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22 de diciembre de 2024

Fracasa tercer intento de juicio político a la fiscal general y continúa investigación de lavado de la CBI

La comisión bicameral que investiga sobre lavado de dinero se reunió con el ex ministro Arnaldo Giuzzio y el viceministro Oscar Orué. El ex titular del Interior explicó el informe que había presentado a la comisión permanente acerca del crecimiento patrimonial de Horario Cartes.

La prensa internacional se hizo eco de los hechos recientes ocurridos en nuestro país y mencionaron la designación del ex presidente Cartes como “significativamente corrupto” por parte de EEUU, mientras que el diario colombiano “El Tiempo” publicó que el asesinato del fiscal Marcelo Pecci fue ejecutado por orden de una red dedicada al narcotráfico.

Esta mañana se llevó adelante otra reunión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos, a la que acudió el ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien explicó sobre el informe que había presentado a la comisión permanente acerca del crecimiento patrimonial de Horario Cartes y los supuestos nexos relacionados con el lavado de dinero.

Tras la reunión, en conversación con los medios de comunicación, Giuzzio dijo que “la información que tiene” es que ya existe una carpeta fiscal contra el ex mandatario en Estado Unidos. 

Oscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) también fue invitado y compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación. 

Juicio político contra fiscal general fue archivado

Luego de un breve debate en torno a las últimas causales incluidas en el pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el plenario de la Cámara de Diputados, finalmente, decidió ayer poner punto final al proceso y someter a votación el documento. No se reunieron los votos requeridos y la iniciativa fue remitida al archivo.

La votación arrojó 28 votos en contra del juicio político; 15 votos a favor; tres abstenciones; y 34 ausentes. Las ausencias constituyen los registros de la bancada colorada oficialista y de los diputados de la multibancada, compuesta por un sector del Partido Liberal y el tercer espacio, que abandonaron la sala de sesiones antes de la votación.

De esta manera, luego de tres semanas de discusión, el Proyecto de Resolución “Por el que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores, contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”, no logró los votos necesarios para la aprobación (dos tercios del quórum) y fue remitido al archivo.

La moción de llevar a votación el proyecto fue realizada por el diputado Basilio Núñez (ANR); mientras que al no estar de acuerdo con ello, en el intento de dejar sin quórum la sesión, fue el diputado Hugo Ramírez (ANR) quien anunció que el bloque pro juicio político se iba a retirar.

Autoría intelectual del asesino del Fiscal Marcelo Pecci

Por otra parte, según una información a la que accedió el diario colombiano “El Tiempo”, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci fue ejecutado por orden de la red dedicada al narcotráfico de cocaína, liderada por el “clan Insfrán” a través de Miguel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, y el uruguayo Sebastián Marset, quienes son buscados en el marco del megaoperativo antidrogas “A Ultranza Py”.

El citado medio de comunicación asegura que la información obtenida fue mediante la versión que dio a los investigadores del caso uno de los detenidos, Francisco Luis Correa Galeano, de 43 años, quien se presume es el articulador o “cerebro” del grupo que hizo la logística y finalmente perpetró el asesinato de Pecci.

El medio colombiano menciona que el detonante del asesinato se dio el 22 de abril pasado, cuando se emitió orden de captura contra cinco hermanos del clan Insfrán en el marco del operativo “A Ultranza”, y en la cual había sido detenido, en San Pedro, Conrado Ramon Insfrán Villalba. 

Eco sobre la designación de Cartes como “significativamente corrupto”

Este fin de semana, el diario El Mundo de España publicó una extensa nota periodística sobre Paraguay titulada “Paraguay, epicentro del crimen y el narcotráfico en América Latina”. 

En la nota citan los últimos acontecimientos que sacudieron al país en materia de política y seguridad nacional; entre ellas, la reciente declaración de “significativamente corrupto” que pesa sobre Horacio Cartes.

«La Casa Blanca intervino en los últimos días en la política interna del país con decisiones que tienen la potencia de un misil y que afectan directamente al hombre más poderoso de la nación guaraní, el ex presidente Horacio Cartes. Es como si Biden ya estuviera en Asunción asumiendo el control de la situación», destaca el medio internacional.

Empresas asociadas a HC tomarán medidas tras reunión, aseguran

Por otra parte, el empresario chileno y socio de Horacio Cartes, Andrónico Luksic, junto con una comitiva, realizó una visita al país el pasado sábado 6 de agosto para reunirse con el ex presidente Cartes, su socio empresarial.

Un ejecutivo del grupo empresarial de Luksic dio a conocer una versión oficial sobre las decisiones tomadas, tras la reunión. 

El mismo conversó con el medio DFSUD.com de Chile y explicó que “ante la inquietud causada por la decisión de EE.UU. de declarar inelegible para entrar a ese país a don Horacio Cartes, cuyas empresas han sido socias nuestras en Paraguay desde hace nueve años, se estimó necesario concretar de la manera más rápida posible una reunión con él y con los ejecutivos de las compañías en las que estamos presentes”.

Apuntó además que “en el encuentro se resolvió tomar las medidas pertinentes para abordar este nuevo escenario, cuyos alcances e implicancias serán materia de análisis en los directorios de las respectivas empresas”.

El medio trasandino añade que el abanico de posibilidades de lo que pueda suceder es amplio y dependerá del análisis que hagan los abogados de las implicancias que tiene el caso para las sociedades conjuntas. Se especula que una de las partes podría vender su participación a la otra, u otras alternativas, lo que de todos modos debe pasar la definición de los directorios específicos de cada sociedad.

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