El proceso de consolidación macroeconómica que ha tenido nuestro país en las últimas dos décadas es indubitable y ha sido posible gracias a dos componentes fundamentales: el ordenamiento monetario y la responsabilidad con que han sido manejadas las cuentas fiscales de un tiempo a esta parte, aunque estas últimas se vieron seriamente afectadas durante el periodo de la pandemia.
La política monetaria parece no tener mayores sobresaltos por el momento, sin embargo, el Gobierno viene arrastrando un déficit fiscal del cual no logra salir, con gastos rígidos que se han convertido en un lastre que resta chances de generar inversiones desde el sector público. Un componente importante de dichos gastos rígidos es el de los salarios a funcionarios.
Según cifras del Ministerio de Hacienda, de cada 100 guaraníes que el fisco percibe en concepto de tributos, 67 son destinados a financiar servicios personales del sector público. En promedio, para el periodo comprendido entre el 2013 y el 2022, el 71% de los ingresos tributarios han sido utilizados para pagar salarios.
Se torna preocupante la manera en que el pago de salarios crece más rápido que los ingresos genuinos del Estado. Al cierre del quinto mes de este año, en términos interanuales, el gasto en servicios personales del sector público creció un 9,6%, mientras que los ingresos tributarios crecieron 1,5% solamente.
El déficit fiscal llegó en mayo al 1,3% del producto interno bruto (PIB), pero desde Hacienda todavía dicen que se cerrará el año con un desbalance del 2,3%. En este contexto, agentes del sector privado recalcan la necesidad de una reforma definitiva para el servicio civil, que pueda erradicar de una vez y por todas las asignaciones discrecionales en salarios y bonificaciones.
La prebenda es un flagelo histórico para el Paraguay. No existe una sola generación en nuestro país que no haya sido testigo de la utilización de influencias para que políticos y burócratas de turno asignen a familiares y amigos en cargos del Estado, en ocasiones hasta sin una función específica. Los operadores políticos con sueldo del fisco ya son hasta un cliché.
Ya durante el 2020, transcurridos dos años del inicio de su mandato, el gobierno del saliente presidente Mario Abdo Benítez intentó articular la tan mentada reforma del servicio civil con el entonces ministro de Hacienda, Benigno López. Sin embargo, con el paso del tiempo todo quedó en un proyecto que, por lo menos hasta la fecha, no logró prosperar en el Congreso de la Nación.
Al margen, otras reformas como la tributaria y la de infraestructura tuvieron avances, pero la del servicio civil quedó en los papeles, como la reforma pendiente. De hecho, sobre la última parte del saliente gobierno volvieron las viejas prácticas y no faltaron las denuncias de prebendarismo con operadores políticos durante la campaña electoral. De hecho, se realizaron importantes recortes presupuestarios a Salud y al Ministerio de Obras Públicas en lo que respecta a inversiones, mientras los salarios se siguieron asignando de manera discrecional.
Desde su Observatorio del Gasto Público, la organización sin fines de lucro Desarrollo en Democracia (Dende), que nuclea a referentes del sector privado en el país, viene apuntando la necesidad imperiosa de una reforma en el servicio público, especialmente con respecto a la discrecionalidad de las asignaciones, que son el principal problema.
Según cifras publicadas por el observatorio, la administración central emplea a más de 266.000 personas (al cierre del 2022), lo que representa un 7% de la fuerza de trabajo del país. Así, se ha duplicado la cantidad de funcionarios públicos en el país durante los últimos veinte años.
En el 2017, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los empleados del Estado representaban el 3,10% de la población total, ubicándose por encima de países similares como Guatemala (1,4%), Honduras (1,5%), El Salvador (2,1%) y Colombia (2,2%).
Otra cifra que destaca el observatorio de Dende es que el gasto presupuestado en nómina para funcionarios en el año 2000 fue de G 2.464 mil millones, mientras que su valor ejecutado fue de G. 2.401 mil millones, incrementándose luego a G. 19.998 mil millones para el 2022, y denotando así un incremento del 733% entre ambos valores ejecutados. Por su parte, el porcentaje de ejecución registró un promedio de 96,5% para el periodo de años evaluado.
De esta manera, la reforma del servicio civil se vuelve cada vez más necesaria y no se trata de una cuestión puramente económica, como se ha expuesto anteriormente, sino también política y social.
La mencionada discrecionalidad de las asignaciones ha convertido en víctimas a una parte del propio funcionariado público, que ve que por más esfuerzo y responsabilidad que imprima a su trabajo, los aumentos y estímulos son solamente para operadores políticos. Al no existir una matriz clara para ascensos, en muchas ocasiones se genera un estado de injusticia para un sector de los trabajadores públicos.
Por otra parte, en términos político-sociales, se puede notar en la población en general un hastío cada vez mayor hacia los privilegios que se ven en el sector público. Esto tiene implicancias en varias cuestiones, como la mayor carga de posibilidad hacia un estallido social y la dificultad de establecer nuevos impuestos a la vista de la mala administración que han tenido históricamente los recursos generados por esta vía.
Caer en la necesidad de financiar salarios con deuda del gobierno sería el camino hacia el vacío. A las puertas del inicio de un nuevo Gobierno, que incluso ya ha anunciado parte importante de su gabinete, queda por verse si esta administración, del mismo signo político que la anterior, será capaz de erradicar este histórico problema para que la reforma sea una realidad, y deje de estar pendiente.
