A mediados del 2020, en plena pandemia del COVID-19, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, anunciaba en conferencia de prensa que a más tardar en tres meses presentaría al Congreso Nacional un proyecto de Reforma Estructural del Estado, con el objetivo de disminuir los gastos superfluos.
En ese entonces, existía un buen escenario para que cualquier iniciativa que implique reducir gastos avance tanto en el Legislativo como, también, para que tenga un visto bueno por parte del Ejecutivo e incluso del Judicial, ya que se necesitaba fortalecer el sistema de salud para hacer frente a la pandemia.
Además, es importante mencionar que Paraguay emitió bonos y tomó varios empréstitos de organismos multilaterales y bilaterales, lo que dejó poco margen para los próximos años para las inversiones que aún son muy necesarias.
En este contexto, las autoridades del Ejecutivo iniciaron una serie de reuniones con los diferentes sectores de la economía y, tras un consenso, fueron presentadas diferentes iniciativas, la mayoría con el fin de actualizar las normativas, no así para reducir gastos.
Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paraguay desperdicia alrededor del 3,9% de su Producto Interno Bruto (PIB) por deficiencias en el manejo de sus gastos, esto representa alrededor de USD 1.647 millones.
Tanto en el 2020 como en el 2021, fueron enviados varios proyectos al Congreso Nacional, como es el caso de la Ley de Función Pública y reforma del Servicio Civil; Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0; mejora del Clima de Negocios, reforma de la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), mejora del sistema de Compras Públicas, entre otros.
No obstante, ya casi al cierre del primer semestre solo un proyecto ha sido sancionado por el Legislativo, hecho que también demuestra que existe poca voluntad política para que al menos se actualicen estas normativas citadas.
Del paquete remitido por el Ejecutivo, la de la reforma de la Carta Orgánica de la AFD fue la iniciativa sancionada, promulgada y ya en vigencia. También, la Ley de Compras Públicas ha pasado por las dos cámaras del Congreso, quienes han introducido modificaciones al documento original y en estos momentos sigue en el Legislativo para la continuidad de su estudio.
La mayoría de los otros proyectos citados ni siquiera han sido analizados en las diferentes comisiones de las cámaras del Congreso y, teniendo en cuenta la coyuntura actual, del año electoral tanto 2022 como el 2023, tampoco avanzaría más.
Cabe señalar que, actualmente, tanto el presidente de la República como el vicepresidente -cuyo deber es actuar como «nexo» entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo- se encuentran inmersos en sus campañas políticas con miras a las elecciones internas y, en caso de ganar, para competir en las generales.
Los diputados y los senadores ya se encuentran también en plena campaña, en busca de ser reelectos para el próximo periodo, por lo que ahora se centran sólo en aquellos proyectos que de alguna manera “beneficiarán” a sus correligionarios y no así en aquellos que representarán un ahorro para el Estado.
Este contexto también podría impedir que se presenten otros proyectos muy necesarios, como la reforma de la Caja Fiscal, que hace años cuenta con un gran déficit que en parte está siendo cubierto por los contribuyentes del Fisco.
En este punto, según cálculos de Hacienda, las reservas de la Caja Fiscal se agotarían en unos años más, y esto podría darse antes si es que avanza una propuesta que se encuentra en el Senado que busca equiparar los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos.
También, otra propuesta que podría seguir cajoneada en lo que resta de este Gobierno es la que pretende fusionar el Fondo Ganadero (FG) con el Banco Nacional de Fomento (BNF), a fin de mejorar la eficiencia de las entidades que componen el sector público-financiero, además de otras.
De esta manera, pese a que se hayan enviado o consensuado con los diferentes sectores económicos las iniciativas que pretenden generar un ahorro o mejorar la eficiencia del Estado, el destino de la mayoría de los proyectos serán inevitablemente los cajones del Legislativo o quedarán en solo intenciones.
