Luego del planteamiento de unificar el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS), realizado a principios de mes, el Círculo Paraguayo de Médicos expresó su postura en contra de ello argumentando la inconstitucionalidad y problemas financieros.
Posteriormente, la ministra de Salud Maria Teresa Barán aclaró, en una entrevista televisiva, que dicho proyecto no consiste en una fusión entre ambas instituciones, sino que más bien en una cooperación entre ellas en cuanto a los servicios.
Asimismo, aseguró que una fusión como tal no se podría dar ya que el IPS posee una carta orgánica independiente, pero las alianzas se dan desde hace más de veinte años.
En este sentido, agregó que consiste en garantizar el acceso a la salud de más paraguayos, principalmente en ciudades del interior del país, que presentan mayores dificultades.
Como ejemplo citó el caso de la ciudad de Ayolas, en donde se aplica que el asegurado y no asegurado acceden al servicio en un solo hospital y así se optimizan los recursos humanos.
“Este convenio se da más en el interior del país porque dada la situación en que Salud Pública tiene un cirujano y el IPS, no. Lo mismo pasa con los equipos”, argumentó.
Tras una reunión con el presidente de la República Santiago Peña, la ministra Barán comentó en conferencia de prensa que las instrucciones fueron muy precisas en trabajar en forma articulada con el IPS en lo que respecta a los servicios de salud. Detalló que el objetivo más importante es lograr que la población paraguaya acceda a los servicios de salud.
Por su parte, el presidente del IPS, Jorge Brítez, demostró su apoyo tras esta reunión bajo una clara instrucción de fortalecer el sistema de salud. “Yo creo que están dadas las condiciones para que así sea, tanto el Ministerio de Salud como el IPS, para colaborar mutuamente entre sí para mejorar la salud de todos los ciudadanos”, aseveró.
En cuanto al caso de una posible fusión entre ambas instituciones, el Círculo de Médicos explicó cuáles serían los principales obstáculos para llevar a cabo dicho proyecto.
En primer lugar se habla de una complejidad jurídica, financiera y operativa que conlleva un proyecto como tal, en el que se encuentran involucradas una institución sustentada en patrimonio privado de los aportantes (IPS) y otra donde se administran netamente fondos públicos.
Las limitaciones que el gremio identifica de manera general consisten en estas cuestiones:
Jurídicas: La eventual fusión de cualquiera de estos subsistemas o la absorción de un subsistema por otro, como parece proponer la futura ministra de Salud Pública, requerirían la modificación de la norma constitucional, la reforma de la Ley N° 1032/96, y la adecuación de todo el marco jurídico positivo de cada subsector.
Financieras: La autoridad sanitaria nacional debe entender que el Seguro Social de salud administrado por el IPS no es un programa de salud pública del Estado tanto por los sujetos protegidos (trabajadores dependientes), como fundamentalmente por la fuente de financiamiento específica del IPS (aportes obrero – patronales), jurídicamente diferente a los recursos de la salud pública (impuestos).
Operativas: La superposición geográfica de capacidades y la simultaneidad de funciones, problemas reales e innegables que afectan la calidad del gasto en salud, deben resolverse en el marco jurídico vigente mediante alianzas estratégicas entre los Subsectores del Sistema Nacional de Salud, formuladas con inteligencia y patriotismo, nunca apelando a improvisaciones que, aparte de debilitar la Institucionalidad del Sistema Nacional de Salud contribuirán a deteriorar aún más la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Asimismo indica que si bien las condiciones sanitarias del país requieren una urgente atención por parte del gobierno, recurrir a posibles soluciones proyectando la utilización de fondos ajenos al tesoro, provenientes del aporte realizado por largos años por trabajadores del país, se constituye en una idea injusta e ilegal.
Servicios
En el mismo comunicado del CPM, el gremio indicó que otro sería el escenario si la referida «fusión” se orienta prioritariamente a una colaboración interinstitucional en servicios de salud, donde se respeten y protejan los fondos pertenecientes, por derecho, a los aportantes, lo que daría pie a una efectiva colaboración, ya que según la ministra se basa justamente en ello.
En este mismo sentido, desaprueba el «proyecto de Ley que reglamenta el rol supervisor del Estado», que pretende, entre otros fines, dotar de competencias legales a órganos o entes distintos a los de IPS, para disponer de los fondos jubilatorios propiedad de los aportantes.
Superintendencia de jubilaciones
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay alertó a los asegurados en general, y en especial a sus adherentes, y se mantiene en asamblea permanente ante la próxima convocatoria a una Gran Marcha en contra de la creación de una superintendencia que regule las jubilaciones.
