Sonia Tomassone, asesora en Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), se refirió al cobro de peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná impuesto por Argentina y mencionó que en estos momentos continúan las reuniones de la Comisión Nacional de la hidrovía.
Afirmó que sigue avanzando el proceso de designación de árbitros para el arbitraje y que se ha formado una delegación técnica para verificar los trabajos en Argentina.
“Dadas las condiciones políticas que hay en Argentina, como que todo está bastante rezagado, hasta ver qué pasa con el nuevo gobierno, después tenemos que acordarnos que prácticamente se nos acabó el año. O sea, si somos realistas, es muy difícil avanzar en los próximos meses”, dijo.
Insistió en que, a su criterio, el impasse no se solucionará antes de los primeros meses del año que viene, salvo que haya un acercamiento muy importante con la nueva presidencia de Argentina, que permita una solución a nivel político y no técnico.
Recordemos que los candidatos Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en una segunda vuelta por las presidenciales de Argentina el próximo 19 de noviembre y la asunción al cargo está prevista para el 10 de diciembre.
Análisis de navegabilidad del río Paraná
Cabe recordar que, la semana pasada, técnicos de instituciones competentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay continuaron con la revisión de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay hasta el Puerto de Santa Fe, en el marco de la II Reunión de Expertos que tuvo lugar el 31 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.
Según informaron, en la oportunidad se abordaron temas sobre balizamiento, ajustes de trazas y ayudas complementarias a la navegación. El punto de mayor debate fue respecto a las intervenciones que se realizan en el tramo en cuestión.
“En todos los casos analizados se constató que el tiempo que transcurre entre la detección de anomalías en el canal de navegación, el ajuste de traza y su respectiva señalización se realiza en periodos de tiempo en que no resultan eficientes y no son eficaces para garantizar la navegabilidad segura”, mencionan desde la Cancillería.
Los técnicos de la delegación paraguaya calcularon, a partir de la información presentada por Argentina, un promedio de periodicidad de intervenciones que da cuenta de un tiempo de reacción de 150 días para la corrección de trazas, por lo que calificaron que dichas intervenciones no propician condiciones de previsibilidad necesaria para una navegación eficiente.
Afirmaron que, a partir de estos análisis y los debates técnicos realizados, se sigue concluyendo que las intervenciones aún no pueden configurar servicios efectivamente prestados a la navegación.
Añadieron que, como parte de las consultas técnicas, se dio lugar al intercambio de conocimientos actualizados sobre la realidad de la vía navegable y las dificultades encontradas por expertos en navegación de la delegación paraguaya.
Asimismo, se tomó nota de la propuesta argentina de llevar a cabo pruebas de navegación en el tramo en cuestión los días 14, 15 y 16 de noviembre, con la participación de expertos designados por los cinco países.
Es importante detallar que la delegación de Paraguay estuvo compuesta por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos; del Comando de la Armada; y por expertos en sistemas de transporte, batimetrías, hidrología y navegación, integrantes de la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Fallo a favor de la Argentina
Por otra parte, según una publicación del medio El Cronista, la Justicia federal argentina rechazó el pedido realizado por empresas para que se suspenda el cobro de peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el tramo entre Confluencia y Santa Fe.
Esta decisión se da luego de que un fallo de primera instancia rechazara el pedido de suspensión del cobro de peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las razones se encuentran en una falla en el procedimiento de la demanda.
De acuerdo con la publicación, para la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, la petrolera San Antonio y Mercopar “no habían agotado la vía administrativa, requisito que las normas imponen como paso previo al reclamo judicial”.
Dado que, para el Tribunal, el planteo de las firmas era una “clara impugnación” del reglamento del Poder Ejecutivo Nacional 1023/22, debe cumplir con el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 que exige la interposición del reclamo ante la misma autoridad que lo emitió.
