El informe y dictamen final de la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República (CGR) revela que el Instituto de Previsión Social (IPS) no cuenta con documentos respaldatorios de los pagos a proveedores de los bienes y servicios por un valor aproximado de G. 1 billón realizado en el periodo del 2022.
El titular de la CGR, Camilo Benítez, presentó ayer a la Cámara de Diputados el informe e hizo hincapié en que lo encontrado en la Previsión apuntan a la fiscalización especial inmediata y al control de obras públicas.
“Se evidenció falta de registro de factura pendiente de pago con proveedores de bienes y servicios por G. 450.000 millones, ¿qué significa esto?, lo que nosotros le solicitamos a los empresarios que proveen estos productos y servicios no coincidía con la información que decía el IPS que debía”, informó Benítez entre otras de las inconsistencias encontradas.
Además, de que no fueron registrados los intereses a pagar por G. 119.891 millones obtenidos por el IPS. “El Congreso sancionó una ley que le autoriza al ips a endeudarse para poder pagar a los proveedores, dichos préstamos no fueron registrados en la contabilidad del IPS, esto es una observación administrativa no menor porque esa deuda está generando intereses hoy y tiene que ser pagado ahora”, explicó.
También, que se detectaron 9.355 bienes que figuraban en Inventario de Bienes de uso como faltantes de más G. 42.915 millones.
Benitez detalló también que hay un total de 25 obras que contaban con actas de recepción definitivas, por la suma de G. 1.122.881.351.987, que siguieron registradas, hasta diciembre de 2022, como “Obras Civiles en Ejecución”.
Agregó que en este caso existe una clara desactualización en el balance de lo que son las obras recepcionadas, terminadas y ejecutadas y que incluso podrían constituir eventualmente una presunción de fraude.
Uso de combustibles
También el presidente de la CGR mencionó que en cuanto a la auditoría del utilización de combustibles no se constató documentos de rendición de cuentas de consumo por un total G. 700 millones, equivalente a 74.000 litros.
“No se pudo evidenciar documentalmente dónde fue a parar este uso de combustible, no se evidenció 221 documentos de entrega de tarjetas magnéticas para consumo de combustible por G. 773 millones y hay un caso, un ejemplo, un mismo funcionario en más de un vehículo del IPS en diferentes localidades del país y con tarjetas magnéticas asignadas a diferentes dependencias cargó en un mismo día más de G. 1.000 millones”, denunció.
También, detectaron una diferencia de G. 360 millones entre el consumo total asignado por resolución y las cargas de combustibles realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2022.
