Informalidad, seguridad social y cambio climático: temas clave para el futuro del trabajo en Paraguay

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2023 se generaron 100.000 puestos de trabajo, mostrando una expansión importante en términos de ocupación, unas 3.101.607 personas conforman la fuerza de trabajo al cierre del último trimestre del año anterior. 

Para 2024 y debido a la proyección de crecimiento económico favorable que se estima experimente el país, estas cifras podrían mantenerse en términos generales o incluso podrían crecer, según explicó Mónica Recalde, ministra de Trabajo. 

“Para entender mejor, no solo estamos enfocados en el aumento de la ocupación, sino en la calidad de la desagregación de esta expansión. Es decir, que crezca la asalarización con la creación de nuevos puestos de trabajo formales, principalmente en las regiones que tienen un gran potencial como el departamento Central, las cabeceras departamentales y en la región Occidental”. 

Hablando de ocupación por cuenta propia, el objetivo del Ministerio de Trabajo es capacitar y poner a disposición del mercado, a personas que se dedican de manera autónoma a prestar servicios o proveer bienes que realmente apunten a cubrir las necesidades del mercado.

Al respecto, la ministra de Trabajo enfatizó que se requieren mandos medios cualificados en todos los rincones del país, que sólo con una política territorial se podrá ver resultados. “Esto permite a su vez que con un buen acompañamiento los trabajadores puedan formalizarse e incluso incorporarse a otras cadenas de valor”.

El trabajador paraguayo tiene varias características: es dedicado, responsable y predispuesto a aprender y mejorar su talento en cualquier tipo de ocupación. La mano de obra local es muy valorada ya que es capaz de reinventarse en momentos de crisis. 

El trabajador paraguayo tiene la capacidad de transformarse de asalariado a emprendedor; o convivir con ambas cosas a la vez. “Somos resilientes ante los obstáculos y perseverantes en los desafíos”, destacó Recalde. 

El trabajador paraguayo es ingenioso para responder a las demandas del mercado, ya que el proceso de innovación se ha incorporado a su naturaleza, especialmente en los jóvenes que buscan mayor flexibilidad en su tiempo y más diversificación en sus ideas y sus actividades.

“Es nuestro deber resaltar estos valores, brindar las herramientas y condiciones para que produzcan más. Además de brindarles mayor capacitación acorde a su tiempo y que sean retribuidos por el mismo valor de su esfuerzo”, dijo la ministra. 

Sobre el punto además enfatizó que la fuerza y perseverancia de la mano de obra paraguaya es el motor que mueve al país. “Más de 3 millones de paraguayos se levantan todos los días para sacar a este país adelante, para poner todo su empeño y contribuir con su esfuerzo a mejorar no solamente su condición personal o familiar, sino al desarrollo de toda una nación con gran potencial de crecimiento”.

Desde la cartera afirmaron además que continuarán con las labores necesarias para reivindicar y generar las condiciones necesarias para un trabajo digno y a su vez, potenciar mayores oportunidades para todos.

“El empleo decente es nuestra principal obsesión y las políticas que desarrollemos tienen un único fin: formalizar a la economía y a los trabajadores”, manifestó Recalde.

DESAFÍOS

La informalidad laboral es un tema complejo que requiere una serie de medidas que conjugan incentivos, mecanismos simplificados de formalización, desburocratización de procesos e incluso, esquemas menos costosos para que los trabajadores puedan incorporarse al seguro social.

Los principales desafíos para combatir la informalidad laboral en Paraguay, se basan en dos aristas principales: la inclusión de trabajadores de mipymes a la formalidad y el refuerzo de las medidas de control mediante fiscalizaciones más efectivas para detectar el empleo informal en las empresas.

Respecto al control sobre este tema, la ministra de trabajo, Mónica Recalde, aseguró que con 10 fiscalizadores, la institución logró detectar más de 6.000 trabajadores en condiciones de informalidad en los últimos 3 meses. 

“Estas irregularidades tienen que ver con la falta de pago del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), pago de salario mínimo legal, contratos de trabajo, pago de aguinaldo o el no pago de horas extra. Para este periodo, tenemos la meta de ampliar nuestro cuerpo inspectivo para mejorar significativamente en estos aspectos”, manifestó la titular de la cartera.

Por otro lado, la seguridad social es un tema central para el desarrollo económico y social del país. Si bien se visualiza que en los últimos años, especialmente desde la pandemia, toma un rol fundamental como eje de política, aunque todavía existen muchos desafíos por delante. 

Uno de ellos es mejorar la cobertura. “Necesitamos que más personas ingresen al seguro social y tengan una expectativa de derecho a jubilación y una cobertura contra accidentes, enfermedades y maternidad. Para eso estamos realizando acciones conjuntas con el IPS para mejorar el control, la recaudación y evitar la evasión de las empresas”, detalló Mónica Recalde.

Por otra parte, destacó la sostenibilidad del sistema de pensiones y el esquema de gobernanza, como tema relevante. La ley de la Superintendencia se encuentra vigente y en fase de la reglamentación del consejo de seguridad social como primera etapa. 

Lo relacionado a la educación previsional también es clave a la opinión de la ministra de Trabajo, ya que empodera a las personas sobre la necesidad de la cobertura ante los riesgos. 

“Observamos durante todos estos años que la gente -en muchas ocasiones-, no conoce todas las prestaciones que tiene la seguridad social y cuando no sufren imprevistos, ven muy lejanos a su necesidad”, comentó.

INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS TRABAJADORES

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los accidentes laborales conlleva un costo considerable a la economía global, estimado en torno a USD 1,2 billones, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. 

Sin embargo, esta cifra podría representar solo “la punta de iceberg”, ya que por cada dólar gastado en accidentes de trabajo, existen aproximadamente tres dólares de costos indirectos

Al respecto, Carlos Ortega, experto en salud y seguridad ocupacional destacó que alrededor de 2,8 millones de trabajadores fallecen anualmente debido a incidentes relacionados con sus actividades laborales. 

Otro factor que afecta directamente a los trabajadores a nivel global tanto en la salud como en la seguridad, guarda relación con el cambio de las condiciones climáticas, que fueron objeto de debate en las últimas semanas en el marco del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 

En ese contexto, se discutieron y visibilizaron cuánto afecta y cómo estos fenómenos generan una reducción de la productividad del trabajador, convirtiéndose finalmente, no solo en una cuestión de salud ocupacional, sino en un problema económico. 

Sobre el punto, la ministra de Trabajo enfatizó el peligro que representa el desplazamiento de los trabajadores cuando hay temporales o la exposición a sensaciones térmicas extremas. 

“Uno de los objetivos es conformar una comisión de expertos para tratar estos asuntos. Actualmente, cuando existen condiciones climáticas adversas el Ministerio de Trabajo sólo puede instar a las empresas a la tolerancia por llegadas tardía y es necesario tomar conciencia sobre los costos de estos problemas en término de salud y en términos de productividad”, añadió Recalde.

VIOLENCIA EN EL EJERCICIO LABORAL

Posterior a los hechos de agresiones que se vivieron en las últimas semanas en el congreso por parte de un diputado nacional hacía profesionales de la prensa, el Ministerio de Trabajo consideró reactivar una mesa sobre violencia laboral para establecer protocolos.

Al respecto, la titular del ministerio afirmó que a partir del mes de mayo, se reactivará la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades (CTIO), después de 6 años. 

La CTIO es un espacio creado en 1999 por Decreto 21.403 y que a lo largo de sus 20 años de funcionamiento, fue el espacio de diálogo y propuestas de muchas reivindicaciones femeninas en el mercado de trabajo, como la ampliación de derecho a la maternidad, así como mecanismos especializados de mediación de conflictos de mujeres, derechos de cuidados y derechos de trabajadoras domésticas. 

“Actualmente se encuentra en agenda abordar la violencia laboral y mejorar protocolos de actuación, para que las organizaciones puedan discutir y proponer mecanismo más rápidos y eficaces”, detalló Mónica Recalde.

Además, se busca concienciar para reconocer tipos de violencia y establecer los mecanismos más ágiles para derivar de casos a lo jurisdiccional y no solo en lo administrativo.

INCLUSIÓN FEMENINA AL MERCADO LABORAL

Según los datos de la última Encuesta Permanente de Hogares Continúa (EPHC), del INE, el número de mujeres y su participación en el mercado laboral experimentó un incremento significativo.

La tasa de ocupación de las mujeres de 15 y más años es de 56%, es decir, unas 1.255.120 mujeres se encuentran trabajando. Los hombres, por otra parte, tienen una tasa de ocupación del 79,5%, unas 1.684.213 personas.

Las categorías ocupacionales de mayor concentración de las mujeres son: trabajadoras por cuenta propia (30,3%), empleada / obrera privada (28,9%); y empleada doméstica (16, 2%). Los hogares encabezados por mujeres representan el 41%. 

Sin embargo, aún persisten brechas entre hombre y mujeres. Esto resalta específicamente en lo relacionado a los ingresos, donde las mujeres perciben 23,5% menos que los hombres. 

“El tiempo de permanencia en el empleo, así como el tipo de ocupación de alta cualificación entre uno y otro sexo también influye en esta brecha. Sin embargo, en términos de formalización, la tasa de formalización de las mujeres es de 35,4% versus el 40% en hombres”, afirmó la ministra.

REAJUSTE SALARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

Según explicó la titular del Trabajo, el método de reajuste salarial, implementado a partir del 2017, permite el análisis del salario mínimo legal de forma anual.

Anteriormente, debía observarse como mínimo un 10% de inflación para estudiar el reajuste. Es decir, el trabajador debía perder el 10% de su poder adquisitivo para ser sujeto de reajuste. 

En ese contexto, en los últimos 7 años, el salario mínimo experimentó un reajuste promedio de 4,6% al año, lo que representa un 32,2% a nivel general desde 2017 a 2023.

La inflación acumulada de junio de 2023 a marzo de 2024 se encuentra en el orden del 3,2% y la expectativa inflacionaria del Banco Central del Paraguay (BCP) para junio se encuentra en torno del 4%, detalló Mónica Recalde.

Al mismo tiempo recordó que en 2023 de 2.878.716 personas ocupadas, el 58% corresponde a trabajadores asalariados (1.657.982), “estos trabajadores son los que se encuentran dentro del marco legal de aplicación del salario mínimo legal, sean del sector público, privado y empleo doméstico”, puntualizó.