En la embajada de Brasil en Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), que analiza el peaje impuesto por la República Argentina. Luego de la misma, se anunció que el vecino país ya no retendrá embarcaciones paraguayas ni de ningún país signatario del acuerdo, pero no renuncia al cobro del peaje por el paso en su parte del canal hídrico.
De este modo, Argentina se compromete a no interponer embargos e interdicciones a embarcaciones de los firmantes del acuerdo por un plazo de 60 días, mientras continúa el análisis intergubernamental. Además, el vecino país solicitó una nueva reunión técnica con expertos de cada país integrante de la Comisión de la Hidrovía, bajo la coordinación de Uruguay con fecha a definir, pero con el plazo de 60 días ya corriendo desde hoy.
Así, el acta de la reunión apunta que Argentina anuncia el compromiso de “ arbitrar los medios a fin evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos, y de no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa del peaje, mientras el tema esté en análisis y evolución de en el ámbito de la CIH”.
Según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en un documento oficial, Paraguay, en conjunto con Bolivia, Brasil y Uruguay mantuvieron la posición común de rechazar el cobro del peaje considerando que la imposición unilateral de una tarifa en la Hidrovía, lesiona el Derecho Internacional vigente.
En la reunión, se concluyó además que las informaciones brindadas por Argentina no han permitido constatar servicios efectivamente prestados a la navegación y siguen siendo insuficientes para justificar la medida conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo.
“Los países citados manifestaron en que, a la luz de los documentos técnicos analizados, la tarifa de peaje contiene elementos discriminatorios y estaría destinada a gravar la propia actividad de la navegación, sin contar con el consentimiento de los demás países, por lo cual reiteraron la solicitud de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 de su Ministerio de Transporte y de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, garantizar la libertad de navegación, la libertad de tránsito, abstenerse de aplicar otras medidas”, apunta el comunicado de Cancillería.
