En la última medición del Índice de Libertad Económica, Paraguay logró una mejora de 1.2 puntos y recibió una calificación de 63 puntos. De esta manera, nuestra economía se encuentra en el puesto 80 del ránking mundial – compuesto por un total de 180 países – y en el lugar número 15 entre los 32 países analizados en las Américas, según el reporte de la Fundación Heritage.
El argumento de este avance en el perfil de Paraguay consiste en el mejor control del gasto gubernamental, explica Heritage. Sin embargo, este informe contempla la situación del Fisco previo al estallido de la pandemia de COVID-19: menciona un gasto público que se situó en 19,5% del producto interno bruto (PIB) en los últimos tres años, un déficit fiscal promedio de 0,8% del PIB y una deuda pública equivalente al 21,6% del PIB.
Hoy, el déficit fiscal (más gastos que ingresos en las cuentas del Estado) ya llega a 2,8% del PIB y se espera que cierre el año en torno al 7%. Por su parte, la deuda pública trepó a 30,7% al cierre del primer semestre del 2020, y se prevé que para diciembre próximo alcance el nivel de 33,3% y de 34,2%, en el 2021 – según proyecciones del sector privado –. Esto último, debido a los mayores gastos que se deben realizar para enfrentar los efectos económicos de la emergencia sanitaria.
“El gobierno quiere efectuar reformas estructurales de impuestos y pensiones que impulsarán la confianza empresarial y las inversiones, pero los sindicatos y la oposición de izquierda se oponen a estas propuestas. La economía paraguaya ha sido moderadamente libre por más de una década. El crecimiento del PIB de los últimos cinco años ha sido sólido, a pesar de haber sido afectado por el crecimiento más lento en la región”, relata el informe de Heritage.
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Entre los indicadores de Libertad Económica, Paraguay obtuvo las mejores puntuaciones en salud fiscal (98), carga fiscal (96.1), gasto de gobierno (88.6), libertad de comercio (75.4), libertad de inversión (75) y libertad monetaria (72.5).
Resultados menos alentadores se observaron en libertad para hacer negocios (60.9), libertad financiera (60) y derechos de propiedad (44.7). Las calificaciones más bajas se asignaron a la integridad gubernamental (29.6), la libertad laboral (29) y la eficiencia de la justicia (26.4).
Exposición al crimen organizado. Entre los principales problemas que aquejan a nuestro país, la Fundación Heritage advierte que el Gobierno se encuentra bajo presión para ejecutar acciones “duras” contra el creciente poder de las células del narcotráfico de Paraguay y Brasil, así como para implementar la legislación anti-lavado de dinero.
“A pesar de los esfuerzos del Gobierno, Paraguay se mantiene como un significativo centro de lavado de dinero internacional y contrabando ilícito. Los problemas persistentes en todas las áreas relacionadas con el estado de derecho son los principales responsables del fracaso de largo plazo para avanzar en libertad económica”, asevera la institución.
Heritage reitera, además, que la corrupción es un “serio problema” en el país y que las leyes anti-corrupción han sido implementadas “pobremente”. “La justicia es nominalmente independiente, pero el lavado de dinero, tráfico de drogas y otras operaciones criminales, particularmente en las regiones adyacentes al Brasil, a veces intimidan a los jueces”, advierte.
También, reconoce que la falta de un eficiente registro frecuentemente torna dificultosa la adquisición de títulos de propiedad, lo que genera inseguridades en los derechos y contratos.
Espacios para la informalidad. En cuanto a la eficiencia de las regulaciones, el organismo internacional sostiene que el lento avance en las reformas estructurales ha afectado de manera adversa al emprendedurismo.
Explica que las dificultades para despedir a trabajadores de tiempo completo que cuentan con antigüedad llevan a que se contraten trabajadores temporales, cuyos contratos son periódicamente renovados; Heritage señala que este es un indicador de un sector informal de tamaño “descomunal”.
Finalmente, sostiene que la mayoría de los sectores están abiertos para la inversión privada y que el tratamiento equitativo para la inversión extranjera está formalmente garantizada; pero, en general, el régimen de inversiones carece de eficiencia.
“El nivel de servicios financieros e intermediación ha mejorado gradualmente”, concluye.
