Lima, 4 ago (EFE).- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú anunció este viernes que la sureña región de Arequipa será la primera del país en destinar parte de su canon minero para el financiamiento de bonos de vivienda de un programa social, informó la institución en un comunicado
La ministra de dicha cartera, Hania Pérez de Cuéllar, anunció junto al gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, esta decisión tomada en el Consejo Regional y que permitirá beneficiar a las familias que no cuentan con viviendas dignas en la región.
«Quiero felicitar al gobernador y a su Consejo Regional por tener esta visión de futuro, esta visión estadista que contribuirá al cierre de brechas de vivienda en Arequipa. Su ejemplo será replicado en otras regiones», indicó la ministra, en la información difundida.
Según el acuerdo, el Gobierno Regional de Arequipa dispondrá 29.700.000 de soles (unos 8 millones de dólares o 7,3 millones de euros), lo que equivale a 1.000 bonos familiares habitacionales, en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, y por su parte, el Ministerio de Vivienda financiará 1.000 bonos adicionales.
«Nosotros, como Gobierno Regional, vamos a dar asistencia técnica a postulantes, para que tengan el saneamiento físico y legal de sus propiedades y puedan acceder a estos bonos», señaló el gobernador Sánchez.
La autoridad detalló que en la actualidad existe un déficit de 96.400 viviendas en Arequipa, de las cuales 88.300 corresponden a la zona urbana y otras 8.100 al área rural.
Recordó que esta provincia no actualiza su Plan de Desarrollo Urbano desde hace 10 años, «lo que ha traído como consecuencia un crecimiento desordenado de la ciudad, afectando no solo la seguridad de la población sino la generación de inversiones».
Según explica el Ministerio de Economía y Finanzas, el canon minero peruano es la participación de la que gozan los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).
Está constituido por el 50 % del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por este aprovechamiento de recursos.
