Esta mañana, la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) anunciaron la extensión de un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del Proyecto T-Fast . Este convenio, surgido con el propósito de simplificar los procesos relacionados con la exportación e importación de productos agrícolas, se extenderá hasta el año 2025.
Con la extensión del proyecto T-FAST, se dará continuidad a la implementación de la agenda estratégica del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC). Así también, continuará el apoyo a los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y del sector privado, miembros del CNFC, en la modernización de procedimientos de importación y exportación de productos agropecuarios.
Durante una conferencia de prensa, el Embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, expresó que este acuerdo, firmado en el marco de las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países, refleja el compromiso de EE.UU con la expansión del comercio y el crecimiento económico inclusivo.
Ostfield destacó el orgullo de los Estados Unidos por ser uno de los principales inversionistas extranjeros en Paraguay, con un total de USD 2.300 millones de dólares en bienes comercializados en el año 2021.
El Embajador también enfatizó la importancia de un terreno equilibrado y la seguridad jurídica para atraer más inversión extranjera, lo que contribuirá al crecimiento de la economía paraguaya al tiempo que aumentará la transparencia y reducirá los riesgos de corrupción.
Por su parte, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, comentó que este acuerdo representa una satisfactoria extensión de la colaboración que se había iniciado en el año 2019. Destacó que es un hito importante en la alianza entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y reafirma su compromiso con la facilitación del comercio en Paraguay.
El Canciller explicó que el proyecto T-FAST comenzó su implementación en el año 2019 y tiene como objetivo simplificar los procesos para la exportación e importación en colaboración con el sector público y privado. Este proyecto contribuye a la reducción de las barreras no arancelarias al comercio y crea mejoras en la previsibilidad a través de la transparencia y la automatización de los procesos de comercio exterior. Con la modificación del Memorándum de Entendimiento, se anunció que la duración del proyecto T-FAST se extiende hasta el año 2025.
Según Lezcano, los resultados de la implementación del proyecto T-FAST han sido muy positivos y han tenido un impacto significativo en el fortalecimiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, la modernización de los procesos de apoyo con instituciones gubernamentales en procesos de importación y exportación agrícola, y el involucramiento de las asociaciones comerciales en la promoción de una mayor facilitación del comercio. También se ha trabajado en la adquisición de equipos para mejorar los procesos de importación y exportación agrícola.
Lezcano concluyó afirmando que la extensión del proyecto T-FAST subraya la amistad y la colaboración duradera entre Paraguay y los Estados Unidos de América, y que seguirán trabajando estrechamente con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para integrar a Paraguay en el comercio mundial y las cadenas de valor globales, aumentando su competitividad y logrando su desarrollo económico.
Ley Anti Deforestación
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) emitió un comunicado el 26 de septiembre expresando su oposición a la aplicación de la Ley Antideforestación de la Unión Europea (UE), argumentando que esta ley sólo generará distorsiones en el comercio internacional y aumentará los costos de producción y los precios para los consumidores finales.
En el comunicado, se señala que los productores rurales de América del Sur han invertido en prácticas sostenibles de producción de alimentos con el uso de la tecnología en las últimas décadas. Sin embargo, algunos países importadores han adoptado medidas proteccionistas que utilizan preocupaciones medioambientales como justificación. Estas iniciativas invierten la carga de la prueba, generalizan la culpa y hacen que los regulados deban demostrar costosamente su inocencia.
CAPECO considera que la ley de la UE es esencialmente una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental que tendrá un impacto significativo en los costos de producción, aumentará los precios de los alimentos y causará distorsiones en el comercio mundial. Consideran que estas condiciones retroactivas van más allá de la legislación nacional actual y podrían eliminar a pequeños y medianos productores de la actividad.
La Cámara también argumenta que estas medidas violan la soberanía de los países exportadores y van más allá de los poderes reguladores de la Unión Europea. Además, consideran que la clasificación de riesgo ambiental definida por la UE es subjetiva y unilateral, lo que afecta la imagen y reputación de los países y distorsiona el comercio internacional.
En concreto, CAPECO destaca la importancia de revisar esta legislación y excluir las clasificaciones de países, ya que son incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los convenios multilaterales sobre medio ambiente.»
