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5 de mayo de 2024

Día Internacional de Personas con Discapacidad: Reclaman incumplimiento de normas de inclusión laboral

La presidenta de la Fundación Saraki, Maria José Cazudo, aseguró que aún hay resistencia en algunas instituciones públicas para el cumplimiento de la Ley N° 3585/2008 y que tampoco se tiene avance en la normativa que establece beneficios/incentivos fiscales para los empleadores del sector privado.

Las estadísticas revelan que, en nuestro país, 8 de cada 10 personas con discapacidad no cuentan con oportunidades laborales o para emprender su propio negocio, según advirtió la parlamentaria Noelia Cabrera.

Bajo el lema “Inclusión económica para un futuro más inclusivo”, la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por la senadora Noelia Cabrera, acompañó el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda cada 3 de diciembre. 

La actividad fue promovida y organizada por la Fundación Saraki, con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.

Durante la apertura del evento, la titular de la Comisión reconoció el esfuerzo de las instituciones públicas y empresas privadas que abrazan la causa y emprenden acciones para que las personas con discapacidad se empoderen y sean parte de un cambio positivo en la sociedad.

“La inclusión es esencial para contribuir con una sociedad más justa y equitativa, avanzar en accesibilidad y garantizar la igualdad, brindando oportunidades educativas y laborales. Son los pasos cruciales para que las personas con discapacidad puedan participar comunitariamente en todos los aspectos de la vida”, resaltó.

Refirió, además, que conforme a las últimas estadísticas, en nuestro país 8 de cada 10 personas con discapacidad no poseen oportunidades laborales o para emprender su propio negocio.

Por otro lado, citó algunos aspectos que facilitan la disminución de la exclusión de las personas con discapacidad. Entre ellos, mencionó la accesibilidad a los servicios públicos, capacitación y formación de los funcionarios públicos sobre la comunicación inclusiva, políticas públicas adecuadas y leyes que castiguen la discriminación.

De la misma manera, mencionó que el apoyo gubernamental por medio de la concesión de recursos financieros para la ejecución de proyectos de inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones son acciones integradoras que fomentan la inclusión.

“Todas estas acciones integradas podrían contribuir significativamente a crear una sociedad más inclusiva. Deseo que este evento sea un comienzo para que podamos redoblar nuestras fuerzas y realizar trabajos interinstitucionales en busca de mejorar la inclusión “, expresó.

Incumplimiento de leyes

La presidenta de la Fundación Saraki, Maria José Cazudo, por su parte señaló que aún hay resistencia en algunas instituciones para el cumplimiento de la Ley N° 3585/2008 que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en el sector público.

“Tenemos problemas en el cumplimiento de la ley de accesibilidad, tenemos problemas de cumplimiento en la Ley de obligatoriedad de inclusión de personas en el sector público, hasta hoy no se ha podido materializar una ley Ley 4.962/2013 que es la de incentivo fiscal para inclusión en el sector privado”, reclamó.

No obstante, dijo que actualmente existe un nuevo Gobierno y que esperan que esto sea una prioridad para la nueva administración, y que se pueda ver avances significativos en materia de inclusión laboral.

La presidenta de la Fundación Saraki aclaró que no existe una resistencia verbalizada en las entidades públicas, ya que todos cuentan en su plantel con personas con discapacidad, pero no en la medida que la ley indica.

“Evidentemente, los que más dificultades tienen son aquellos ministerios más grandes donde el cupo que tienen que incluir para conseguir ese 5% es mayor y son los que están con menor cumplimiento. La secretarías o las direcciones pequeñas muchas veces son las que con un poco más de facilidad cumplen, pero no hay nadie que diga verbalmente”, detalló. 

Añadió que las instituciones públicas señalan que muchas veces no cuentan con presupuesto para hacer los concursos, y que tampoco se dan las sanciones. 

“La ley dice que se tiene que sancionar a los ministros y a los responsables del incumplimiento, pero nos han dicho que lastimosamente los procedimientos que se han previsto en la ley para sancionar no son los adecuados, pero tampoco se ha conseguido hasta ahora un ajuste o una modificación a esa ley como para que realmente haya una sanción”, lamentó.

Al culminar el acto, los presentes visitaron una exposición de ejemplos tangibles de inclusión económica que forman parte de los resultados del proyecto SAPE’A 2.0, el cual es desarrollado por la Fundación Saraki, cofinanciado por Plan International y la Cooperación Española en Paraguay (AECID), en alianza con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El evento contó con la participación de representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, del Ministerio de la Mujer, de la Secretaría Nacional de la Juventud y de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).

Además, contó con el apoyo de las empresas privadas: Casa Rica, Areté, Grupo Sueñolar, Nutrihuevos – Las Takuaras S.A., Visión Banco S.A.E.C.A. y Vouga Abogados.

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