El proyecto de ley que busca regular la industria y comercialización de criptomonedas en el Paraguay ya cuenta con media sanción del Congreso Nacional, luego de su aprobación en la Cámara de Senadores. A falta de la continuidad en el proceso en Diputados, ya se generan debates sobre el futuro y cuáles son las posibilidades de negocios que podría abrir en el país esta plataforma jurídica.
En conversación con MarketData, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA) explicó que este proyecto de ley tiene básicamente dos propósitos: por un lado, dar un marco jurídico propio a la minería y comercialización de criptomonedas; y por otro, aprovechar la energía excedente de Itaipú. Refirió que, de este modo, incluso se entraría con mayor solidez a la renegociación del Tratado.
Hizo referencia a que Paraguay bien podría ser un punto de referencia en el mercado de criptomonedas, por el excedente energético que tiene, y a partir de que China cerró las puertas a esta actividad, con lo que quedaron muchas personas y empresas interesadas en avanzar. Explicó que una “granja” mediana de criptomonedas requiere de una inversión aproximada de USD 1 millón.
“El proyecto está direccionado a poder usar la energía excedente que tenemos, recibir un mejor ingreso por ese precio de lo que se paga por vender esa energía, y darle un marco legal a una actividad que se está realizando mucho hoy bajo la figura del data center, que en realidad lo que hacen es minería (de criptomonedas). Lo que se busca es darle un marco legal y trazabilidad”.
Fernando Silva Facetti, senador proyectista.
En este contexto, a través de licencias y permisos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), lo que se buscará es una reglamentación para acceso a energía industrial más barata y el ente de aplicación sería el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). A través de un registro en la Bolsa de Valores de Asunción, se podrá comercializar el producto de la minería, en este caso las criptomonedas que surjan a partir de la minería.
Dijo que, en términos de seguridad, habrá un control muy exigente para la comercialización, ya que será por medio de la Bolsa de Valores de Asunción, con el control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que esto supone.
“Todas las empresas que están registradas en la Bolsa de Valores tienen el doble de exigencia que cualquier otra empresa porque la mayoría son de capital abierto, y sus cuentas están super auditadas. Entonces, hay un doble control: desde la CNV y desde la Seprelad, más el trabajo con la ANDE y con el Ministerio que va a acompañar”, explicó.
También puntualizó que este proyecto de ley no busca hacer lo mismo que el caso de El Salvador, que fue muy sonado y debatido a nivel mundial durante los últimos meses. A diferencia de aquel, no se busca establecer al Bitcoin u otro activo como moneda de curso legal, sino generar un marco jurídico y visible para quienes quieran dedicarse a esta actividad.
Asimiló la actividad minera a la generación y comercialización de commodities, como un instrumento financiero o documento que genere una empresa que quiere colocar obligaciones en el mercado. La idea no es generar una plataforma para el negocio de la criptografía como una industria, sino establecer su producto como una moneda con fuerza cancelatoria obligatoria.
Añadió que ya hay universidades que están haciendo capacitación para la instalación de industrias mineras, ya que ven la oportunidad en este mercado, al ser una actividad que se está haciendo cada vez más popular. El problema es que lo que se necesita es una reglamentación clara para que los mineros y comercializadores de activos digitales puedan inscribirse, trabajar y tributar.
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Por su parte, el senador Antonio Apuril (Partido Hagamos), también proyectista, hizo especial hincapié en que lo que se pretende no es hacer que Bitcoin -u otras criptomonedas- sean monedas de curso legal con fuerza cancelatoria. Apuntó a que se debe diferenciar esto con respecto a lo que hizo El Salvador, ya que son cuestiones diferentes.
“Si uno trae dólares saudíes tampoco tienen curso legal en el Paraguay, pero habrá algunas personas que sí aceptarían porque están en el negocio del cambio de monedas. Eso mismo pasa con las criptomonedas, y siempre y cuando uno consiga cliente que los compre, esto tiene una variación de acuerdo a la volatilidad que tiene el mercado”, refirió.
El proyecto
Este proyecto de ley, establece algunas definiciones importantes, como las de activo virtual, token, minería y proveedores de servicios virtuales. Quizás la más importante sea la primera mencionada, que es catalogada a los efectos de la norma como: “Cualquier activo que existe de forma digitalizada o contenido que alguien puede poseer, y por tanto, tienen asociado un derecho para su uso. Al ser tratada como una propiedad, ésta puede venderse, comprarse o licenciarse”.
También establece que el MIC será el organismo estatal de aplicación y cuáles son sus atribuciones, entre las que se destacan las de supervisar las actividades de minería de activos virtuales, registrar el buen funcionamiento de las máquinas informáticas para esta industria, promover la capacitación técnica de los ingenieros eléctricos, civiles e informáticos para la generación de los mismos, y sancionar a las personas físicas o jurídicas que realizan esta actividad por fuera de la regulación.
Además, hace referencia a la CNV y la Seprelad como instituciones encargadas del control de los movimientos financieros de estas empresas, ya que naturalmente las negociaciones de los activos se realizan por medio de la bolsa de valores. Habla de la “licencia minera de activos virtuales” como un requisito fundamental en el ejercicio de esta actividad.
