El nuevo gobierno está dando pasos decididos hacia la formulación de una política de datos abiertos, una iniciativa que se perfila como un pilar fundamental para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo económico del país.
En una audiencia pública crucial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) presentó el borrador de esta política, que busca estrechar la colaboración entre varios actores intervinientes.
¿En qué consiste la política de datos abiertos?
El viceministro del MITIC, Juan Ardissone, conversó con MarketData y comentó que la política de datos abiertos tiene un objetivo claro, que es permitir que cada institución gubernamental exponga información que pueda ser utilizada en el análisis y la toma de decisiones.
Sostiene que esto no solo fortalecerá la transparencia gubernamental al proporcionar un acceso más amplio a la información, sino que también fomentará la rendición de cuentas al permitir que los ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro supervisen las acciones y decisiones del gobierno de manera activa.
La idea es que los datos gubernamentales estén disponibles en formatos abiertos y accesibles, sin restricciones innecesarias, para que otros actores puedan utilizarlos en sus análisis, investigaciones y proyectos.
Ardissone detalló que uno de los enfoques clave de esta política es la creación de un estándar de publicación de datos que simplificará el proceso y permitirá a las instituciones adoptar la política sin incurrir en costos significativos.
Se busca crear una infraestructura que permita a las instituciones del Estado compartir datos de manera efectiva y eficiente, lo que facilitará la adopción generalizada de la política.
También indicó que la política de datos abiertos no solo beneficiará a los ciudadanos al proporcionarles acceso a información relevante y útil, sino que también se convertirá en una herramienta esencial para el propio Estado.
Al permitir la colaboración y el análisis de datos por parte de diferentes actores, se espera mejorar la eficiencia gubernamental, impulsar la innovación y promover un enfoque más integral en la resolución de problemas.
Esta política se alinea estrechamente con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y se concibe como una herramienta complementaria para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Según el viceministro, el MITIC tiene como objetivo tener una versión definitiva de la política a principios del próximo año, luego de un proceso de cooperación entre varios actores del sector público y privado.
Por ello, resaltó que la audiencia pública representa un paso importante en la construcción de una política de información abierta que fortalezca la democracia, la transparencia y la eficiencia en la gestión gubernamental.
Se espera que esta iniciativa marque un hito en el camino hacia una gestión gubernamental más transparente y participativa, con un impacto positivo en la economía, la eficiencia y el empoderamiento de la ciudadanía.
¿Cómo será el control y la adaptación para el cumplimiento en general?
El viceministro precisó que este proceso de desarrollo de la política de datos abiertos se está llevando a cabo mediante un trabajo coordinado entre las instituciones públicas involucradas.
En primer lugar, señaló la importancia de que las instituciones adopten esta política. Sin embargo, para asegurar una implementación efectiva, es necesaria la creación de un inventario, el cual ya se está desarrollando.
El representante del MITIC explicó que el propósito del inventario es identificar las instituciones gubernamentales que disponen de datos y determinar los tipos de información en relación con sus respectivas misiones y funciones. Por ejemplo, si se está analizando información relacionada con impuestos, contrataciones públicas, educación, entre otros. El inventario permitirá categorizarlos en función de su estructura y formato.
“Lo que buscamos justamente es tener lo que cada institución tiene. Estamos hablando de, por ejemplo, Tributaciones: tiene datos de los tributos, de las empresas; Contrataciones públicas: tiene datos de licitaciones; y Educación: tiene datos de maestros y de colegios. Entonces, la idea aquí es hacer un inventario primeramente de quién tiene qué y, a partir de ahí, bajar de nivel y empezar a ver quién tiene los datos de manera estructurada”, expresó.
Además, Ardissone resaltó que es relevante en este proceso distinguir entre datos estructurados y no estructurados. Mientras que algunos números pueden estar disponibles en formatos fácilmente procesables, como hojas de cálculo, otros pueden estar en formatos más complejos o no estructurados, como archivos PDF. La meta es transformar estos en formatos estructurados y abiertos que permitan un acceso más eficiente y la posibilidad de realizar análisis detallados.
Este proceso se llevará a cabo en varias etapas. En primer lugar, se trabajará en la adopción de la política por parte de las instituciones gubernamentales. Paralelamente, se avanzará en la creación del inventario de datos, identificando las fuentes y tipos de información que cada entidad posee. Como tercer paso, se realizará una evaluación para definir qué información se encuentra en formato estructurado y cuáles requieren una conversión.
Este enfoque integral busca facilitar la transición hacia una implementación efectiva de la política. Al categorizar y estructurar los datos de manera adecuada, se espera que el proceso de apertura sea más eficiente y que se maximice el potencial de esa información para el análisis y la toma de decisiones.
Costos e inversiones
El representante del MITIC comentó que si bien los costos pueden variar con relación a la inversión y a la forma en la que quieran publicarse los datos, se encuentran trabajando en una especie de estándar de publicación, lo que permite que no sea necesario que se publique el 100% de los mismos.
En este contexto, comentó que hay instituciones que tienen ciertos datos en sus sistemas, pero que representan por ejemplo el 50% del total que maneja la institución.
“Tenemos conceptos incluso muy sencillos como publicar los datos estructurados en formato Excel. Entonces, la inversión realmente puede ser muy significativa con relación a lograr plataformas bastante robustas; pero hay posibilidades de, con muy poco presupuesto, llegar a publicar los datos en un formato como el que queremos que esté publicado y que le sirva a la ciudadanía”.
Juan Miguel Ardissone, viceministro de MITIC
