Buenos Aires, 10 nov (EFE).- Un juez de Argentina ordenó intervenir, por pedido del Gobierno de Alberto Fernández, Autopistas del Sol (Ausol), empresa participada por el grupo español Abertis y que este jueves advirtió que defenderá sus «derechos» y los de sus accionistas.
El juez federal Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, designó a José Luis Perrone como interventor veedor y fiscalizador en Ausol, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por la Dirección de Vialidad, que depende del Ministerio de Obras Públicas de Argentina.
La intervención había sido solicitada por el Gobierno como parte de una demanda presentada el pasado 11 de octubre para pedir que la Justicia declare la nulidad del contrato de concesión de Ausol renegociado en 2018, en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso EFE, el interventor deberá «ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del contrato de concesión aludido, teniendo a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio público que resulta objeto de la concesión».
El magistrado también ordenó suspender el mecanismo de compensación destinado a que Ausol recuperara una deuda por parte del Estado de 499 millones de dólares cuyo reconocimiento en el Gobierno de Macri es objetado por el actual Ejecutivo.
También dispuso una «prohibición preventiva de la distribución de dividendos y de alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias» de Ausol, empresa que administra una de las principales autopistas por peaje de acceso a Buenos Aires.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados en Argentina), Ausol dijo que de momento no ha sido notificada de la resolución judicial y que tampoco ha tenido acceso a las actuaciones judiciales.
«La sociedad realizará todas las presentaciones necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus accionistas», aseguró la compañía, que reiteró que el contrato renegociado es «plenamente legítimo».
El Gobierno argentino también presentó en octubre pasado una demanda similar pero orientada al contrato renegociado con el Grupo Concesionario Oeste (GCO), también participada por Abertis.
Según el Gobierno de Alberto Fernández, mediante esos contratos se reconocieron millonarias deudas por parte del Estado «inexistentes» y otras condiciones «lesivas» para los intereses de los usuarios de las dos mayores autopistas por peaje de acceso a Buenos Aires.
Ausol está participada por Abertis (31,59 %), la firma italiana Webuild (19,82 %) y la argentina Natal Inversiones (14,12 %), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.
En tanto, GCO está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.
