La continuidad del plan de convergencia fiscal para retornar al límite del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de déficit fiscal, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), sin duda afecta el nivel de inversiones públicas que se viene potenciando desde hace algunos años como medida para hacer frente a la crisis económica y esta actividad tiene un efecto multiplicador en la economía.
De acuerdo con el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN), para el 2023 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendrá un presupuesto total de G. 7,1 billones. Este monto es menor en G. 1,3 billones al plan de gastos vigente este año, en la entidad, el cual asciende a G. 8,4 billones; y en términos porcentuales, representa una diferencia negativa de 16%.
Es importante recalcar que el MOPC es la mayor ejecutora de obras públicas de nuestro país y su presupuesto desde hace algunos años viene siendo incrementado de manera a cubrir el déficit en infraestructura. Existen otras entidades que también llevan adelante obras, pero en menor medida.
Del presupuesto total del MOPC de este 2022, G. 389.054 millones son para gastos corrientes, mientras que G. 8,06 billones son para gastos de capital, es decir, inversiones. En contrapartida, del total presupuestado para el 2023, que asciende a G. 7,1 billones, alrededor de G. 6,5 billones serán destinados a obras públicas, lo que representa una disminución del 17%, en relación con el presente año.
De esta manera, se puede observar una importante disminución del monto destinado a obras de infraestructura. Para el 2023, el Poder Ejecutivo solicita que el déficit fiscal se ubique en 2,3% del PIB, es decir, 0,8% por encima del límite establecido por Ley.
De ese 0,8% adicional, el cual representa USD 350 millones, para el Ministerio de Obras se prevé USD 212 millones (unos G. 1,5 billones). En el presupuesto del 2022, el déficit se ubicará en 3% del PIB.
Esta reducción del saldo rojo explica en gran medida el menor monto destinado a la cartera de obras. En esta línea, el 2023 se convertirá en el quinto año consecutivo en que Paraguay sobrepase el límite de déficit fiscal de 1,5% del PIB. En el año 2021, el saldo rojo del Estado llegó al 3,6% del PIB.
En lo que respecta al 2020, el déficit estuvo en 6,1% del PIB y estuvo explicado por las emisiones de bonos y empréstitos realizados para hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia; en el 2019, el indicador estuvo en 2,8%.
Cabe señalar que en el plan de convergencia fiscal se establece que recién en el 2024 se retornaría al 1,5%, así como lo establece la LRF.
Gastos rígidos podrían empeorar el panorama
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, manifestó que esta situación aún puede empeorar si es que el Congreso Nacional amplía los gastos rígidos en el proceso de aprobación. Por otro lado, dijo que la situación económica del próximo año depende mucho del clima: si llueve relativamente bien, el PIB tendrá un rebote y si hay sequía, su impacto dependerá de la profundidad.
“No podemos analizar el monto de inversión pública del próximo año sin considerar de dónde venimos y las reglas fiscales previstas en la ley de responsabilidad fiscal vigente”.
César Barreto, economista y ex ministro de Hacienda
Recordó que las inversiones públicas se incrementaron en el 2019 y nuevamente en el 2020, a niveles récord como un impulso fiscal extraordinario para enfrentar y mitigar los efectos de la sequía y la pandemia que tuvimos esos años. En aquel entonces, el Congreso aprobó excepcionalmente un déficit fiscal y un endeudamiento superiores a lo previsto como tope en la ley de responsabilidad fiscal.
“Luego, a partir del presupuesto 2021, el Gobierno planteó una política fiscal de convergencia gradual al tope fiscal para evitar interrupciones bruscas en la ejecución de proyectos de obras específicas, y propuso un déficit del 3% y del 2,3% del PIB como déficit para los años 2022 y 2023, respectivamente, dejando la responsabilidad de completar el ajuste al próximo gobierno, en el ejercicio 2024”, explicó.
Según el análisis del exministro, esta reducción del déficit implica que algunas partidas del PGN tienen que reducirse y dado el crecimiento que ha tenido el gasto en salud pública, que ha sido priorizado, entonces se reduce sustancialmente el espacio fiscal para la inversión en infraestructura y se reduce el presupuesto del MOPC, en consecuencia.
El empleo en la construcción se verá afectado
En comunicación vía telefónica, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi Corina, aseguró que esta reducción del presupuesto para obras públicas repercutirá en un duro golpe para la economía de alrededor de 300.000 personas que dependen de forma directa e indirectamente de los trabajos que el Estado impulsa.
“Por supuesto que afecta. Hoy hay una industria de la construcción que ya está creada, que tiene cierta capacidad, y cualquier disminución que se dé en los próximos años hace que parte de esa capacidad quede ociosa, hay muchos colaboradores que van a quedar sin trabajo”, expresó.
Además de esto, mencionó que las empresas constructoras realizaron enormes inversiones en maquinarias que van a quedar sin poder utilizarse. Por sobre todo, esto también afecta al país, ya que se necesita todavía mucha inversión en obras públicas, debido a la brecha enorme que persiste con respecto a otros países.
“Si nosotros no nos concientizamos verdaderamente en que tenemos que invertir en infraestructura para poder ser competitivos a nivel país, para poder explotar todo el potencial productivo que tenemos, siempre vamos a quedar rezagados con respecto al resto”.
Paul Sarubbi Corina, presidente de Cavialpa
Consultado sobre si el sector privado podría compensar este déficit, respondió que la mejor forma a futuro sería utilizando las herramientas de las concesiones y de la ley de Alianza Público Privada, entre otras. No obstante, aclaró que esto también tiene que entrar en los planes de gobierno para llevarse a cabo.
Dijo que se debe entablar una mesa de diálogo entre todas las partes para alinear una estrategia de inversiones en infraestructura a largo plazo. “Acá muchas veces todo se hace por un corto plazo, un cierto periodo de tiempo, y después por alguna razón se cambia y quedamos otra vez sin ser competitivos y tener un volumen de inversión en forma sostenible”, señaló.
Sarubbi también aseguró que en ningún momento, durante la elaboración del PGN 2023, el Gobierno conversó con el sector privado de la construcción. “Desde nuestro lado más que nada hicimos varias veces hincapié en que los volúmenes de obras no deben bajar y nos aseguraron en su momento que no iban a bajar”, puntualizó.
Finalmente, el representante del sector también mencionó que existe un nivel de mora muy alto entre las empresas constructoras que deben pagar sus deudas para mantenerse funcionales, y que esto también quedará en juego con la reducción del número de trabajos para la construcción de obras públicas.
Presupuesto 2023
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda asegura que el proyecto del PGN para el 2023 que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso mantiene la política de racionalización del gasto público iniciada en años anteriores, con restricciones claras sobre gastos no prioritarios como viáticos, pasajes, horas extras, combustibles, etc. Así también, todo lo que tiene que ver con los nombramientos y contrataciones de personal.
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Asimismo, el plan de gastos para el próximo año no prevé incrementos salariales generalizados y solo se consideran aquellos procesos que están establecidos por la Ley N° 1626/2000 (De la Función Pública) y las carreras profesionales vigentes legalmente.
Según la cartera fiscal, el proyecto se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), visibilizando la inversión realizada como país en respuesta a cada objetivo, en el que se destaca la promoción de sociedades pacíficas, inclusivas y con justicia para todos (14,5%), salud y bienestar (14,3%), trabajo decente y crecimiento económico (12,3%) y educación de calidad (8,9%).
Cabe recordar que el PGN total para el año 2023 es de G. 102,6 billones (USD 14.454 millones), superior en 6% al presupuesto inicial del año 2022, representando el 33% del PIB, con lo que se busca volver gradualmente a los niveles de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), a fin de reducir la incidencia en la deuda pública.
A tal efecto, buscando priorizar programas que inciden en las condiciones de vida de la población, el Presupuesto para el siguiente año se distribuye principalmente en un 66,6% para inversiones que se destinan a la población de manera directa, en un 18,3% para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y en un 15,1% para el funcionamiento de las entidades públicas.
