Quito, 28 ago (EFE).- Un tribunal judicial de la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador, ha ordenado este lunes la suspensión de las actividades mineras en la zona de Quimsacocha, una región de páramos andinos considerada como reserva hidrológica y que ha sido defendida desde hace años por grupos ecologistas e indígenas.
El excandiato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez reveló el dictamen del tribunal y aseguró que la justicia ha declarado la vulneración del derecho a una consulta previa, libre e informada en las poblaciones en riesgo por la actividad minera en la zona de Quimsacocha.
Una concesión minera conocida como Loma Larga intenta instalarse en la región, pero activistas y grupos indígenas del lugar se han opuesto por el riesgo de contaminación de fuentes de agua que abastecen a amplias zonas del sur andino del país, incluida la ciudad de Cuenca, capital de Azuay.
«Al final del túnel brilla la justicia», escribió Pérez en su cuenta de la red X y explicó que una sala judicial dictó una sentencia que «declara la vulneración de los derechos a consulta previa y consulta ambiental» en la zona de Quimsacocha o Kimsakocha.
La sentencia, que es de segunda instancia, «dispone suspender toda actividad minera en Kimsakocha», agregó el excandiato presidencial, tras apostillar que «ninguna lucha es estéril».
Agradeció a los activistas defensores del agua de parroquias como «Tarqui, Victoria, Girón, Santa Isabel, San Fernando, Cuenca y otras de la provincia de Azuay» por haberse resistido por varios años a la entrada a la zona de las concesiones mineras.
«Un histórico precedente judicial en materia de los derechos del agua y de la madre Naturaleza. Gana la vida», enfatizó Pérez, que participó el pasado 20 de agosto como candidato para las elecciones presidenciales en Ecuador, pero quedó relegado a un sexto lugar de entre ocho postulantes.
El tribunal ha solicitado al Ministerio de Ambiente un informe sobre la sustentabilidad del proyecto, además de un estudio sobre la riqueza natural de la zona, flora y fauna, así como de la condición de reserva hídrica y de humedales.
También precisa que debe efectuarse la «consulta previa, libre e informada», como lo establece la normativa, y otra «consulta ambiental», que debe existir antes de que el Gobierno otorgue cualquier tipo de licencia para la continuidad del proyecto minero.
El tribunal ordenó la intervención de la Defensoría del Pueblo en el proceso y le pidió que emita un informe detallado dirigido a la autoridad judicial en un plazo de 45 días.
El fallo judicial del caso Quimsacocha se ha dado pocos días después de la jornada electoral de 20 de agosto, cuando los ecuatorianos votaron de forma paralela en un plebiscito para prohibir las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera de la Amazonía ecuatoriana.
La mayoría de votantes ecuatorianos aprobó la consulta para prohibir la actividad petrolera en el Yasuní, una decisión similar a la que se dio en esa misma jornada en el distrito metropolitano de Quito, donde se prohibió la actividad minera en la zona del Chocó Andino, una reserva natural situada en el noroeste de la capital ecuatoriana.
