Este lunes 05 de diciembre, el Consejo de la Magistratura (CM) definió a los candidatos a pugnar por el puesto de Fiscal General del Estado. La terna se conformó por dos magistrados, Emiliano Rolón Fernández y Gustavo Santander Dans, y la abogada Cecilia Pérez Rivas, quien también fue exministra del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a los datos proveídos por el Consejo, los candidatos como Gustavo Santander y Cecilia Pérez en la primera ronda de las votaciones ya pudieron integrar la terna, ya que el primero obtuvo un total de seis votos de los cinco que fueron requeridos como mínimo, mientras que Cecilia Pérez obtuvo cinco en total.
Por su parte, recién en la segunda vuelta los miembros del Magistrado propusieron el nombre del camarista Emiliano Rolón, como tercer integrante para esta terna que fue elegida por unanimidad del Consejo.
Con relación a los méritos académicos con que cuentan los postulantes que se presentaron para el puesto de Fiscal General, el Consejo señaló que el 30% son docentes universitarios, el 23% son docentes de la Escuela Judicial, el 12% de los candidatos posee algún título y diplomado, mientras que tan solo el 1% cuenta con algún doctorado y el 5%, con alguna maestría.
Además, más del 80% de los postulados fueron egresados de la Universidad Nacional de Asunción, mientras que el 14% cursaron estudios en la Universidad Católica de Asunción y solo el 3%, en la Universidad Autónoma de Asunción.
Debate sobre la transformación educativa
Por otra parte, siguen las conversaciones y controversias sobre la decisión de la Cámara de Diputados de derogar la Ley N° 5069 que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea (UE) y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay.
Esta vez, la senadora Lilian Samaniego, a través de una conferencia de prensa, manifestó su postura sobre el convenio con la Unión Europea y sostuvo que se debe restablecer la verdad de los hechos con cordura, en especial alrededor de un tema tan sensible que acaparó la atención de la ciudadanía en los últimos días, que guarda relación con el contenido del convenio firmado con la UE.
Además, la legisladora aclaró que el convenio con la UE es financiero y que siempre estará atenta a que nadie intente cambiar los valores. “Voy a mantener mi posición firme para que no se cambien los valores de nuestra sociedad”, remarcó. Asimismo, lamentó que se utilice este tema tan sensible en plena campaña electoral.
Igualmente, Samaniego señaló que los cuestionamientos que le hacen a este acuerdo internacional son basados en mala información.
“Entre el convenio de donación de la UE existe una mala información y el diseño de la estrategia de transformación educativa en el Paraguay 2030, que por decreto 1.083/19 el Poder Ejecutivo conformó un Comité que está integrado por los ministros de Educación, de Hacienda, entre otros”.
Lilian Samaniego, senadora.
Así también, resaltó que dicho comité se conformó para “definir las políticas de la educación en nuestro país y el proyecto es financiado por el Fonacide con fondos de Itaipú, son dos cosas distintas, donde la única coincidencia es la palabra (transformación educativa)” indicó la legisladora.
Igualmente, aprovechó la ocasión para mencionar que la UE donó 168 millones de euros entre el 2014 y 2020. De esa donación, 85 millones de euros fueron destinados a educación y el resto, para invertir en protección social, pequeñas y medianas empresas, organizaciones no gubernamentales y sociedad científica del Paraguay, entre otras áreas.
Profunda preocupación
A su vez, el Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay, a través de un comunicado, manifestó que ven “con profunda preocupación” la posible derogación de la vigencia del convenio de financiación entre la República del Paraguay y la Unión Europea en el sector de la educación, Ley 6659/20, teniendo en consideración las repercusiones que podría tener esta medida sobre el derecho a la educación, principalmente de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas en el pals.
“Asegurar la inversión necesaria para la educación en Paraguay es de gran relevancia si se pretende tener una población formada que le permita integrarse de manera competitiva a un contexto internacional en el futuro”, reza parte del escrito publicado.
Cabe resaltar que el convenio entre la UE y el Paraguay es de financiación para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo nacional y no guarda relación ni tiene injerencia sobre el proyecto de diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay para la agenda 2030, que se firmó en el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes.
Finalmente, la organización lamentó que se arme una campaña de desinformación y aclaró que el convenio no obliga a introducir la ideología de género. “Paraguay tiene la soberanía para definir su política educativa. La donación de la UE no está condicionada a implementar modificaciones en el sistema educativo”, aseveró.
De acuerdo con la última evaluación PISA, de 2018, el 92%, 76% y 68% de los alumnos y alumnas matriculados no alcanzan los conocimientos mínimos de aprendizaje requeridos, respectivamente, en matemáticas, ciencias y lectura.
Pese a los significativos avances generales en cobertura, de acuerdo con el Ministerio de Educación, en el año 2021, apenas el 13% de niñas y niños en edad escolar de prejardín asistían a la escuela, así como apenas 2 de cada 3 estudiantes cursan la educación media.
