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17 de mayo de 2024

Inician acciones judiciales y diligencias para identificar a ocupantes de tierras estatales en Villa Hayes

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, acompañado del juez José Villalba, realizó en la fecha las diligencias preparatorias para determinar la identidad de los ocupantes de las 131 hectáreas del Ministerio de Defensa en Villa Hayes.

La Procuraduría General de la República (PGR) inició este martes acciones judiciales en contra de los invasores y ocupantes del predio estatal ubicado en Villa Hayes, en el Departamento de Presidente Hayes.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la Procuraduría anunció que por expresas instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, han iniciado acciones judiciales en contra de los invasores y ocupantes del predio estatal en Villa Hayes, resguardando la posición del Estado paraguayo, con miras a defender con todos los mecanismos legales el patrimonio público.

“La defensa de los intereses nacionales en todos sus frentes es una prioridad de este Gobierno”, refiere el comunicado socializado.

De hecho, tras el comunicado, en la fecha se iniciaron las diligencias preparatorias para determinar la identidad de los ocupantes de las 131 hectáreas del Ministerio de Defensa en Villa Hayes.

En este sentido, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, acompañó al juez José Villalba, quien se encargó de realizar diligencias preparatorias para identificar a las personas que están ocupando los inmuebles y pedirles que acerquen cualquier documento de legitimación que ellos consideren tienen sobre los inmuebles.

“Eso nos va a dar pie para realizar las siguientes acciones judiciales. Estamos seguros de que no tienen ninguna legitimación, pero nos gustaría que ellos den a conocer cuál es la situación que eventualmente les podría amparar”, manifestó el procurador González.

Señaló que la constitución del juzgado es para que releve los datos en cuanto a documentos que poseen las personas que están ocupando y se consideran propietarias de los inmuebles, y que esta información permitirá determinar los siguientes pasos para la recuperación plena de las tierras.

“Nosotros tenemos un mandato muy claro del presidente de la República: con la ley, y exigir con la ley todas las responsabilidades que correspondan, y exigir que las tierras que pertenecen a todos los paraguayos continúen siendo de todos los paraguayos, y no de intereses particulares”, remarcó el procurador.

Así también, anunció que la Procuraduría solicitó una medida cautelar de no innovar que podría ser dictada por el juez en función de las diligencias realizadas en la fecha, según estimó.

A su turno, el juez José Villalba, encargado de las diligencias, explicó que el único objetivo de la acción de hoy es colectar elementos e informaciones para iniciar la demanda, y que los ocupantes de las tierras van a ser citados para que se presenten dentro del expediente, el próximo 13 de octubre, para dar declaraciones.

Proyectos de expropiación 

Cabe recordar que el proyecto de ley tuvo sanción automática en la Cámara de Senadores, días pasados. Sin embargo, tras protestas de varios sectores de la población, aduciendo que no se acreditaba el “interés social” para la expropiación, el presidente de la República, vía redes sociales, anunció que objetará el referido proyecto.

En esta línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente de la República, de vetar la expropiación de las 131 hectáreas de tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa, en la zona conocida como Jardines de Remansito, en Villa Hayes.

“Creo que es la posición correcta; buscando defender lo que es de todos, él (Peña) ya plantea el veto de estas tierras que pertenecen al Ministerio de Defensa; estoy convencido es lo que tenía que hacerse”, significó. 

También, Latorre adelantó que no serán tratados los proyectos de expropiación que no cuenten con dictamen favorable de la Comisión de Población y Vivienda de dicha Cámara.

Mencionó, igualmente, que la decisión adoptada por unanimidad por la mesa directiva de Diputados obedece a la necesidad de fortalecer los controles para el tratamiento de iniciativas de esta naturaleza y, sobre todo, proteger los bienes de todos, lo que se constituye “en una absoluta prioridad para nosotros”, aseguró.

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