Tras un rápido paso por el Congreso Nacional la propuesta legislativa “De la reforma del Tren de Cercanías” logró avanzar en ambas cámaras y apunta a iniciar los debidos procesos a comienzos del próximo año.
El nuevo marco normativo fue impulsado por el Poder Ejecutivo, además de la actualización del contrato de concesión entre el Estado y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), habilitará la subconcesión a empresas privadas.
Mediante el artículo 5, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a firmar una adenda al contrato de concesión con Ferrocarriles del Paraguay S.A., permitiendo ajustar este acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley.
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Entre los cambios, la adenda contempla el compromiso del MOPC de financiar el proyecto y su sostenibilidad financiera a largo plazo, además de otorgar una extensión de la concesión por el tiempo necesario para implementar el Tren de Cercanías.
El proyecto actual plantea que el mecanismo a ser utilizado sea el llamado a licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.
En representación de la Comisión de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba (ANR), explicó que la mencionada cartera de Estado será la encargada de la fiscalización de la obra en su etapa de construcción.
Además, señaló que Fepasa será el ente encargado de la administración y fiscalización del contrato, así como su concesión a partir de la finalización de la construcción de la obra, hasta la expiración del acuerdo.
LA NUEVA PROPUESTA
Esta normativa fue impulsada por el Ejecutivo luego de que el acuerdo con Korea Overseas Infrastructure & Development Corporation – KIND quedará sin efecto por decisión del gobierno de Santiago Peña, debido a que limitaba la participación del Economic Development Cooperation Fund (EDCF) al 50% del tramo Asunción-Luque, no comprometiéndose a la realización del tramo Asunción-Ypacaraí, como se previó inicialmente.
El proyecto establece una franja de dominio de 14 metros en ambos lados de la vía, requiriendo una inversión aproximada de USD 600 millones. Con el visto bueno de la Cámara Baja, tras la mayoría de votos, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
