El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, y la viceministra Carmen Pereira recibieron a representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para articular acciones conjuntas que ayuden a prevenir el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos en el país.
Durante la visita, los voceros de la Confederación compartieron y explicaron las herramientas de control y monitoreo que la institución utiliza en las diferentes tareas que desarrolla para promover el fútbol profesional a nivel regional.
En este contexto, compartieron la estructura de cumplimiento que en la actualidad está aplicando la Conmebol en cuanto a los lineamientos y parámetros de ética, de cumplimiento y prevención, entre otros enfoques, así como los mecanismos contra el combate al lavado de dinero.
Al encuentro asistieron, por parte de la cartera de Estado, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la directora de Supervisión, Karen Marchuk; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo; y el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria.
En tanto, por la Conmebol participaron la directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay; la responsable de Gestión de Riesgos, Leticia Piris; además de Margarita Sosa, Paula Grau y Adriana Sosa.
Operativo Ultranza
Cabe recordar que en nuestro país se lleva a cabo la operación «A Ultranza PY», uno de los operativos más grandes contra el crimen organizado y lavado de dinero que se ha llevado a cabo en el país.
Mediante este operativo se realizaron más de 100 allanamientos, 30 órdenes de captura y la incautación de USD 100 millones en bienes, como también la detención del ex diputado Juan Carlos Ozorio, quien fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, tras haber sido salpicado como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
La operación A ultranza Py cuenta con el acompañamiento especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
