En estas últimas semanas, sorprendió la presentación de proyectos para la creación de nuevas entidades, fusionando las existentes, como el de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el caso del primero, se unifica Tributación con Aduanas; y en el segundo, se busca absorber al actual Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública.
El objetivo, según señalan las autoridades que son tales desde este 15 de agosto, es achicar el Estado, mejorar el gasto público y ser más eficientes, entre otras cosas.
Nadie puede negar que estas acciones son necesarias y, de hecho, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde hace años vienen recomendando que nuestro país tome acciones al respecto.
Pero lo que sorprende es la celeridad con la que se analizaron e incluso fueron aprobando estas nuevas entidades en las distintas instancias del Congreso Nacional.
En el caso de la DNIT, el proyecto fue ingresado en Diputados el 26 de junio y dos días después ya contaba con media sanción. Además, ya figuraba en el orden del día de la sesión del Senado del 20 de julio y la ley fue sancionada ese día, todo el proceso legislativo duró menos de un mes.
Otra propuesta que sorprendió fue la creación de la Superintendencia de Valores, en sustitución de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta entidad pasaría a formar parte del Banco Central del Paraguay (BCP).
En esta propuesta legislativa, los parlamentarios fueron más allá y modificaron un proyecto que ya tenía media sanción por parte del Senado y que solo buscaba fortalecer las capacidades de la CNV. El documento venía con sanción ficta ya para la primera semana de agosto.
Algo que tienen en común estas iniciativas, además de que fueron presentadas y analizadas con mucha celeridad, es que no cuentan con opiniones de los verdaderos afectados, al menos en sus instancias iniciales.
Para la aprobación en Diputados de estos dos proyectos no fueron convocados ni contadores, ni autoridades de la SET, y tampoco personas de la CNV. Solamente en el Senado han sido convocados, pero sin que aparentemente importen mucho las opiniones que tengan, ya que en esa Cámara el partido del presidente electo, Santiago Peña, también tiene mayoría.
Por otra parte, en lo que respecta al proyecto de creación del MEF, el propio ministro de Hacienda del gobierno de Mario Abdo, Óscar Llamosas, se mostró asombrado cuando fue consultado sobre esa propuesta. Él mismo reconoció que desconocía tanto la citada iniciativa como la de la DNIT.
Este proyecto tuvo entrada oficial en el Senado el 13 de julio, dos semanas después de que el ministro de Hacienda del gobierno de Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos, anunciara la idea a través de la prensa; y recibió media sanción el 3 de agosto.
Desde su elección como presidente de la República, el sector privado ha mostrado un importante apoyo a Santiago Peña. Sin embargo, estos cambios a las apuradas antes de asumir la administración podrían revertir esa buena imagen e incluso le puede costar caro al nuevo mandatario.
Es importante mencionar que los gremios, asociaciones y sindicatos cuentan con mucho poder de convocatoria y en el pasado ya han evitado que se llevan adelante reformas o creación de nuevas instituciones como la Superintendencia de Pensiones, que se había presentado en el Congreso, pero que finalmente fue retirada.
Además, esto también deja un precedente de cómo podría accionar el Ejecutivo en los próximos cinco años. Es sumamente importante que el nuevo jefe de Estado hable con su equipo y con los legisladores de su partido de manera a que todos los sectores sean escuchados y se puedan llevar adelante los cambios que tanto necesita el Paraguay.
