Santiago de Chile, 20 jun (EFE).- El cierre de la Fundición Ventanas, una de las causantes de la excesiva contaminación en la bahía de Quintero-Puchncaví, desató este lunes protestas de los trabajadores de esta industria vinculada a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que amenazan con parar la producción a escala nacional.
La clausura, exigida por organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y asociaciones de vecinos de la bahía, una de las zonas más contaminadas de Suramérica, fue anunciada el viernes por el presidente de la República, Gabriel Boric, tras el enésimo episodio de intoxicación de la población.
Un nuevo repunte de las cantidades de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera por esta y las otras 15 fábricas que se acumulan en este «zona de sacrificio» causó vómitos, mareos y otras patologías a 150 personas, en su mayoría niños, y obligó a cerrar las escuelas.
En este contexto, y ante las amenazas de huelga, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, aseguró hoy que ningún trabajador se quedará sin trabajo y desmintió los rumores, vertidos desde la oposición, que apuntan a que detrás de la iniciativa del Ejecutivo se esconde un «proceso de privatización».
«Creemos en la empresa pública, en su fortalecimiento y desarrollo estratégico», afirmó.
“Se tienen que crear fundiciones en lugares sin saturación y mejores condiciones de ventilación”, dijo, antes de insistir en que el objetivo es cuidar a los ciudadanos y eliminar el riesgo de que se produzcan nuevos picos de polución.
“Durante mucho tiempo hemos funcionado con estándares bajos, bajo los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y uno de los desafíos (…) es mejorar esos estándares iniciando un proceso de descarbonización, pero también de reducción de gases por parte de la industria y las empresas del Estado tienen que ser un ejemplo”, reiteró.
CIENTOS DE MILLONES INVERTIDOS
Según datos proporcionados por el Gobierno a la prensa local, desde 2005 la empresa ha invertido cerca 156 millones de dólares para cumplir las distintas normativas medioambientales, dinero que no ha servido para frenar las emisiones.
Hasta 2013, fueron un total de 27,5 millones de dólares en respuesta a “la norma que exigió un máximo de 90.000 toneladas al año de dióxido de azufre (SO2)».
Entre 2013 y 2018 se invirtieron 128 millones dólares más para la captación de gases secundarios, captación de gases de sangría, tratamiento de gases de cola de la planta de ácido, tratamiento de gases fugitivos y eliminación de humos visibles de los hornos de refino a fuego.
Los cálculos del Gobierno apuntan a que se necesitarían más de 1.150 millones de dólares más para ajustarse a los estándares internacionales.
PARO NACIONAL
En este contexto, decenas de trabajadores de Ventanas y de empresas contratistas, se manifiestan en la carretera F30, trayecto que lleva a esta empresa que trabaja para la pequeña minoría, y amenazan con convocar un paro nacional.
“El anuncio que dio el presidente Boric obviamente no nos parece correcto, y eso es la movilización que vamos a hacer a nivel nacional junto a la federación de los trabajadores del cobre», explicó a la prensa local Antonio Licuime, secretario del Sindicato Turnados Codelco-Ventanas.
«Vamos a estar toda la semana con manifestaciones afuera de fundición Ventanas y haciendo sentir nuestro malestar por el cierre de nuestra planta”, precisó el trabajador.
Chile aglutina el 28 % de la producción mundial de cobre y en el país operan gigantes como BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals.
La minería, que representa cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB) nacional, está jugando un papel fundamental en la recuperación económica del país tras la pandemia.
Según datos de los sindicatos y agrupaciones de trabajadores, el paro nacional podría suponer pérdidas diarias por valor de 250 millones de dólares.
