A inicios del mes de julio el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores el proyecto de Ley que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro bajo el programa «Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS)» del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En diciembre del 2023, el Directorio Ejecutivo del FMI, a pedido del Gobierno Nacional, aprobó la inclusión del Paraguay al programa SRS, convirtiéndose así en el primer país sudamericano en obtener acceso al citado producto.
Cabe explicar que el SRS es un programa que ofrece financiamiento asequible a largo plazo, a países que lleven a cabo reformas para preservar la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo sentar las bases para un crecimiento sostenido y de calidad.
El límite de acceso acumulativo general se fija en el 150% de la cuota de cada país miembro del FMI o DEG 1.000 millones, el que sea menor, es decir, el programa otorga a Paraguay la posibilidad de acceder a recursos financieros bajo el SRS por un monto total del 150% de su cuota, equivalente a una línea de financiamiento de hasta DEG 302.100.000.
Según explica el Ejecutivo en su proyecto, estos recursos serán destinados a financiar los requerimientos del Presupuesto General de la Nación de los respectivos Ejercicios Fiscales, referentes a gastos de capital y aquellos previstos en el artículo 40 de la Ley N°1535/1999, “De Administración Financiera del Estado”.
De acuerdo al documento enviado al Congreso, la mayor parte del financiamiento del FMI se paga en cuotas y está vinculado al progreso de la reforma. Cada medida está conectada a un desembolso del SRS, en un porcentaje de la cuota o su equivalente en el tipo de moneda adoptada en la fecha de su conversión.
“Una medida de reforma puede consistir en una medida o acción de política única o en un conjunto de medidas o acciones estrechamente relacionadas que constituyan una única reforma. En los casos en que una medida incluya varias medidas o acciones, el desembolso correspondiente solo se activará una vez que todas las medidas se hayan cumplido”, detalla el Ejecutivo en su proyecto.
Teniendo en cuenta este requisito, en el proyecto el Gobierno Nacional detalla cada una de las medidas de reforma que tiene intención de implementar para alcanzar los objetivos del SRS, las que serán revisadas periódicamente por el Directorio Ejecutivo del FMI, para evaluar la implementación del programa, es decir, si las medidas o acciones que están siendo llevadas a cabo van por buen camino o si es necesario ajustarlas a la luz de nuevos acontecimientos.
Según refieren, la duración del SRS es de dos años, pero vence cuando se hayan desembolsado al Paraguay la totalidad de los recursos financieros que proporciona el FMI al Paraguay, es decir, los DEG 302.100.000.
ESTÁS SON LAS 13 MEDIDAS DE REFORMAS QUE PLANEA IMPLEMENTAR PARAGUAY
El primero hace referencia al enfoque de gestión de la inversión pública orientado hacia proyectos que sean económica y ambientalmente sostenibles. En este sentido, el Ejecutivo, a través del MEF, establecerá las disposiciones complementarias al Decreto N° 4436/20, con el objetivo de incorporar aspectos climáticos en cada etapa del desarrollo de proyectos de inversión pública (valoración, selección, auditoría externa, etc.) siguiendo las recomendaciones de la asistencia técnica del FMI.
El siguiente es respecto a la taxonomía verde. Sobre esto explica que el MEF y BCP desarrollarán una taxonomía verde alineada con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de Paraguay, que permita identificar y clasificar claramente actividades económicas ambientalmente sostenibles de manera a facilitar la movilización de recursos financieros nacionales e internacionales en apoyo a los esfuerzos de adaptación y mitigación al cambio climático.
Luego, la incorporación de riesgos relacionados con el clima en el marco de evaluación de riesgos del sector financiero. En este punto, el BCP: (i) establecerá requisitos de información y un repositorio de datos sobre los riesgos financieros importantes relacionados con el clima de los bancos; (ii) adoptará un marco de trabajo para monitorear y evaluar los riesgos financieros relacionados al clima para la banca; y (iii) emitirá guías de supervisión para los bancos para que incorporen riesgos relacionados al clima a sus marcos de gestión de riesgos, junto con plazos para adoptar las guías.
La otra reforma planteada se refiere a la de energía renovable no convencional . En este punto, el Ejecutivo, a través del Viceministerio de Minas y Energía, establecerá las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 6977/2023, “Que Regula el Fomento, Generación, Producción, Desarrollo y la Utilización de Energía Eléctrica a partir de Fuentes de Energías Renovables no Convencionales no Hidráulicas”.
Estos deberán contemplar: (1) la especificación/racionalización de incentivos económicos; (2) aspectos técnicos (ejemplos, requisitos para conectarse al Sistema Nacional de Interconexión, criterios detallados para las licencias, y condiciones que permitirían el desarrollo efectivo de energías renovables no hidro no convencionales a través de todos los actores definidos (generador, cogenerador, auto-generadores, y exportadores).
Entre las medidas a ser implementadas, el Ejecutivo plantea una auditoría independiente para Ande, estudio técnico para establecer costos eficientes. En este sentido menciona que la empresa estatal publicará una auditoría externa y estudio de valores de referencia internacionales para sus costos en distintos segmentos de sus operaciones y parámetros de eficiencia a través de una firma internacional de reconocida trayectoria en ese ámbito.
También el Ejecutivo llevará adelante la eficiencia energética, a través el Ministerio de Obras/Viceministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Industria y Comercio, para ello estás entidades dictarán los lineamientos y estándares de eficiencia energética para los tres electrodomésticos que representen los más grandes porcentajes de consumo de electricidad doméstico en línea con benchmarks internacionales de la Organización Internacional de Estandarización.
Otra medida que también atañe a la ande es la reducción de pérdidas y tarifas eléctricas dinámicas, para esto la Ande, conjuntamente con el MOPC, diseñarán, elaborarán y publicarán un plan para la reducción de pérdidas de ANDE con objetivos cuantitativos, que deberá ser adoptado de manera gradual, con la instalación de 20.000 medidores inteligentes para reducir las pérdidas no técnicas de electricidad.
También, la empresa estatal implementará progresivamente tarifas horarias/dinámicas y aumentará sus fiscalizaciones contra el robo de energía en 10% respecto al mismo período del 2023.
Igualmente, otra medida de reforma planteada es un mecanismo de adecuación de Tarifas que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) desarrollará, publicará, y gradualmente adoptará metodologías transparentes y específicas para adecuar las tarifas eléctricas en línea con la Ley N° 966/1964, “Que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como Ente Autárquico y establece su carta orgánica”.
Todo esto, considerando costos operativos, costos financieros de las necesidades de capital previstas para preservar y expandir la matriz de electricidad limpia, y ganancias de eficiencia basadas en los resultados de la auditoría externa y la evolución de las pérdidas.
También, el Gobierno Nacional busca crear el impuesto al carbono sobre combustibles líquidos. En este punto, el MEF y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, impulsarán y promoverán la implementación de un impuesto sobre el carbono, en sustitución al impuesto selectivo al consumo que, actualmente, grava la importación de los combustibles derivados del petróleo.
Así también, la electrificación del transporte privado y autobuses eléctricos públicos. En este caso, las entidades públicas dictarán las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 6925/2023, “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en Paraguay”.
Concretamente, el MOPC a través del Viceministerio de Transporte, en coordinación con el MIC y la Ande, se encargarán de la infraestructura pública adicional para cargar electricidad. El Viceministerio de Transporte liderará la selección del modelo operacional y desarrollará regulaciones para transporte público eléctrico en el área metropolitana de Asunción y establecerán objetivos para aumentar el porcentaje de buses eléctricos en esta área.
La reforma número once planteada es sobre el registro de usuarios de biomasa industrial y protocolos de intervención conjunta, para esto las distintas entidades dictarán las disposiciones y los lineamientos que sean necesarios para la creación del registro de usuarios de biomasa industrial y el uso de biomasa, en sustitución del Decreto N° 4056/2015, “Por el cual se autoriza al Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con el Instituto Forestal Nacional, la Secretaría del Ambiente y el Ministerio de Industria y Comercio, a establecer regímenes de certificación, control y promoción del uso de bioenergías que garanticen la sostenibilidad de estos recursos energéticos renovables”.
Las entidades del Ejecutivo diseñarán, formularán e implementarán un protocolo de intervención conjunta para el cambio de uso del suelo bajo el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Las instituciones involucradas, además, coordinarán con otras instituciones públicas, incluido el Ministerio Público, para asegurar las intervenciones previstas en el protocolo.
Por otro lado, otras de las medidas alcanzan al Institucional para Fortalecer (Infona). El Ejecutivo impulsará la propuesta legislativa que permita modificar su carta orgánica con la finalidad de fortalecer sus capacidades institucionales y financieras para proteger bosques nativos y responder a alertas de deforestación. Esto incluye la creación de una Dirección Nacional para el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.Por último, la reforma que hace referencia a la captura de las emisiones de metano. En esta línea, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio, dictará las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 7014/2022, “Que Promueve la Reutilización, Reciclaje y Aprovechamiento de Envases de Polietileno Tereftalato)”.
