Por Oscar Villalba, estudiante investigador
La premisa básica de esta ley implica que las empresas que emiten carbono pueden «mitigar» su producción pagando a otras para que reduzcan las emisiones o incluso dejen de producir por completo.
En un país donde la economía ha dependido tradicionalmente del sector primario, esta ley representa un giro hacia la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, como cualquier cambio radical, también plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la industrialización y el desarrollo económico en Paraguay.
El corazón del debate radica en encontrar un equilibrio delicado. Por un lado, la ley de crédito de carbono coloca a Paraguay en la vanguardia de los países comprometidos con la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático. Por otro lado, esta ley plantea desafíos significativos para un país que necesita industrializarse para liberarse de la dependencia histórica del sector primario.
La industrialización es una piedra angular para el crecimiento económico y la creación de empleo. Paraguay, como muchas naciones en desarrollo, enfrenta el dilema de cómo equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la presión creciente de reducir las emisiones de carbono.
Descontento con algunos sectores de la población
Existe una creciente preocupación en la población paraguaya sobre la pérdida de autonomía nacional y la sensación de sometimiento a intereses “globalistas”.
Algunos temen que las regulaciones impuestas por esta ley puedan afectar negativamente la economía local y obstaculizar la creación de empleos, especialmente en sectores industriales y agrícolas.
Otros están preocupados por la pérdida de la autonomía nacional y la capacidad del país para tomar decisiones que se alineen con sus propias necesidades y prioridades.
¿Un incentivo para no producir?
Mientras algunos la ven como un paso positivo hacia la sostenibilidad ambiental, otros la interpretan como un incentivo perverso para no producir. La premisa básica de esta ley implica que las empresas que emiten carbono pueden «mitigar» su producción pagando a otras para que reduzcan las emisiones o incluso dejen de producir por completo.
Este enfoque, aunque destinado a reducir las emisiones y proteger el medio ambiente, plantea interrogantes cruciales sobre la esencia misma de la producción y el desarrollo económico. ¿Es ético pagar a las empresas para que dejen de producir? ¿No contradice esto el principio fundamental de la economía, que se basa en la producción y el intercambio de bienes y servicios?
La paradoja radica en que, en teoría, las empresas podrían encontrar más rentable pagar a otras para reducir las emisiones en su nombre que implementar tecnologías limpias o cambiar sus prácticas de producción. Esto podría desincentivar la innovación y retrasar la transición hacia prácticas más sostenibles.
Además, existe el riesgo de que estas medidas se conviertan en una forma de «lavado verde», donde las empresas pueden continuar contaminando mientras pagan por la mitigación en otros lugares.
Otro aspecto preocupante es el impacto en la economía local y el empleo. Si las empresas optan por pagar por créditos de carbono (más gastos) en lugar de reducir sus propias emisiones, esto podría llevar a la pérdida de empleos en sectores industriales y agrícolas. La disminución de la producción podría afectar negativamente a las comunidades locales, creando desafíos socioeconómicos adicionales.
Además, existe el riesgo de que esta ley pueda ser explotada por grandes corporaciones, que podrían tener recursos para comprar créditos de carbono y continuar operando como de costumbre, mientras que las pequeñas y medianas empresas, con recursos limitados, podrían tener dificultades para competir en este nuevo escenario económico.
En última instancia, la Ley de Crédito de Carbono plantea preguntas fundamentales sobre cómo equilibrar la necesidad de reducir las emisiones con el imperativo económico de la producción y el empleo.
Paraguay se encuentra en una encrucijada crucial, donde debe encontrar soluciones que fomenten la sostenibilidad sin desincentivar la producción y el progreso económico. El desafío radica en crear políticas que alienten tanto la responsabilidad ambiental como el crecimiento económico, garantizando un futuro sostenible para todos los paraguayos.
