El proyecto de Ley “Que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, se encuentra siendo analizado por los senadores, quienes ya adelantaron que probablemente introducirán modificaciones a la propuesta.
El Partido Demócrata Popular (PDP) emitió un comunicado avisando que no acompañará la citada iniciativa, ya que considera que pretende otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, no solo para gestionar préstamos o emisión de bonos por hasta USD 600 millones y para ampliar el presupuesto del 2023.
El citado movimiento político menciona que no es posible otorgar al Poder Ejecutivo facultades que constitucionalmente corresponden al Congreso Nacional, como realizar ampliaciones y adecuaciones presupuestarias, así como la de aprobar la emisión de bonos y los préstamos.
“Las potestades de ampliación presupuestaria planteadas tienen un monto y objeto indefinidos, que se establecerán en el futuro, posterior a la aprobación del proyecto de ley remitido, es decir, un cheque en blanco”, señalan en el comunicado.
Por su parte, la senadora Kattya González, en conversación con la prensa, sostuvo que han detectado que la Ley pretende “pasar por alto atribuciones constitucionales que son exclusiva y excluyente del Senado”.
Menciona que hay un artículo en donde se establece que existe una aprobación implícita de todos los préstamos que se van a realizar por el importe de USD 600 millones.
“El artículo 202 establece que una de las atribuciones que tiene el Congreso es la aprobación de empréstitos. Nosotros no podemos otorgar una licencia general. Entonces, podemos discutir la pertinencia o impertinencia de ese endeudamiento que también es importante saber cómo se va a ejecutar a través de qué fondo se pretende pagar, cómo va a impactar eso”, afirmó.
A criterio del senador Natalicio Chase, lo solicitado por el Ejecutivo debe aprobarse; sino, “va a haber un caos financiero a fin de año en Paraguay”, indicó. Añadió que ha conversado con todos los gremios de la construcción y también con autoridades de Obras Públicas, en donde, según dijo, hay USD 400 millones de deuda que en algunos casos ya tienen más de un año.
“Eso está generando un problema gravísimo entre este sector de la economía en donde todos están recategorizados en los bancos y eso les impide tener la renovación de sus créditos, lo mismo pasa en el sector de la farmaceútica. Yo creo que debe ser aprobado, vamos a tener un análisis más profundo entre hoy y mañana”, adelantó.
Es importante señalar que el citado proyecto no figura en el orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores prevista para este miércoles.
Paraguay y el FMI abordaron agenda de crecimiento sostenible y reformas
Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, mantuvo este lunes una reunión bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Según informaron desde la cartera económica, durante este encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el secretario de Estado y la más alta autoridad del Fondo dialogaron sobre la marcha de la economía paraguaya y sus perspectivas, así como también sobre la agenda de crecimiento sostenible (Paraguay Verde).
Además, conversaron sobre las políticas de reformas que están siendo impulsadas por la actual Administración de Gobierno, en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI, por sus siglas en inglés).
Recordemos que las políticas de reformas del PCI tienen tres pilares fundamentales: por un lado, asegurar la estabilidad y resiliencia macroeconómica mediante medidas destinadas a fortalecer los colchones fiscales y garantizar la sostenibilidad fiscal a futuro, mientras se continúa implementando una política monetaria prospectiva y basada en datos.
También, aumentar la productividad y promover el crecimiento económico, impulsando reformas estructurales que mejoren la eficacia del gobierno, modernicen el sector público y mejoren el clima de negocios, y mejorar la protección social y la inclusión mediante una mayor cobertura y eficiencia de los programas de asistencia social del país, y la aplicación de reformas que incorporen a los trabajadores informales a la economía formal.
Movilización en Nanawa
Por otra parte, esta mañana, comerciantes de la ciudad fronteriza de Nanawa se manifestaron en el Puente Remanso para exigir formalización y mayor flexibilidad para el comercio en la zona.
Como medida de fuerza, los trabajadores realizaron el cierre intermitente del puente. Esto se da tras los controles que está llevando adelante el nuevo Gobierno en busca de reducir el contrabando y que habría afectado de gran manera las facturaciones de los comerciantes de la citada zona.
Sobre este punto, el senador Eduardo Nakayma comentó que no se “debe criminalizar a las familias que buscan ahorrar yendo a comprar a Clorinda, Posadas, o en ciudades fronterizas; esa es la válvula que regula la inflación y permite sobrevivir a cientos de miles de paraguayos”, afirmó.
El legislador cree que el comercio fronterizo está ayudando para el control de la inflación registrada en Paraguay.
ARP apoya medidas contra el contrabando en Nanawa
En un comunicado, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su respaldo decidido a las medidas implementadas por el Gobierno en la zona de Nanawa, en el marco de la lucha contra el contrabando.
“Reconocemos la importancia de estas acciones para la promoción de una economía formal y la construcción de un Paraguay más justo y próspero”, resaltan.
En este contexto, el gremio enfatiza su firme convicción de que la única vía para alcanzar la formalización y el desarrollo sostenible de nuestro país es a través del estricto cumplimiento de las leyes locales y los regímenes vigentes que rigen la importación legal de productos.
La ARP señala que la ciudadanía debe comprender que el comercio ilícito, aunque parezca proporcionar un beneficio a corto plazo, pone en riesgo el funcionamiento de todas las instituciones estatales, y limita las inversiones en servicios públicos esenciales como salud y educación.
“La informalidad socava nuestra capacidad como nación para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables y para fomentar el crecimiento de nuestros emprendimientos locales, que son los motores de nuestra economía”, resaltan.
“Cumplimiento de la Ley no se puede negociar”
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) también se pronunció respecto a este tema, asegurando que el cumplimiento de la ley no se puede negociar.
«No es posible edificar una sociedad más justa y equilibrada al debilitar controles bajo la justificación de la asistencia social. Este enfoque solo conduce a la degradación laboral, la disminución de la recaudación, y obliga a muchos a operar en la sombra de la ilegalidad», refieren los industriales.
No obstante, manifiestan que entienden que las transformaciones son complejas, pero esenciales. En este sentido, apoyan los trabajos de las instituciones competentes que alientan a pensar en una proactiva gestión que buscará los mecanismos requeridos para iniciar el proceso de formalización de la economía paraguaya, «que es la única herramienta que nos permitirá como país construir un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo», agregó la nucleación, en un comunicado.
La UIP aboga por que estos controles sean el puntapié inicial de un proceso de diálogo entre las instituciones nacionales, municipales y afectados para establecer un sistema de trabajo, donde la formalización y la protección del comercio legal sean los principales promotores de la generación de empleo y bienestar, no solo para los pobladores, sino para toda la zona de influencia.
Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Oscar Orué, a través de sus redes sociales informó que recibió al intendente Claudio Samaniego y concejales de la ciudad de Nanawa. Detalló que han acordado una mesa de trabajo para llegar a una formalización total de los comerciantes.
