Desde hace algunos años que la minería de criptoactivos viene cobrando relevancia dentro del mercado nacional, creando opiniones tanto en contra como a favor de este nuevo mercado.
Las primeras noticias sobre criptominería en Paraguay llegaron en 2019, cuando empresas vinculadas con políticos locales de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, fueron descubiertas robando electricidad para generar Bitcoin.
Tanto fue el auge de este mercado de minerías digitales en el país, que en diciembre del 2021, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley presentado por tres legisladores, que pretendía regular las actividades relacionadas con estos activos digitales en el país.
A raíz de la presentación de este proyecto de normativa, surgieron diversos debates acerca de su viabilidad para operar dentro del mercado paraguayo. Además, aparecieron cuestionamientos acerca de las reglamentaciones, la cantidad de energía que consume, los entes reguladores, entre otros puntos.
Luego de amplias discusiones, en agosto del 2022, el Poder Ejecutivo vetó la ley que buscaba reconocer la minería de criptomonedas como una actividad industrial y, en consecuencia, establecer un porcentaje para fijar la tarifa de consumo, entre otras disposiciones referidas a la comercialización, custodia y administración.
Si bien esta normativa ya fue encajonada por la Cámara Baja, específicamente en diciembre del 2022, abrió un ciclo de diálogos a favor y en contra de este nuevo modelo económico, que convocó a representantes del Estado, la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para conocer las diversas posiciones al respecto.
Consumo de energía y excedente
Pero ¿por qué fue vetado y criticado este proyecto?
En primer lugar, es importante destacar que Paraguay se ha convertido en un destino atractivo para los inversionistas de los criptoactivos que ven la abundancia de la energía local, sumado a su bajo costo, algo que hace irresistible a la nación para este tipo de inversiones.
Principalmente, la disputa de aceptar o no esta legislación giró en torno a la energía, el consumo total de estas empresas de Bitcoin y el arancel que abonarían a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Específicamente, Ande clasificó a la minería como actividad de consumo electrointensivo (y no industrial, como estaba señalada en el proyecto presentado), pues considera que no genera valor agregado sino que constituye la prestación de un servicio de validación de transacciones.
Asimismo, desde la Ande manifestaron que los planes de tarifas aplicables dentro del marco de la ley no cubrirían los costos de explotación y márgenes establecidos en leyes ya vigentes.
Por un lado, Christine Folch, investigadora en temas energéticos, en cuanto a las oportunidades y amenazas en materia energética de la minería de criptomonedas en Paraguay, había manifestado la necesidad de plantear el actual excedente de energía de manera estratégica para acelerar el desarrollo del país.
“En años de lluvia normal, la mitad paraguaya de Itaipú puede abastecer al Paraguay tres veces, esto es único en el mundo. Paraguay tiene un superávit energético que hoy exporta o cede a sus vecinos y esa oportunidad disminuye porque la demanda paraguaya de energía está creciendo cada año”, explicó la investigadora, durante un diálogo con representantes del Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado.
Desde esa perspectiva, Christine cree que la decisión de en qué utilizar el excedente energético es clave. En relación al Bitcoin, cree que se debe considerar a los activos digitales como una actividad extractiva, y que el Estado debe aprender de numerosos ejemplos en el mundo donde países en desarrollo usaron modelos extractivos para su beneficio.
”Un ejemplo que deberíamos considerar es Botsuana, un país mediterráneo de África, que en 1966 tenía un PIB per cápita menos de la mitad que Paraguay, y hoy en día tiene más alto que Paraguay, usando su riqueza de diamantes de una manera estratégica para invertir los recursos de diamantes en un Plan Nacional de Desarrollo que priorizó la inversión en infraestructura, educación, salud y empleo. Lo que sugerimos es que hay que mirar a esos ejemplos para pensar cómo amortiguar los problemas”, recalcó Folch.
Por su parte, Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía, coincidió con Folch en cuanto a la necesidad de pensar estratégicamente cómo utilizar la energía eléctrica excedente que produce el país. Sin embargo, señaló que la criptominería ve al excedente de energía como una oportunidad para utilizar desmedidamente el consumo y con una tarifa más baja que el resto de usuarios de energía en todo el país.
“En este momento tenemos en Villarrica un precio subsidiado que ni siquiera cubre el costo de producción de la energía de Itaipú. Entonces, todo el resto de los usuarios de la Ande que no somos de Villarrica estamos pagando ese subsidio en nuestra tarifa de luz o en peor calidad de servicio”, expuso.
Prosiguiendo el análisis sobre qué hacer con la energía excedente, Gerardo Blanco, consejero de Itaipú, consideró que la energía eléctrica adquiere valor cuando se transforma en una necesidad humana satisfecha, y puso en cuestión si la criptominería reúne ese criterio como para beneficiarse con la energía excedente del país.
Consumo industrial
Fernando Arriola, jefe de la división de blockchain de la Cámara Paraguaya de Fintech, explicó por su parte el contexto del negocio de los criptoactivos en Paraguay.
Comentó que son unas 90 empresas que desde hace 7 años han invertido en conjunto más de USD 400 millones y han generado 1.400 empleos. “Desde nuestro punto de vista, es muy complejo que nos indiquen que lo que estamos haciendo es negativo”, exclamó.
Además, agregó que la minería digital no es un problema en países como Brasil, Argentina, Perú o Chile, porque “ya es considerada una actividad industrial”, sin necesidad de regulación especial.
“El problema de Paraguay es que hay un grupo que está limitando el consumo de energía y otro grupo que está indicando que nosotros debemos pagar más. Y en ese sentido es importante que sepan que el 90% de nosotros pagamos la misma tarifa que el resto del país”, manifestó Arriola.
Por último, Luis Benítez, integrante de la Asociación Paraguaya de Blockchain, sostuvo que el reto radica en que la tecnología de blockchain tiene, además, implicancias en el modelo de las sociedades y los Estados.
“Hoy por hoy, con los diferentes proyectos de cripto que hay en el mundo, se están empezando a experimentar cuestiones como las organizaciones autónomas descentralizadas, que parecen ciencia ficción, porque ya no son una sociedad anónima con presidente o gerente, y eso tiene implicancias filosóficas y políticas muy grandes en el sentido de que eventualmente pueden llegar a transformar al Estado”, expresó.
Asimismo, Benítez resaltó la implicancia de esta tecnología como algo profundo, brutal y disruptivo hasta para el Estado mismo, en donde puntualizó que este tema no se habló en ninguna de las audiencias públicas del proyecto de ley.
Instan a continuar el debate
Si bien el consumo energético fue el principal punto que el Ejecutivo y la Cámara Baja destacaron para rechazar este proyecto legislativo, existen otros factores e instituciones que influyeron en esta decisión.
El Banco Central del Paraguay remarcó que los criptoactivos no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo. También alertó sobre la posibilidad del blanqueo y el terrorismo.
Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio subrayó que la política pública debe orientar sus esfuerzos a garantizar que el acceso a la energía esté disponible para todos los paraguayos, además de que se apunta a impulsar proyectos de inversiones que ofrezcan empleos.
Si bien la ley ya fue encajonada por la Cámara de Diputados, desde las distintas instituciones y organizaciones coincidieron en que es necesario seguir analizando la complejidad de este mercado, como así también seguir estudiando un marco regulatorio para que la criptominería sea desarrollada de una manera ética y sustentable.
Desde la Cámara Paraguaya de Fintech se anunció que presentarán ante el Congreso un nuevo proyecto legislativo que busca enmarcar al ecosistema. Según Fernando Arriola, el lobby está previsto para este marzo, a la vuelta del receso parlamentario.
