El caso impulsado por Mota-Engil inició en el año 2018, con la decisión del entonces presidente, Mario Abdo Benítez, a través del entonces titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, de suspender las obras del Metrobús.
El monto de condena al Paraguay incluye los conceptos de: ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses, detalló la Procuraduría.
Además de tener que abonar en estos conceptos esta millonaria suma, esta demanda ha costado ya al Estado paraguayo la suma «no menos importante» de casi USD 2 millones en honorarios de abogados, contratados por el gobierno anterior para la defensa, «cuyos resultados han sido negativos para el Paraguay», agrega la Procuraduría.
“Desde la Procuraduría General de la República se están evaluando los recursos que se podrían interponer contra el laudo, de manera a reducir el impacto que generó una administración que no contempló los intereses del Estado a la hora de tomar la radical decisión de suspender las obras del proyecto y cuya consecuencia hoy afecta al patrimonio que es de todos los paraguayos”, expresa el pronunciamiento de la institución.
“Una vez más, la mala gestión en la defensa de nuestros intereses, durante el periodo anterior, expone a nuestro país al pago de penalidades que desangran nuestras arcas”, culmina.
La agencia estatal de noticias IP Paraguay detalla que Mota-Engil responsabilizó al Estado por 691 días de retraso en el cronograma de obras, de los cuales el Tribunal halló culpable al MOPC por 258 días. En total, al 31 de diciembre, el monto que el Estado debe pagar es de USD 16,5 millones, según indicó el procurador Marco Aurelio González, en conferencia de prensa.
Recordemos que las obras del Metrobús se iniciaron en el 2016, durante la presidencia de Horacio Cartes -actual presidente del Partido Colorado y principal aliado del presidente Santiago Peña- y debían culminar en el 2019, ya durante el periodo de Abdo Benítez.
Inicialmente, la adjudicación de las obras fue por G. 300.417 millones, pero terminó costando G. 403.900 millones, un sobrecosto de 35%, según el recuento realizado por el diario Última Hora. Además, la empresa había denunciado que los atrasos se debieron a los problemas y manifestaciones de frentistas. La obra pretendía dar oxígeno al congestionado tránsito de tres ciudades: San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción.
El Estado paraguayo había desembolsado unos USD 27 millones y pagó a la constructora portuguesa Mota-Engil, que solamente llegó a construir unos 800 metros de los 17 km que tenía previsto.
Marco González sostuvo que como consecuencia de la negligente administración anterior, el Estado paraguayo además tiene que pagar intereses por esa devolución, que aproximadamente alcanza USD 1 millón hasta el 31 de diciembre y sigue devengando. Además, se le ha recargado al Paraguay con el 10% de las costas, es decir, tiene un impacto en el presupuesto público esa conducta procesal del Estado paraguayo, según el Tribunal.
Además de eso, también por montos retenidos indebidamente, el Paraguay deberá pagarle a Mota-Engil la suma de USD 2.850.000, y casi 1 millón de dólares en concepto de costas. Con esto, la suma total de intereses hasta el 31 de diciembre suman USD 2.842.000. Haciendo una sumatoria de estos costos, lo que el país deberá pagar en total alcanza USD 16,5 millones, según los cálculos de lo que dispuso el Tribunal.
«El Ministerio de Obras Públicas ya le pagó a a Mota-Engil hasta el momento en que se rescindió el contrato por las obras ya realizadas hasta ese momento, representa un monto de aproximadamente 27. millones de dólares», resaltó.
¿Como actuará el Estado?
González explicó que desde la Procuraduría buscan tranquilizar a la ciudadanía, ya que serán designados los mejores profesionales y se agotaran todas las instancias y acciones para proteger los intereses del Estado.
«Quiero darles la tranquilidad que están puestos los mejores ojos, los mejores hombres, las mejores personas, todas las capacidades para agotar todos los recursos. Estamos evaluando, todavía dentro del plazo, qué acciones y qué recursos vamos a interponer. Queremos dar la seguridad de que vamos a proteger el erario, el interés de todos, con los mejores argumentos y con todas las herramientas que el ordenamiento jurídico nos da», aseguró González.
El alto funcionario afirmó que la opción del Estado, ante este caso, sería plantear un pedido de aclaración o rectificación al mismo tribunal y antes, o en vez de eso, plantear eventualmente algún recurso de nulidad en los tribunales paraguayos, si se encuentran vicios en la sentencia.
«Nosotros tenemos un plazo de 15 días. Estimamos que en la semana que viene vamos a estar ya definiendo una estrategia procesal parcial. La semana que viene vamos a decidir si nos vamos ya directamente por la vía del recurso de nulidad o si previamente pedimos alguna aclaratoria o rectificación ante el tribunal arbitral», definió.
