a los magistrados a dar un veredicto en la mayor brevedad posible.
Cuenta atrás: piden un «tiempo prudente»
Expertos consultados por EFE señalan que el tiempo para que la Corte se pronuncie es relativo, pues pueden ser horas o semanas. Los manifestantes ya descartan la posibilidad de obtener hoy mismo el pronunciamiento de los magistrados.
Sin embargo, advierten de que no van a ser tan pacientes alegando que el fallo debe darse en un «tiempo prudente»: «Están haciendo su trabajo y estamos a la espera de que salga en los próximos días. No creo que deban demorar más de tres o cuatro días», apuntó la abogada Cornejo.
De la misma opinión es el joven ambientalista Tiago Excly: «Estamos muy optimistas y esperamos que en estos dos o tres días puedan dar un fallo beneficioso para el pueblo panameño».
Con la cuenta atrás ya iniciada, la decisión del Supremo panameño podría poner fin a la grave crisis en el país y, posiblemente, dar inicio a la salida de la gran minera canadiense, que según sus propias cifras invirtió 10.000 millones de dólares en esta mina de cobre y cuya actividad representa el 4,8 % del PIB del país.
Ana de León
