Lima, 30 mar (EFE).- Decenas de trabajadoras del hogar peruanas se manifestaron este miércoles en el centro de Lima para exigir respeto a sus derechos laborales y denunciar los abusos y las situaciones de discriminación que enfrentan y que, según afirman, se han agudizado durante la pandemia.
«No somos colaboradoras, no somos esclavas, somo trabajadoras con derechos como cualquier otro trabajador», sentenció en declaraciones a Efe, durante la protesta Adelinda Díaz, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (Fentrahogarp).
Junto a ella, otras quince mujeres se concentraron esta mañana, provistas de mandiles y carteles, en una de las céntricas calles del casco histórico limeño, con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que desde hace 34 se conmemora cada 30 de marzo.
«No a la discriminación», «No al trabajo forzoso», «Contrato por escrito» y «Sin nosotras no hay reactivación», se leía en las pancartas, en sintonía a los cánticos que entonaban las mujeres en rechazo a la explotación laboral y en favor de sus derechos.
«Queremos que las nuevas generaciones ya no sufran como nosotras hemos sufrido, que hemos sido esclavas, maltratadas físicamente, violadas», declaró Díaz, quien explicó que los abusos de los empleadores se manifiestan a menudo con amenazas y castigos, pero también con retenciones de documentos de identidad y hasta la imposición de tomar bebidas alcohólicas o consumir drogas.
La mujer, de 74 años, ya está jubilada y ahora se dedica al trabajo sindical, luego de haber laborado desde los 14 años como empleada doméstica en Lima, donde fue víctima de un intento de violación por parte de su empleador.
Díaz precisó que el 95 % de las trabajadoras del hogar en Perú son mujeres y resaltó el aporte de su sector a la economía del país, pero lamentó el empeoramiento de sus condiciones laborales durante la pandemia de covid-19, cuando más del 80 % de sus compañeras fueron despedidas, muchas sin ni siquiera recibir los beneficios laborales que les correspondían.
En este sentido, las trabajadoras exigieron el cumplimiento de la ley 31047, publicada en octubre de 2020 con miras a mejorar sus condiciones laborales, garantizar sus derechos fundamentales y eliminar toda forma de discriminación.
La norma establece para las empleadas domésticas una jornada laboral de máximo ocho horas diarias o de 48 semanales, un sueldo establecido por acuerdo libre entre las partes no menor al mínimo vital y el derecho al descanso anual remunerado por 30 días de calendario, entre otros.
«La ley obliga a todos los empleadores a registrarse en el Ministerio de Trabajo, con un contrato de trabajo y seguro social, pero no se está cumpliendo ni la hacen cumplir», apostilló a Efe Paulina Luza, otra de las manifestantes.
Sobre la necesidad de llevar a la práctica las medidas que impone el papel, se manifestó también la Defensoría del Pueblo, que, a través de un comunicado, urgió la víspera al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la ley y el registro del contrato de las empeladas domésticas.
«A pesar de los avances, reconocemos que falta mucho por garantizar una real protección a las personas trabajadoras del hogar», señaló, tras recordar la aprobación, en enero pasado, de los lineamientos para la atención en los centros emergencia mujer de trabajadoras que se vieran afectadas por violencia, discriminación y hostigamiento sexual.
