ANÁLISIS
Y finalmente, el escenario global vuelve a lucir favorable para nuestro país. Las políticas anunciadas por el nuevo gobierno norteamericano presagian un horizonte no despreciable de bajas tasas de interés internacionales, dólar barato, precio elevado de los commodities que exportamos, recuperación de la demanda externa, y menor tensión en materia de política comercial.
En el vecindario, sin embargo, la cuestión no parece tan auspiciosa.
Argentina y la incertidumbre
No existe mucho misterio acerca de las dificultades de la economía argentina y de sus inconsistencias de política económica (macro y microeconómica). La incertidumbre radica en cómo se procesarán esas inconsistencias desde la economía política.
El problema del déficit fiscal en Argentina es estructural (en 2020, por la pandemia, estaría cerrando en torno a 8%) y ha estado en la génesis de las sucesivas crisis económicas por las que ha transitado ese país, y que, en los últimos tiempos, debido a las dificultades de acceso al mercado de capitales, ha vuelto a ser financiado con emisión monetaria.
El exceso de pesos presiona los precios y el tipo de cambio. En un marco de insuficiencia de reservas internacionales, la opción de política ha sido la represión cambiaria, los controles de precios y restricciones a la movilidad de capitales, generando todo tipo de distorsiones, desalentando decisiones de inversión y consumo, y propiciando la aparición de mercados no formales.
Para este año se espera un rebote de la economía argentina (crecería entre 4% y 5%) con algún efecto arrastre en el 2022 (crecimiento en torno a 2,5%), aunque no sostenible si no se solucionan los problemas económicos estructurales.
Los escenarios a futuro serían
a) Más de lo mismo, pero recargado. Si bien para 2021 se espera un rebote de la economía por mejora en las condiciones externas (relativa relajación de las restricciones externas, precios de commodities al alza, etc.) y sobre todo por efecto estadístico (dada la caída de la economía en torno a 11% para 2020), el Banco Central tiene insuficientes reservas para contener la presión sobre el tipo de cambio, por lo que se espera sigan operando el cepo cambiario y los controles a la libre movilidad de capitales.
Los problemas son estructurales. En el presupuesto se proyecta un déficit fiscal de 4,5% del PIB para 2021 (aunque la expectativa de los analistas argentinos es que sea mayor), que, dada las restricciones de acceso a los mercados financieros, seguirá siendo financiado por impuesto inflacionario. Los efectos se verán en una cada vez mayor brecha cambiaria y precios relativos distorsionados, e inflación creciente. La inflación volvería a los niveles de 50%, luego de cerrar el 2020 en aproximadamente 37% por caída del consumo y de la actividad económica.
La necesaria corrección del desequilibrio fiscal sería difícil por la complejidad de la economía política argentina y por los elevados niveles de pobreza que requerirán auxilio fiscal.
En este escenario, en el mediano plazo, la corrección de las distorsiones vendría por el lado del mercado, lo que implicará mayores niveles de devaluación del tipo de cambio oficial, mayor inflación, y ajuste en el sector no transable a fuerza de recesión.
b) Crisis acelerada en el corto plazo. Este escenario implicará soltar el tipo de cambio oficial, generando una espiral devaluatoria, mayor pérdida de ingresos de la población por la devaluación que aumentaría la tensión social, procesos hiperinflacionarios (por lo que no habrá ganancias de competitividad por la devaluación), etc. En este escenario, el desenlace político y económico es incierto.
c) Cambio hacia políticas pro-crecimiento potencial, que incluya un plan económico consistente, con ajuste fiscal y apoyo del FMI (Fondo Monetario Internacional) con un plan de asistencia financiera. Este escenario es menos probable que los anteriores, porque implicaría un amplio acuerdo político dentro y fuera del gobierno, y porque hacerlo implicaría un costo político importante de romper con sus bases de apoyo político.
d) Crisis de instituciones, ante una mayor salida del país -o pérdida de fuerza- de agentes económicos/sociales que podrían presionar por un cambio hacia equilibrios pro-mercado, la defensa de las instituciones económicas que han sostenido el sistema podrían deteriorarse rápidamente (respeto por la propiedad privada, libertad de producción, …). Este escenario conduciría a una situación en dirección a la de Venezuela. No obstante, la acumulación de capital institucional y político de Argentina hace muy poco probable este escenario
En definitiva, la respuesta a la situación actual argentina es más política que económica, y por lo tanto incierta. Es más política porque el problema de Argentina requiere de cambios estructurales profundos, es decir, de voluntad política y acuerdos amplios.
El país lleva un buen tiempo de políticas e instituciones consistentes con bajo crecimiento económico potencial.
Una baja inserción externa por proteccionismo con sesgo hacia políticas de sustitución de importaciones, inestabilidad macroeconómica asociada a recurrente insolvencia fiscal y financiamiento monetario del déficit, pérdida recurrente de institucionalidad económica por captura política de dichas instituciones (poca credibilidad en planes y metas), baja protección a la propiedad privada, expropiaciones de capital y de ahorro recurrentes, trabas y desincentivos a la inversión en capital humano y físico, mala calidad de la política e importante depreciación del capital social.
Por los motivos citados, los ciclos económicos y las crisis en Argentina son tan recurrentes y profundos, y seguramente pautarán el escenario del futuro cercano para el vecino de la frontera sudoeste.
Brasil y los efectos de la pandemia
En lo que refiere al otro vecino, como en todos los países del mundo, la pandemia impactó fuerte en una economía brasilera que comenzaba a mostrar signos de recuperación. En 2020, el PIB (producto interno bruto) caería en torno al 4%, desempleo por encima de 14%, la inflación un poco por encima de la meta (cerraría en 4,5%).
La industria registró caída libre entre abril y mayo de 2020, como consecuencia del aumento en los contagios, y el aislamiento social que impactó la demanda y paralizó la producción.
La contracción de la industria manufacturera sumada a la del sector servicios, también fuertemente afectado por el comportamiento social, afectaron el empleo formal.
El efecto de la pandemia en el sector real de la economía fue relativamente mitigado por las políticas de incentivo fiscal y de preservación del empleo, pero esto llevó a cerrar el año con un déficit fiscal en torno a 10% del PIB.
Las perspectivas para este año son más optimistas: se espera que el PIB crezca en torno a 4% y la inflación convergería a 3,5%, siempre sujeto a la dinámica de la pandemia.
Más allá de la coyuntura, nuestro vecino gigante también enfrenta varios desafíos de carácter estructural, cuya solución le condicionan emprender una trayectoria firme hacia equilibrios macroeconómicos.
El gasto público para hacer frente a la pandemia elevó la deuda pública a niveles cercanos a 100% del PIB, colocando a Brasil en una encrucijada. Sumado a la todavía alta carga fiscal de la seguridad social, que persiste a pesar de algunos avances en reformas aprobadas en esa área, se suma el hecho de que la tasa de desempleo permanecerá elevada durante algún tiempo y la necesidad de mantener la renta de la población más pobre seguirá estresando al presupuesto público.
En tal sentido, el cumplimiento del límite para el crecimiento del gasto público es un desafío no menor, dada la cercanía del ciclo político y la dificultad del gobierno para articular acuerdos en torno a objetivos económicos que demandan sacrificios.
No obstante, dado el nivel actual de deuda/PIB y las demandas sociales derivadas de la pandemia, cumplir con un techo de gastos que garantice una trayectoria decreciente de la ratio de endeudamiento público será fundamental para recuperar la confianza de los inversores y acceder a financiamiento a tasas relativamente bajas.
El no logro de los desafíos de consolidación fiscal, a través de la aprobación de reformas adicionales de la seguridad social, tributarias y administrativas, nuevos marcos regulatorios que introduzcan incentivos de mercado en algunas empresas públicas; sería una señal de débil compromiso por parte del gobierno y pérdida de confianza en los activos del país, lo que podría conducir a inestabilidades manifestadas en mayores tasas de depreciación del tipo de cambio, presión inflacionaria y menor crecimiento económico.
Por tanto, la mitad del vaso lleno nos muestra una coyuntura global favorable, pero la otra mitad vacía presenta un escenario de incertidumbre regional.
Nuestro país debería cuidarse de la (in) seguridad del barrio, internalizando en las decisiones estos escenarios. Quedarse sólo con la mitad del vaso lleno puede llevar a un exceso de optimismo que conduzca a malas decisiones.
Por Carlos Carvallo Spalding – Dr. en Economía, ex Miembro del Directorio del BCP
