El acceso a una vivienda digna es un derecho contemplado en la Constitución Nacional y, si bien la ley puntualiza que el Estado debe garantizarlo a través de sistemas de financiamiento adecuados y planes de interés social, los programas destinados a este fin no han logrado atender en un 100% las complejas necesidades en torno al tema.
Acceso a la educación, salud, vialidad y transporte son tan solo algunos de los aspectos centrales que hacen que el “sueño de la casa propia” se traduzca en una profunda crisis habitacional. Pero la problemática no es propia de Paraguay, también sigue impactando a otras economías más desarrolladas.
Estadísticamente, de acuerdo con los datos de la última Encuesta Permanente de Hogares, el déficit habitacional total en Paraguay asciende a 1.152.215. De este total, la demanda de nuevas viviendas alcanza 73.421 unidades, mientras que el déficit cualitativo, es decir, la necesidad de mejoramiento y ampliación, representa el 93,6% del total, con 1.078.794 soluciones requeridas. En términos de distribución geográfica, en 2020 la demanda en áreas urbanas fue de 60.541 viviendas, frente a 12.880 en zonas rurales.
Además, según datos oficiales, el 19,19% de las viviendas de Paraguay no tiene conexión a sistemas de agua potable y en las zonas rurales el porcentaje de viviendas sin agua potable alcanza el 29,1%.
No obstante, cabe señalar que Paraguay cuenta con programas destinados a reducir esta brecha, tal es el del Fonavis (Fondo Nacional de la Vivienda Social), Che Tapýi y Chacarita Alta, además del reciente Che Róga Porã, diseñado el año pasado para facilitar el acceso a viviendas con cuotas similares al costo de un alquiler.
Si bien en estos proyectos se contempla la cobertura de infraestructura básica, como agua potable, electricidad y alcantarillado, la falta de un abordaje en su dimensión cualitativa limitan el impacto en la calidad de vida de los beneficiarios y perpetúan un modelo que prioriza solo la reducción del déficit habitacional cuantitativo.
UN MODELO QUE NO PROSPERÓ
Años atrás en Paraguay se llevó adelante un proyecto habitacional integral, específicamente en el 2017 con la inauguración del Barrio San Francisco en la ciudad de Zeballos Cué y que pretendía ser una ciudad modelo.
El emblemático barrio, que buscaba beneficiar a unas 1.000 familias en situación de vulnerabilidad, hoy día se encuentra en estado de abandono debido a falta de seguimiento de las administraciones siguientes, evidenciando así la necesidad de una política de Estado que ofrezca verdaderas garantías.
Sobre este punto, la ex ministra de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Soledad Núñez, comentó que el barrio San Francisco fue concebido con una mirada de desarrollo integral. “Para eso estudiamos y evaluamos distintos proyectos desarrollados con intervenciones integrales en otros lugares de la región como el caso de los Conjuntos Habitacionales de Chile o “La Nueva Barquita” en República Dominicana”.
El barrio San Francisco incluyó la construcción de apartamentos de densidad baja, viviendas unifamiliares, locales comerciales, equipamiento público, salón multiuso, comisaría, la manzana educativa que incluye una Escuela y un Colegio Técnico, un centro de salud, iglesia, centro de adultos mayores, equipamiento deportivo, una fábrica para provisión de empleo, entre otros.
Núñez aseguró que este barrio modelo nació con una identidad de “Proyecto de Desarrollo Económico y Social” y no de “Proyecto de Vivienda”. Sin embargo, el Plan de Desarrollo Social que incluía las estrategias para romper el círculo de la pobreza y acompañar a las familias en su camino hacia la prosperidad nunca fue implementado debido a los cambios en la administración de gobierno.
“Paraguay adolece de la falta de continuidad de las políticas públicas cuando ocurren cambios políticos. Esto fue tremendamente perjudicial para el proyecto, ya que se cortó el proceso en el momento más importante de la vida del proyecto que fue el inmediato posterior a la mudanza de las familias. Al quedar abandonado el proyecto por las autoridades, esto afectó el capital social, la confianza de los vecinos hacia las instituciones y la sostenibilidad del proyecto”.
Soledad Núñez, ex ministra de la Senavitat.
Desde la visión de la ex ministra se necesita madurez política y capacidad para desarrollar proyectos de esta envergadura que inevitablemente trascienden administraciones de gobierno. Sostuvo que como aprendizaje en la gestión del barrio San Francisco, es fundamental pensar desde el inicio el Modelo de Gestión y Administración del Proyecto, es decir, la Gobernanza antes, durante y después del desarrollo de las obras.
Esto teniendo en cuenta que este tipo de proyectos no solo presenta complejidad por la duración y el involucramiento de distintas administraciones sino también por los múltiples actores que están involucrados (distintas instituciones públicas, sector privado, iglesia, organizaciones de la sociedad civil, entre otros).
“La creación de una entidad o espacio administrativo y político que se ocupe de dar continuidad a los proyectos es clave. Esta entidad debe tener la autonomía suficiente, recursos asignados, poder político, equipo humano y claridad en sus objetivos y duración de las tareas para asegurar la sostenibilidad. Es decir, el desarrollo de un nuevo modelo de gestión es prioritario más allá de las responsabilidades de cada institución pública involucrada”.
A criterio de Núñez, en los últimos años se está experimentando un retroceso en las políticas de vivienda. “Me tocó liderar el proceso de evolución de la institución responsable de las políticas de vivienda en el país e impulsar una visión más ampliada de la histórica y tradicional visión “viviendista” que prevalecía en la administración pública. Eso implicaba introducir conceptos de desarrollo urbano y construcción de ciudades sostenibles”.
Bajo esta premisa desarrollaron la Primera Política Nacional de Vivienda y Hábitat en el 2017. “Sin embargo, los intereses políticos, la falta de capacidad y visión, el rol casi inexistente de los Municipios para liderar la planificación urbana, entre otros factores, no permiten que en Paraguay encaremos de manera sostenida el desarrollo de proyectos de vivienda social de manera integral” lamentó.
UNA MIRADA INTERNACIONAL
Ampliando este panorama a un escenario más internacional, conforme los datos del Banco de Desarrollo CAF, en América Latina y el Caribe el déficit habitacional cuantitativo afecta a más de 23 millones de personas y el déficit cualitativo a más de 46 millones, cifras que, sumadas, representan casi un tercio de los pobladores urbanos de toda esa región.
Este problema es especialmente pronunciado en las zonas urbanas, donde la demanda de vivienda suele superar a la oferta, lo que hace subir los precios y dificulta la creación de opciones de vivienda más asequibles.
Pablo López, especialista de desarrollo urbano de la CAF, en su momento puntualizó que cerrar estas brechas requiere intervenciones de políticas en múltiples dimensiones que involucren aspectos ambientales, económicos y financieros, regulatorios y de planificación, y también perspectivas de género e inclusión.
“Entre las intervenciones claves son muy importantes aquellas que permitan mejorar los ingresos de las personas, pero también abaratar los costos de producción de vivienda. Una parte importante de los componentes de esta estructura de costos es excesivamente alta en la región”, expresó en su análisis realizado para el organismo internacional.
El experto citó algunas recomendaciones para mejorar la asequibilidad de la vivienda en la región, siendo una de ellas mejorar la planificación y diseño urbanos. “La planificación y el diseño urbano pueden desempeñar un papel fundamental en la creación de más opciones de vivienda asequible promoviendo un desarrollo más denso y compacto y una zonificación de uso mixto, controlando de manera racional la expansión de las manchas urbanas”, precisó.
ENTONCES ¿QUÉ HACER?
Por su parte, Alonso Chaverri-Suárez, representante del BID en Paraguay, señaló que los desafíos en materia de vivienda en el país son similares a los de otros países de América Latina y el Caribe. Explicó que la reducción del déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, es parte de la nueva estrategia del BID con Paraguay para el período 2025-2029, bajo el pilar “Paraguay Humano”. Este documento fue coordinado con el Gobierno y diversos actores del sector privado y la sociedad civil.
“Nuestra meta es construir viviendas de interés social, reducir el déficit habitacional y mejorar la infraestructura urbana con criterios de resiliencia climática. Además, impulsamos la recuperación de lagunas, arroyos y humedales, junto con la protección de zonas naturales de amortiguamiento, asegurando sostenibilidad económica e institucional para las familias reubicadas”.
Alonso Chaverri-Suárez, representante del BID en Paraguay.
Destacó que, pese a los desafíos del sector, el Gobierno de Paraguay ha avanzado en la provisión de vivienda integral, priorizando reasentamientos de poblaciones vulnerables. “Los proyectos en Chacarita y Tacumbú, apoyados por el Banco, son ejemplos de estos esfuerzos”, afirmó. A su criterio, los principales retos habitacionales en Paraguay y la región incluyen la vulnerabilidad socioambiental, el acceso al financiamiento y la resiliencia urbana.
Chaverri-Suárez enfatizó que una política de vivienda efectiva debe basarse en estudios sobre la población beneficiaria y su contexto socioeconómico. Además, resaltó la importancia de la participación del sector privado y la sociedad civil, así como de garantizar asequibilidad, seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, inserción urbana y confort edilicio.
Al ser consultado sobre modelos exitosos en la región, mencionó el Fondo Solidario de Elección de Vivienda en Chile, que ha reducido el déficit habitacional mediante subsidios directos y participación comunitaria.
En Brasil, el programa “Minha Casa Minha Vida” ha logrado avances con subsidios, financiamiento accesible y colaboración entre sectores. En Colombia, el Subsidio Familiar de Vivienda ha impulsado la construcción de viviendas para sectores de bajos y medianos ingresos. Según el representante del BID, estos modelos podrían adaptarse a Paraguay, considerando su escala, marco legal y estructura institucional.
En el ámbito local, resaltó programas como “Primera Vivienda” de la AFD y “Che Rogá Porã” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que pueden aportar lecciones a otros países. Además, mencionó esquemas de financiamiento innovadores que podrían facilitar el acceso a viviendas dignas sin depender exclusivamente del presupuesto nacional, como créditos para mejoras habitacionales, financiamiento con microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito, alquiler con opción a compra y garantías al sector privado.
Según el informe del BID “Cadena de valor de la vivienda en Paraguay”, lanzado en 2024, el país necesita producir entre 50.000 y 60.000 viviendas anuales. De ese total, 50.000 responden a la demanda demográfica y 10.000 a la reducción del déficit habitacional acumulado.
