Desde hace algunos años, nuestro país afronta incendios forestales y urbanos que, según el Instituto Forestal Nacional (Infona), en su mayoría son provocados. En este sentido, un reporte publicado por la entidad mencionaba ayer que en las últimas 24 horas se registraron un total de 3.757 focos de calor.
También, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó que se combatieron 768 focos de incendios y que se vienen días de altas temperaturas en Paraguay, alcanzando entre 40 a 43 grados. En consecuencia, seguirá habiendo ausencia de lluvias, factor que podría incidir en que se tengan más focos de incendios en los próximos días.
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En este sentido, autoridades del Poder Ejecutivo mantuvieron una reunión para estudiar la situación y planear las acciones a ser encaradas. En la ocasión, también anunciaron la presentación de un proyecto de Ley que defina los roles de las diferentes instituciones involucradas en el tema.
El ministro de la SEN, Joaquín Roa, informó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha considerado muy saludable la presentación de un proyecto de Ley que sea moderno, eficaz, y que contenga todo lo que se ha aprendido hasta este momento sobre el combate al incendio.
“Desde esta mesa de trabajo estamos llevando la responsabilidad con todos los actores y sectores de presentar un proyecto de Ley que nos dé una herramienta no solamente para el manejo de fuego, a efectos también de no estigmatizar al fuego, de que el manejo sea responsable desde todos los niveles de su utilización”, comentó Roa.
Agregó que discutirán la iniciativa con gobiernos subnacionales, ciudadanía en general, instituciones y sectores productivos, de manera a que, según dijo, la ley indique claramente las responsabilidades, “el anclaje financiero y que permita a otros poderes del Estado, como el Ministerio Público, tener la mano y la herramienta para poder o castigar o encauzar a aquellas personas que sean provocadores de este tipo de eventos”.
“Lo que vamos a buscar con este proyecto de Ley es definir cuáles son los roles de las instituciones que deberían o están interviniendo en el tema del fuego, así como la responsabilidad de una institución en el otorgamiento de un permiso de quema prescripta, hasta dónde debería ir el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio del Ambiente”, añadió el secretario de Estado.
Enfatizó en que lo que se quiere es plasmar en una ley todo lo que se debe realizar, cómo se debería de manejar, etc.
Recursos para enfrentar incendios
Por su parte, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas -quién también participó de la reunión-, aseguró que se cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la situación climática que está afectando al país, especialmente en cuanto a la proliferación de incendios.
El alto funcionario recordó que los recursos ya fueron previstos en el Plan de Mitigación por Emergencia Climática que se había encargado al Equipo Económico Nacional (EEN) a mediados del año pasado e incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.
Además, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de declarar emergencia por los incendios, y afirmó que no es necesario ya que los recursos están disponibles.
En este punto, cabe señalar que, el lunes próximo, la Cámara de Diputados estudiará el proyecto de Ley “Que declara de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay”, presentado por los senadores Hugo Richer y José Ledesma.
La propuesta legislativa contiene cuatro artículos. En el primero contempla declarar situación de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay, de conformidad con el artículo 2022, numeral 13 de la Constitución Nacional, para combatir los efectos ocasionados por las graves sequías registradas.
En el siguiente artículo expresa encomendar a las autoridades nacionales y departamentales a solicitar y disponer de los recursos necesarios, a fin de dar respuesta inmediata a las prioridades de los pobladores de las zonas afectadas.
Además, también propone que los ministerios del Ejecutivo, las entidades descentralizadas, los entes autónomos y autárquicos, adopten medidas conducentes a cooperar con los pobladores de las zonas afectadas, mediante subsidios, asistencia técnica, crediticia y refinanciamiento de las mismas; como asimismo, se impriman medidas de carácter sanitaria y de asistencia social.