La última estimación del Banco Central del Paraguay (BCP) da cuenta de que se espera un crecimiento del 3,7% para la economía local en el 2022, aunque sobre el inicio del año llegaron algunos “inesperados” que ya comprometen el pronóstico desde muy temprano.
La pregunta que surge a partir de esto es: ¿por qué es tan fácil ver tambalear las proyecciones económicas en el país?
Paraguay, como país dependiente de la producción de alimentos primarios, se ve constantemente atado a los designios del azar; y es que, hasta el momento, el ser humano no tiene control sobre el clima. La fórmula económica que ha funcionado en los últimos años es relativamente sencilla: una inflación controlada -que no fue tal en 2021-, junto con una buena producción y un condimento importante: la suerte.
El sector estrella, el que esperaba unas 10 millones de toneladas en exportaciones de soja, ahora está preocupado y recibe ayudas financieras de todo tipo. Muy rápido han aparecido los anuncios del Gobierno sobre flexibilizaciones para la financiación, créditos para refinanciar y productos disponibles. Y es que es cierto que, para una economía bimonetaria, los dólares que puedan entrar por exportaciones del producto más enviado al exterior son de vital importancia.
Por otra parte, las vacunas contra el virus tardaron en llegar a la isla rodeada de tierra, pero finalmente llegaron. No obstante, la campaña de vacunación no ha sido lo suficientemente capaz de alcanzar a la mayoría de los ciudadanos paraguayos; aunque, en muchos casos, por un rechazo propio de los mismos, hay que decirlo.
Lo concreto es que estamos ante una nueva ola de contagios de COVID-19 que hace volver a un problema que parecía estar de salida: la incertidumbre por la pandemia.
Aunque estos no son elementos menores y en mayor o menor medida -más el primero que el segundo- dependen del azar, todos sabíamos que el gran fantasma endémico se acercaba nuevamente este año, y también estará presente en el 2023.
A más de tres décadas del inicio de este frágil proceso democrático, no hemos sido capaces como sociedad de generar resortes institucionales que blinden a la economía y los ciudadanos de un año electoral.
Un año de elecciones -o dos de seguido, como en este caso- es siempre un peligro para un país en el que las instituciones no tienen la capacidad de ofrecer garantías, ni políticas, ni económicas, ni mucho menos sociales. Entonces, entran a relucir nuevamente los miedos de siempre: incertidumbre, peligro de despilfarros públicos y opulencia de políticos que se aprovechan de un pueblo hambreado por décadas, sin acceso a salud pública o educación de calidad.
De todos modos, no parece haber demasiada esperanza hacia una clase política desgastada que ha hecho méritos suficientes para ello. El déficit fiscal creciente e infructuoso, que sirve en gran medida para mantener el caudal electoral de caudillos y operadores, es una de las pruebas más fehacientes de que no hay expresión política vigente en Paraguay que tenga un interés real por cambiar la situación.
Estamos ingresando como país a un pozo sin retorno de deuda pública creciente para alimentar ese mismo déficit que parece no tener fin. Y es que contamos con una ley de responsabilidad fiscal para, con buena intención, intentar limitar ese despilfarro que no sirve a las mayorías, pero nadie habla de la posibilidad de generar un presupuesto superavitario o, cuanto menos, con “empate”.
Algún día, la economía paraguaya tendrá que dejar de depender de la suerte en términos macroeconómicos porque, de hecho, a nivel micro las tareas pendientes son demasiadas.
Una política de incentivos industriales alguna vez deberá reemplazar a la exportación de granos como único mecanismo de ingresos de divisas, la educación y la salud alguna vez deberán mitigar la incertidumbre generada a partir de enfermedades físicas.
Pero por sobre todo, lo que es más importante y abarcativo, y acaso la solución global a otros problemas estructurales de la República: alguna vez, la democracia deberá tener resortes institucionales para garantizar los procesos económicos sin ser truncados los afectados.
Deuda pendiente para un país que con casi 211 años de historia independiente, y más de treinta años de proceso democrático, todavía no ha sabido construir una democracia verdadera, con garantías para todos y todas; y por sobre todo, con un blindaje para la economía que, finalmente, afecta a las mayorías en el mediano y largo plazo.
