En un nuevo episodio del programa Plaza Pública DENDE (Desarrollo en Democracia), las consultoras internacionales Gloria Ortega y Jazmín Gustale, referentes del ámbito de la Transformación Digital e Innovación, respectivamente, hablaron de una serie de propuestas que ayudarán a mejorar la eficiencia gubernamental, teniendo en cuenta el inicio del nuevo Gobierno.
Las profesionales concuerdan en que, en el mundo digital de hoy, es responsabilidad del Estado simplificar la vida de los ciudadanos, y que para ello es necesario establecer una normativa obligatoria que unifique las gestiones estatales en línea, además de crear una instancia de articulación transversal.
Señalaron que este organismo debería encargarse de la coordinación y centralización de la conectividad entre todas las instituciones gubernamentales, así como la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos de manera confiable, mediante la implementación de equipos estandarizados.
Adicionalmente, recalcaron la importancia de forjar un ecosistema digital que permita la interoperabilidad de los trámites gubernamentales, poniendo en primer plano la garantía de la seguridad en los procedimientos y la confidencialidad en el manejo de los datos. En este contexto, subrayaron la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para que puedan abrazar nuevos roles.
Gloria Ortega dijo que, mientras que la mayoría de los países en la región han progresado en la implementación del Gobierno electrónico, creando instituciones dedicadas a promover la eficiencia, productividad y optimización de los procesos gubernamentales, en Paraguay se evidencia la ausencia de una entidad encargada de coordinar estas iniciativas de manera integral.
Indicó que a pesar de la creación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), aún no existe una entidad que tenga como misión simplificar procedimientos, revisar operaciones, reevaluar requisitos, reducir la burocracia, eliminar las filas necesarias y establecer plataformas de autogestión integradas.
No obstante, reconoció que en el país se dieron algunos avances en lo que respecta a la identidad electrónica, refiriéndose a aquella destinada a realizar trámites que no requieren altos estándares de seguridad por conllevar bajo riesgo de fraude. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en lo que respecta a la identidad digital, que es como la cédula de identidad que se le concede al ciudadano en el campo virtual, el cual requiere de elevados niveles de seguridad, apuntó.
Ortega explicó que la identidad digital pasaría a actuar como un “gran buzón” que se le habilita a una persona desde el momento de su nacimiento, y debe estar relacionado con una dirección de correo electrónico, un número telefónico o una página web otorgado por los padres. Su finalidad es que todas las comunicaciones y notificaciones del Estado sean remitidas a esta dirección, facilitando un sistema centralizado de información.
Como ejemplo, Ortega mencionó que las notificaciones pueden estar relacionadas con la libreta educativa, el seguimiento escolar semanal, el certificado de vacunación, comunicaciones judiciales y avisos de vencimiento de impuestos, entre otras, permitiendo a los ciudadanos estar al tanto de sus asuntos sin importar su ubicación física.
No mata, sino que transforma los empleos
Otra innovación que viene de la mano de la identidad digital es la creación de una “carpeta ciudadana”, destinada a almacenar los documentos personales de relevancia. Al respecto, la especialista indicó que si bien el MITIC avanzó en el proceso con la creación de la página documentos.gov.py, todavía se deben fortalecer los habilitantes tecnológicos de este ecosistema digital, como son los soportes para el procesamiento, la conectividad y el almacenamiento en línea.
En otro momento, refirió la necesidad de fortalecer la interoperabilidad de los sistemas electrónicos intra-Estado, de modo a que se pueda compartir entre instituciones la información autorizada por el ciudadano.
Seguidamente, planteó alistar a los funcionarios para afrontar la transformación tecnológica, identificando los incentivos adecuados para ello. “La tecnología no mata los empleos, sino que crea nuevas actividades. Esta demonización debe ser reemplazada por el deseo de evolucionar y crecer en las instituciones públicas asumiendo nuevos roles”, aseveró.
1.000 trámites online
A su turno, Jazmín Gustale mencionó que actualmente se pueden realizar 1.000 trámites estatales de forma online. Sin embargo, muchas personas todavía realizan estos trámites de manera presencial, sea por desconocimiento o por falta de acceso a internet, lamentó.
En tal sentido, señaló la importancia de que, además de la comunicación y obligación de realizar trámites en línea, la Presidencia de la República lidere la coordinación de políticas públicas de tecnología entre todas las instituciones.
Gustale rememoró los 4.000 cursos de formación y capacitación en línea ofrecidos en pandemia por el MITIC, a través de Coursera, que llegaron a 35.000 paraguayos de 253 distritos del país, donde se podía aprender desde inglés hasta cómo usar mejor una tabla Excel. Añadió que en ese caso el incentivo fue la capacitación gratuita y el éxito se logró mediante la articulación entre instituciones públicas.
«Se necesita que ese incentivo esté ligado a una obligación o a un beneficio económico, además de un liderazgo muy fuerte para poder articular y crear ese ecosistema», apuntó.
Estas propuestas surgieron del debate durante el mencionado programa en el cual Yan Speranza ofició como moderador y la introducción de Alberto Acosta Garbarino, titular de la DENDE.
