En el conversatorio semanal Plaza Pública de Desarrollo en Democracia (Dende), los participantes concluyeron en que el acuerdo arribado entre Paraguay y Brasil para la definición de tarifa 2022 de Itaipú, si bien no fue lo ideal en el sentido de la propuesta inicial de Paraguay, fue algo importante para el país, teniendo en cuenta que la binacional se encontraba operando todo el año en forma anormal por la falta de un acuerdo tarifario y, por ende, sin un presupuesto efectivo.
De alguna manera lo acordado recientemente sienta las bases para la negociación tarifaria para el 2023 y para la revisión del Anexo C, coincidieron en señalar Manuel María Cáceres, director general paraguayo de Itaipú, y Jorge Gross Brown, ex asesor especial de Itaipú y miembro del consejo directivo de Dende, durante el conversatorio.
El tema abordado fue «Itaipú ¿Qué acordamos para el 2022? ¿Cuáles son los desafíos de las próximas negociaciones?”, con la moderación de Yan Speranza y la editorialización del presidente de Dende, Alberto Acosta Garbarino.
Explicaron que normalmente la base presupuestaria para fijar la tarifa de Itaipú para el año siguiente se negocia entre agosto y diciembre de cada año. Excepcionalmente, este año se registró un marcado retraso debido a que Brasil pretendía fijar una tarifa apenas superior a USD 18,95, mientras que Paraguay pedía mantenerlo en USD 22,6, teniendo en cuenta que uno de los componentes tarifarios de la binacional que es la deuda se redujo sustancialmente.
Pero quizá lo que más preocupa actualmente es que, tanto Paraguay como Brasil, están en un periodo electoral y que el 13 de agosto del 2023 vencen los efectos del Anexo C de Itaipú, lo cual implica negociar la tarifa del próximo año sobre la base de la actual situación, pero en medio de un cambio de Gobierno.
Si bien no se logró los USD 600 millones adicionales a ser distribuidos entre ambos países sino USD 300 millones, Manuel María Cáceres resaltó que es la primera vez que se obtienen USD 220 millones para nuestro país, pues a los casi USD 150 millones producto de la tarifa intermedia que le corresponde a Paraguay, se suman los USD 80 millones que se recibía habitualmente y que se destinan a los fondos sociales.
Del total de estos USD 220 millones; a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) serán destinados USD 140 millones. A ello sumó el acuerdo operativo, que estará en vigencia hasta finales del año 2023, lo que le permite a la entidad tener preferencia sobre el excedente de energía a un costo más bajo, además del acuerdo de contratación de potencia.
Para el director general paraguayo de Itaipú, es necesario tener una buena negociación y para ello se debe tener un frente único en el país.
«Ojalá que se deje de utilizar a Itaipú políticamente. Negociar debilitado, acusando de entreguista, no nos ayuda, no ayuda a nadie que está ahí, Entiendo que hay un juego político y hay que respetar eso, pero miremos el interés nacional, porque muchos dicen: “Itaipu, causa nacional”, pero demostremos que Itaipú es causa nacional para todos y apoyemos esa negociación, que sea abierta, que sea teniendo en cuenta los intereses del país», aseveró.
Existen otras dos negociaciones
Por su parte, Jorge Gross Brown manifestó que debido a la limitación del tiempo, un punto positivo fue que se logró una negociación y no una imposición de Brasil, mientras que lo negativo fue que se negoció precios y no de acuerdo a posiciones.
Destacó que se llegó a un punto medio, que no es muy bueno, ni muy malo. Hay que tener en cuenta que a partir de esto hay otras dos negociaciones: la tarifa para 2023 y la revisión del Anexo C. Sobre este último, Gross Brown remarcó que es una negociación totalmente diferente a una meramente tarifaria.
«Lo óptimo es que las Altas Partes de Paraguay y Brasil se pongan de acuerdo para negociar la prórroga de los efectos del Anexo C actual por un periodo limitado, porque el status quo beneficia al Brasil.
Yo diría que para el año 2023 Itaipú tiene que negociar en una situación similar a la actual lo que es tarifa, pero las Altas Partes tienen que decir qué es lo que va a pasar a partir de agosto del año que viene, pues en julio del 2023 vence el Anexo C y no se puede prorrogar en forma automática sus efectos», afirmó.
Para Gross Brown es un gran problema que el presidente electo en abril de 2023 recién asumirá el 15 de agosto, dos días después de que venza el Anexo C de Itaipu. Indicó que la negociación de la tarifa para el año 2023 no representa una preocupación, pero sí que los tomadores de decisiones de Brasil y Paraguay están de salida.
«Acá tenemos una visión muy umbilical de lo que es Itaipú, pero si te ponés a pensar es una de las empresas más grandes de toda la región, que funciona de forma binacional, que no es fácil por los conflictos de interés que suceden, hace 50 años. Y coincido también que es una causa nacional y hay muchas cosas en juego, hay que ponerse las pilas y hay que seguir insistiendo a pesar de los actores que están en este momento, pues esta es una cuestión que tiene que tener una visión institucional histórica», aseveró.
Entretanto, Alberto Acosta Garbarino, titular de Dende, manifestó que la tarifa aceptada por Paraguay es, dentro de todo, una buena negociación porque se salió de una situación peor donde no había un acuerdo. «Este acuerdo permite operar la represa de forma normal. Muchas veces dicen que un mal arreglo es mejor que un buen pleito, acá se aplica esto», apuntó.
Recordó que no se consiguió los USD 600 millones que Paraguay quería que se repartan y solo se obtuvo USD 300 millones. Para Acosta Garbarino, este acuerdo tiene dos elementos positivos para Paraguay. El primero, el lado económico que representa USD 150 millones adicionales para nuestro país; y, el segundo, que por primera vez Brasil acepta públicamente que la tarifa de Itaipú es política y no técnica exclusivamente.
«Se apegó a ese principio de seguir con el tema de los costos exclusivamente y eso es un gran logro, que nos va a permitir tener una posición más fuerte en las futuras negociaciones que sí son más complicadas. Esta que hicimos ahora fue, entre comillas, una pequeña negociación, comparada con la que va a tener de aquí a unos meses, con la tarifa del 2023, pues ahí se van a reducir USD 1.400 millones de costo de la deuda con lo cual hay que ver qué se hace con eso», expresó.
Refirió que mientras no se negocie un nuevo Anexo C, se está buscando políticamente llegar a un punto intermedio entre ambas posiciones. A su criterio, hay puntos pésimos que deben tenerse en cuenta, como la demora excesiva en llegar a un acuerdo debido a que Paraguay no tenía una posición clara hasta bien entrado este 2022, a lo cual sumó que los USD 150 millones obtenidos serán destinados a un subsidio de la ANDE para más de 1 millón de viviendas que no es el segmento más bajo de la pirámide social.
Subsidio no es sostenible, es de tinte electoral
«Es un subsidio claramente de tinte electoral, es un subsidio que no es sostenible porque ya en enero (de 2023) no van a poder sostener, pero va a ser muy difícil políticamente echarse para atrás a partir de enero, entonces lo preocupante es eso: con tanto esfuerzo conseguimos esos recursos para después dilapidarlos en gastos como estos en lugar de invertir en infraestructura que la ANDE necesita para mejorar su servicio», afirmó.
Finalmente, Yan Speranza manifestó que hoy se tiene, luego de una dura negociación, USD 140 millones que van a la ANDE para inversiones. Agregó que esta negociación acordada por Paraguay demostró que Brasil no lo tenía fácil, en el sentido de que se decía que no se iba a mover de su posición inicial y, sin embargo, se logró un acuerdo intermedio. Asimismo, manifestó que lo logrado con el acuerdo marca la pauta de la tarifa que se negociará para el 2023 y el Anexo C.
