El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, con modificaciones, el proyecto de ley “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”.
El proyecto de ley, proveniente con media sanción de la Cámara de Senadores, sufrió modificaciones, tras un amplio debate en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados.
El documento, que contiene más de 200 artículos, fue remitido nuevamente al Senado para una nueva consideración.
La diputada Cristina Villalba (ANR), presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN), se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.
En esencia, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
La diputada Villalba explicó que el entre asesor a su cargo produjo un dictamen recomendando la modificación de los siguientes artículos: 4; 9; 53; 62; 64; 80; 112; 113; 122; 127; 129; 144; 186 y 190.
Aclaró, sin embargo, que la mayoría de las modificaciones son de forma, “a los efectos de realizar precisiones terminológicas apropiadas para facilitar la labor interpretativa de la ley en favor de los operadores y destinatarios”, añadió.
No obstante, precisó que el ente asesor propuso modificaciones tendientes a mejorar, sustancialmente, el proyecto de ley.
Como ejemplo, citó el artículo 4, en donde se incluyó el deber de registrar la geolocalización de los bienes de dominio público y privado, no solamente del Estado sino también de las municipalidades.
Además, dijo que se modificó el artículo 112, inciso “d”, para ajustarlo a la práctica registral actual, “dejando claramente establecido que el Registro debe controlar que los certificados exigidos, previos al otorgamiento de la escritura pública, sean mencionados en la misma, sin que se le exija al profesional notarial ni al ciudadano volver a presentar ante el Registro”, mencionó.
Asimismo, a los efectos de coadyuvar la labor notarial, se estableció un plazo superior de 35 días hábiles para la subsanación de las observaciones realizadas por el Registro y se exonera expresamente del pago de tasas a las escrituras complementarias que reingresen en dicho plazo.
Respecto de la habilitación y competencia para realizar servicios de agrimensura, manifestó que se introdujeron modificaciones tendientes a asegurar que estén habilitados al efecto, los profesionales con capacidades técnicas a saber: los ingenieros en ciencias geográficas y agronómicas.
Así también, expuso ante la plenaria que se exoneró el pago de nuevas tasas a los trámites iniciados antes de la vigencia de este documento y no culminados en el plazo de caducidad indicado en el artículo 186 del proyecto.
Es decir, los interesados podrán reiniciar sus trámites sin costo nuevo a partir de las modificaciones introducidas.
El proyecto fue aprobado en general, tras manifestaciones a favor de los diputados Hugo Meza (ANR-), como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado; Rocío Abed (ANR), como presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; entre otros legisladores.
Igualmente, los diputados Mauricio Espínola (ANR), Johanna Ortega (PPS), Raúl Benítez (PEN), entre otros, manifestaron su desacuerdo con la iniciativa.
