El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, aclaró que pese a la posición de los contadores, el decreto salió con base en un acuerdo con el sector privado, entre los que se encuentran la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).
“Ellos aceptaron estas condiciones, nosotros hemos hecho ya una webinar sobre cómo tienen que imputar y cómo tienen que hacer el trabajo para la deducibilidad del 30%, y es mentira que el sistema no está preparado para eso, ya que tiene la posibilidad, es importante que la gente sepa eso”, expresó.
Añadió que se trata más bien de una cuestión de puntos de vista diferentes que se respetan en una democracia. Con respecto a que implicaría un sobrecosto al tratarse de un mayor trabajo, Orué explicó que dependerá de cada contador sobre cómo trabaja, pero desde la SET ya señalaron cómo debe hacerse este trabajo de deducibilidad.
Aclaró que el decreto beneficia a los contribuyentes del IVA, tanto prestadores de servicios como profesionales independientes. “El hecho de que no estén de acuerdo es otra cosa, pero en ninguno de todos los países todos están de acuerdo con pagar impuestos, eso es normal”, alegó.
En el caso de una ratificación desde el Legislativo en su postura de deducibilidad de 100% para el IVA, Orué dijo que deja en manos de los políticos, que eso no traerá beneficios a la mayoría de la ciudadanía y sobre todo afectará al sector asalariado que apenas llega a fin de mes. “Creo que tenemos que ser honestos y analizar la coyuntura en términos generales”, destacó.
Intenciones contrapuestas
Con respecto al Presupuesto General de la Nación para el siguiente año, Orué manifestó que lo que más le llama la atención como viceministro es que hoy se está hablando de aumentos de gastos rígidos mientras se discuten disminuciones de ingresos tributarios a través de la deducibilidad del 100% del IVA, por ejemplo. Según él, esto podría tener un impacto de USD 100 millones, de aprobarse.
“Es por ello que el Ejecutivo miró la situación y trató de aplicar una normativa que sea justa y equitativa y permita al Estado tener los recursos suficientes para hacer frente a todas la necesidades”, sostuvo, y pidió responsabilidad a los legisladores con las finanzas públicas porque la construcción de la imagen país incluye un montón de situaciones y eventos como estos.
Señaló que el presupuesto es un instrumento que establece los ingresos, el financiamiento y los gastos, por lo tanto, se debe ser responsable con relación a ello, de tal manera que no exista un desequilibrio que perjudique al país. “Si el déficit ya existe hoy por consecuencia de la pandemia, acrecentar ese déficit va a traer un perjuicio muy grande al país”, puntualizó.
Llamado a la cordura
Por su parte, la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Viviana Casco, manifestó que su cartera ya había trabajado con Hacienda, por lo que no pidió ampliación presupuestaria. “Presentamos nuestra propuesta con un costo cero, por eso no hicimos lobby en el Congreso”, expresó.
Aclaró que siempre, en el tratamiento del Presupuesto, lo ideal sería que se respete el marco que se trabajó con Hacienda. Dijo que ya cuentan con el presupuesto para las inversiones que pretenden hacer el próximo año, entre los que se encuentra una obra para la Costanera de Asunción.
Sobre las modificaciones al Presupuesto que se realizó en Diputados, recalcó que siempre es complicado modificar el plan de gastos y dar prioridad a los gastos rígidos. “Tenemos que gastar mejor, y ese es un desafío. Es importante también trabajar en una política salarial del sector público que traerá de la mano la carrera en la función pública”, manifestó.
