Durante la Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur) de este lunes, llevada adelante en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un total de 18 legisladores asumieron como delegación paraguaya -nueve diputados y nueve senadores-, siendo designado Derlis Maidana como vicepresidente del órgano plurinacional, en tanto que Walter Harms preside la representación de este país.
En la primera sesión ordinaria, la delegación paraguaya dio entrada a un proyecto de declaración sobre el establecimiento unilateral de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, impuesto por la República Argentina.
El documento enfatiza lo dispuesto en el Tratado de Asunción, que dispone la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, mediante la eliminación de los derechos aduaneros, restricciones no arancelarias y cualquier otra medida equivalente.
Además, hace referencia a la medida unilateral adoptada por Argentina, de establecer el cobro de un peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia, en el Río Paraná, sin observancia de la normativa regional que rige la materia; y, más recientemente, a la retención forzosa de dos embarcaciones de banderas boliviana y paraguaya, que transportaban carga brasileña.
En este sentido, el senador Basilio Núñez criticó el cobro unilateral del peaje en el río Paraná y sostuvo que “la hidrovía es el pulmón de Paraguay, ya que el 70% de la producción local sale por ahí”. Cabe mencionar que anteriormente un buque paraguayo fue retenido por Argentina por unos 10 días, hasta que tuvo que pagar el peaje solicitado para poder ser liberado.
Por su parte, el diputado Rubén Rubín señaló que existe una crisis regional por la decisión unilateral de cobrar el peaje en la Hidrovía, por parte de la Argentina. Recalcó que quería dejar en claro “que queremos construir, no destruir” y enumeró las coincidencias con la Argentina, como la gastronomía y otros aspectos.
Asimismo, el legislador remarcó que esperaba escuchar de los representantes argentinos si existía una verdadera contraprestación argentina para cobrar el peaje sobre el río Paraná y que, si así no ocurriera, quedaría nítido que es una ilegalidad.
Acuerdo de Santa Cruz
Dentro de este contexto, la senadora Kattya González recordó la interdicción judicial de dos buques, el pasado 29 de julio, uno de bandera paraguaya y otra boliviana, en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, lo que fue de manera unilateral, en contravención de las disposiciones del tratado de la Hidrovía (Acuerdo de Santa Cruz), y los principios del Mercosur (tratado de Asunción).
Apuntó que ello iba en detrimento del desarrollo, la modernización y la facilitación de condiciones competitivas de los países regionales, basados en resoluciones del Ministerio del Transporte argentino (Resoluciones 625 y 1023, del 2022), entre otras consideraciones, y añadió que es un tema “serio y preocupante y que la Cancillería argentina no pudo justificar servicios efectivamente prestados”.
Alegó también que el ámbito técnico se encontraba agotado, por lo cual la instancia política debe operar, de tal modo a establecer algunos márgenes y reivindicar el orden jurídico internacional.
Especificó que el daño al Paraguay, de manera anual, es de 50 millones de dólares, con las consecuencias que ello acarrea a la economía paraguaya.
Instó, finalmente, a la República Argentina a que se revierte dicho peaje, así como a evitar implementar otras medidas que puedan agravar la situación y “exacerben los ánimos”.
Parlasurianos argentinos
La argentina Lilia Puig mencionó que el artículo 5° del Acuerdo de Santa Cruz establece que no se puede establecer ningún impuesto sin acuerdo previo, que en el artículo 9 se dicta la libertad de tránsito y que la situación ameritaba que las autoridades involucradas sean convocadas al Parlasur, para que el organismo puede ejercer su función contralora y conocer la verdad sobre la situación.
Alejandro Karlem, parlamentario argentino, aseveró a su vez que el peaje en cuestión no es nuevo, ya que está vigente hace diez años. Aseguró que para el “gobierno argentino no es un arancel ni se pone en peligro ningún acuerdo” y que se realizó todo un proceso, incluidas audiencias públicas, para que “rigiera el peaje, de manera normal”.
Recalcó que también es necesario un control más estricto por parte de los gobiernos regionales en temas tales como el contrabando y el narcotráfico por el río.
Afirmó que invitarán al Parlasur al director de Política Naviera de la Argentina, Germán Kahlow, para que ofrezca la información oficial de la Argentina. Justificó que todo lo cobrado es en función de ampliación de red de hidrómetros, balizamientos y renovación de sistemas de monitores, entre otros.
Gastón Harispe, también argentino, fue otro que justificó el peaje. Agregó que la estimación de pérdida de 50 millones de dólares por parte del Paraguay no se compadece con los cobros realizados hasta esta altura del año, pues llegan solo a once millones de dólares. Adujo, además, que pueden ser discutidos los valores actualmente cobrados.
Apoyo de Brasil
Además de otras intervenciones de parlamentarios argentinos y uruguayos, uno que coincidió con la posición paraguaya fue el parlamentario brasileño Pompeo Mattos, quien asumió que el planteamiento paraguayo era “justo” y que si no existía una contraprestación en servicios, el peaje no tenía razón de ser; aunque aclaró que, de probarse la contraprestación, tendría que cobrarse una suma módica.
También intervino el diputado Rodrigo Gamarra, quien hizo alusión a que el pueblo paraguayo ha pagado “caro ver independiente a su bandera” y enumeró las veces que el Paraguay concurrió a asistir a la Argentina, como en la segunda fundación de Buenos Aires (1580) y su apoyo ante invasiones inglesas o el asilo a Juan Domingo Perón y, en el caso uruguayo, el asilo que recibió José Gervasio Artigas. “El Paraguay es humilde, trabajador, estoico… por eso solicitamos a la plenaria ser escuchados”, subrayó.
El diputado Hugo Meza, al hacer uso de la palabra, apuntó que quería socializar un “problema injusto, arbitrario, que representa un enorme perjuicio”, en alusión al mismo tema que motivó a sus colegas a intervenir, de tal modo a que fuera tratado como debate político el cobro del peaje que implementa la Argentina entre la provincia de Santa Fe y las intersecciones de los ríos Paraná y Paraguay.
