En los últimos años se han visto en aumento los casos de trabajadores dependientes que mensualmente emiten una factura legal a su empleador para ser registrados como “prestadores de servicios independientes”, cuando en realidad cumplen todas las características de un empleado en los términos establecidos por el código de trabajo.
Al emitir estas facturas, a pesar de cumplir un horario y tener ciertos parámetros de subordinación hacia el empleador, estos trabajadores quedan con derechos laborales “relativizados” cuando deberían gozar de toda la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).
Esto implica un día (por lo menos) de descanso a la semana, vacaciones pagadas desde el primer año y un aguinaldo proporcional a los meses trabajados en el año, beneficios a los que en muchas ocasiones no acceden por no contar con un contrato de trabajo de relación de dependencia.
En conversación en el portal de MarketData, la titular del Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, afirmó que desde la institución se encuentran al tanto de esta problemática y agregó que, inclusive, unos 8.000 de los trabajadores que denunciaron haber perdido su trabajo de hecho lo hacían bajo esta situación que ella misma calificó como de “falsos independientes”.
Bacigalupo dijo que en la mayoría de los casos en los que tomó intervención el Ministerio, los empleadores terminaron por admitir la relación de dependencia, con las consecuencias que eso conlleva en términos de indemnización para los trabajadores.
Opinó, además, que este tipo de prácticas son alimentadas por una falta de mayores incentivos – tanto para trabajadores como para empleadores – de aportar al sistema de seguridad social ya que, por ejemplo, solo el 10% de los cotizantes llega a jubilarse, a lo que se suma que la cobertura médica todavía no es universal ni de alta calidad.
El seguro de desempleo es uno de los proyectos insignia en los que ha estado trabajado esta cartera y si bien todavía no se ha concretado, la ministra consideró que sería un incentivo importante y un gran paso hacia la formalización del trabajo en Paraguay.
Al ser consultada sobre el impacto de la pandemia en los aportes al IPS, se limitó a considerar que Paraguay ha sido el menos afectado de la región para este indicador.
– Preocupa la situación de muchos trabajadores que, por más que tengan una relación de dependencia, no están inscriptos en la seguridad social ¿Están al tanto de esta situación?
Estamos al tanto de eso, recibimos diariamente denuncias de trabajadores dependientes a los que se les hace facturar. Nosotros como Ministerio tenemos funciones incluso en el empleo informal y más de 8.000 de las denuncias que nosotros recibimos por despidos injustificados durante la pandemia son de esos trabajadores que estaban facturando, pero tenían una relación de subordinación.
Nosotros mediamos y generalmente el empleador termina aceptando la relación de dependencia y paga. Esto es lo que nosotros llamamos “falsos independientes” y eso tiene que ver también con la informalidad y el bajo incentivo, ya que si un trabajador tuviese un seguro de desempleo y tuviese un buen acceso a una jubilación, es probable entonces que el trabajador no aceptaría facturar.
Es por eso que insistimos en construir verdaderas ventajas de ser formal en Paraguay, para que eso opere voluntariamente.
“La gran deuda histórica que ha tenido el Paraguay con la formalización es que no hemos construido verdaderas ventajas de ser formal y la pandemia nos dio esa enseñanza”.
– Paraguay tiene una fuerza laboral grande, porque hay mucha gente joven. El problema principal ha sido siempre la informalidad y hubo un importante golpe de la pandemia en ese sentido ¿Esto ocurrió efectivamente así?
No fue tan fuerte y esto es algo que se debe explicar muy bien, porque Paraguay fue uno de los países con menor impacto en la región y tenemos una fuga de 20.000 personas del empleo formal desde enero hasta acá, cuando el de los otros países es mucho mayor.
Evidentemente hubo un impacto, pero no es algo catastrófico y eso se debe al plan de protección a trabajadores formales. En la práctica aplicamos un “seguro de desempleo”, que en realidad no existe, pero nos ingeniamos para aplicar los pagos por suspensiones y eso sostuvo la formalidad brutalmente.
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Las diferencias entre entradas y salidas del IPS se fueron aminorando desde mayo y fueron casi iguales a las del 2019. Ahí se ve cómo funcionaron las medidas y el sistema se fue reactivando luego de la cuarentena total.
Concretamente, la pérdida real del trabajo formal fue de solamente 20.000 personas, hay que destacar que hubo un impacto pero el mismo se mitigó por las suspensiones con compensación porque si no hubiéramos tenido eso, la situación hubiera sido mucho peor. Hubiese habido más de 100.000 trabajadores fuera del sistema social si no hubiéramos hecho esto.
– Si bien el impacto fue menor que en los otros países, la informalidad es un problema de larga data en nuestro país ¿Seguirán trabajando en eso?
En Paraguay el 65% del empleo es informal, eso lo sabemos, y solo el 25% es formal. La gran deuda histórica que ha tenido el Paraguay con la formalización es que no hemos construido verdaderas ventajas de ser formal y la pandemia nos dio esa enseñanza.
Durante la pandemia hemos podido ser mucho más ventajosos hacia los trabajadores formales, quienes han tenido no solamente una compensación por suspensión, sino que ahora tienen también compensaciones por aislamiento en los casos de Covid positivo, además de todas las compensaciones de maternidad y otras que siguieron activas aún durante las suspensiones. Esto trajo como resultado que mucha gente vino a inscribirse, por las ventajas que se ofrecieron.
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Muchas veces el sector informal se resiste a ser formal por varios motivos. Por ejemplo, porque el sistema todavía no es integral, si bien se está reformando. Además, solamente el 10% de los cotizantes en Paraguay se jubilan y entonces el trabajador ya sabe que tiene muy pocas posibilidades de llegar a la jubilación.
Es urgente una reforma del sistema de seguridad social para que ser formal sea ventajoso y opere voluntariamente. Primero que nada hay que sumar la compensación por desempleo, ya que Bolivia y Paraguay son los únicos países de la región que no lo tienen; tuvimos que montar algo parecido ante la necesidad.
También tenemos que construir nuevas normas para que muchas más personas lleguen a jubilarse y ahí hay varias recetas como plazos de moratoria, regímenes alternativos. Tenemos un sistema de ocho cajas a las que aportan los trabajadores formales que también se podría unificar y una de las patas más importantes es ese seguro de desempleo. Paraguay es el país con menos tasa de jubilación de sus aportantes y ni qué decir en la informalidad.
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“Es urgente una reforma del sistema de seguridad social para que ser formal sea ventajoso y opere voluntariamente. Primero que nada hay que sumar la compensación por desempleo”.
– ¿Cómo se manejaría la cuestión financiera en el seguro de desempleo?
Planteamos el proyecto de ley para el seguro de desempleo con el Ministerio de Hacienda y trabajamos durante cinco meses con la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Ahí se establece una tasa del 2% para la cobertura, es decir, el seguro de desempleo necesita un 2% de aporte obrero/patronal.
Lo que propusieron los empresarios es que el 1,5% que actualmente aportan los trabajadores para gastos de Senepa y cobertura de enfermedades como el paludismo, sea redireccionado hacia el seguro de desempleo, así no es necesario pagar más. Faltaría un 0,5% que se estaría viendo para pagar desde el gobierno o con algún plan para no sobrecargar al trabajador.
Este 1,5% se paga desde el año 1.950 y es como un impuesto al empleo formal que si bien es recaudado por el IPS en el aporte patronal, va al Ministerio de Salud para la cobertura de algunos temas específicos.
– ¿Cómo avanza el proyecto de ley para el seguro de desempleo?
Formamos un equipo de trabajo y el proyecto está trancado en el Ministerio de Hacienda porque el proyecto implicaría un redireccionamiento de recursos que hoy son asignados al Ministerio de Salud y, por lo tanto, habría una eventual necesidad de Hacienda de asignar más recursos para Salud. No es fácil, la ley está completa pero ese es el único punto de discordancia.
– ¿Cuánto dinero implicaría ese redireccionamiento de recursos?
Este 1,5% que paga el sector formal por año en ese concepto al Ministerio de Salud es de USD 60 millones, es un impuesto porque eso no tiene nada nada que ver con el sistema de seguridad social. El aporte debería ser solo el 14% pero es un impuesto que se tiene desde hace años, porque se paga el 1,5% para para esto y otro 1,5% para la formación profesional media.
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Perfil
Nombre: Carla Bacigalupo
Formación profesional: Abogada, notaria y escribana pública. Máster en Derecho y docente universitaria.
Trayectoria profesional: Ocupó cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Fue ministra de Justicia y actualmente es ministra de Trabajo.