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6 de mayo de 2024

Gremios piden racionalidad en la toma de decisiones y vetar Ley que indemniza a ex obreros de Itaipú

Empresarios sostienen que la compensación es ilegal y de cumplimiento imposible y carente de toda justificación social o económica. Desde el Ejecutivo ya habían adelantado que vetarán la iniciativa. También están en contra de los aumentos en el presupuesto 2023 y exigen acciones para solucionar la problemática de invasión a la propiedad privada.

Más de 60 gremios empresariales emitieron un comunicado en el que hacen un llamado a los tres poderes del Estado a la racionalidad en la toma de decisiones. Según señalaron, se encuentran preocupados por los diversos temas que hacen a la coyuntura nacional y solicitan “cordura” en la toma de decisiones sobre aspectos que son fundamentales para el bienestar de todos los paraguayos. 

Los empresarios se refirieron a tres puntos en particular: Compensación a los ex trabajadores de Itaipú; los aumentos en los gastos estructurales del Estado de cara al 2023 e invasiones a la propiedad privada. 

Respecto al primer punto, los gremios expresaron su total rechazo a la intención del «Proyecto de Ley que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores de las empresas contratistas de la margen derecha de la Itaipú Binacional», que según los cálculos costará más de USD 900 millones a la entidad. 

“Dicha compensación o como se denomine, no sólo es extemporánea, sino ilegal, de cumplimiento imposible y carente de toda justificación social o económica. Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo hacer uso del veto presidencial y evitar así graves daños al Paraguay”, recomendaron. 

Presidente vetará el proyecto 

En este punto, cabe recordar que el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, ya había adelantado que el Poder Ejecutivo vetará el citado proyecto. El proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado miércoles 24 y establece la obligatoriedad de pagos en concepto de compensación para 15.000 obreros de empresas que realizaron servicios para la Itaipu Binacional.

Huttemann refirió que, de acuerdo al Tratado de Itaipú, no se puede imponer el uso de los recursos de la entidad mediante leyes ordinarias por ninguno de los países que administran la hidroeléctrica.

En caso de que el veto del Ejecutivo no sea aceptado y el Congreso se ratifique en su sanción, indicó que el Consejo de Administración de Itaipu, lado paraguayo, presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

El jefe de gabinete añadió que existen antecedentes de acciones similares que realizó la entidad binacional ante leyes con objetivos similares, de disponer del patrimonio de Itaipú por fuera de los mecanismos establecidos en su tratado.

Presupuesto 2023 e invasiones

Por otra parte, los diversos gremios empresariales expresaron el desacuerdo total con respecto a  proyectos que pretenden aumentar los gastos estructurales del Estado en el 2023. 

“Los agentes económicos privados, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en su conjunto son los que finalmente están acusando impacto del complejo escenario que vivimos los efectos de la pandemia, la sequía, la guerra en Europa, el contrabando, la informalidad, entre otros factores, por lo que es necesario que los tres Poderes del Estado acompañen este esfuerzo con austeridad y decisiones oportunas”, mencionaron.

Enfatizaron en que la necesaria recuperación económica requiere de un repunte de la economía familiar y de mejores contextos para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y esto sólo es posible con un Estado eficaz y eficiente.

Finalmente, hablaron sobre las invasiones a la propiedad privada, que según afirmaron es una antigua problemática que sigue generando enormes daños a los sectores formales, generadores genuinos de empleo.

Resaltaron que ya no es admisible que en pleno siglo XXI se siga presenciando invasiones de propiedad, impulsadas muchas veces por sectores políticos que finalmente terminan en hechos de violencia, que condenamos desde todo punto de vista. 

Por estos motivos, exigen que el Estado intervenga y promueva soluciones en el corto plazo, garantizando la seguridad jurídica y física de todos los ciudadanos. 

“Esperamos que las decisiones sean firmes en estos y todos los temas que hacen al desarrollo sostenible de nuestro país. Que el cumplimiento irrestricto de la ley, el respeto a la institucionalidad de la República y el permanente diálogo prevalezcan siempre, por el bienestar de todos los paraguayos”, finalizaron.

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