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9 de mayo de 2024

Percance en la hidrovía: Industriales denuncian atropello a la soberanía y embajador se compromete a encaminar gestiones

A raíz de la interdicción de la embarcación paraguaya ocurrida este viernes, el embajador argentino, Oscar Peppo, se reunió este lunes con el canciller nacional, Julio Arriola, y se comprometió a llevar los pedidos a las instituciones pertinentes para su estudio.

Asimismo, desde la UIP se pronunciaron sobre la detención del buque y la calificaron como un “atropello a la soberanía y a la libre navegación garantizada por tratados y acuerdos”. Todo esto ocurre días después de que un encuentro regional resaltara el apoyo que se debe dar a los países sin litoral.

En la mañana de este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, se reunió con el embajador de la República Argentina, Oscar Domingo Peppo, a efectos de tratar el reclamo para una pronta solución al embargo e interdicción de un buque paraguayo, con base en la pretensión del cobro de un peaje en la noche del pasado viernes.

Como así también se trató en el encuentro garantizar el libre tránsito de las embarcaciones de bandera paraguaya hasta tanto se resuelva la controversia con motivo de la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná.

Sobre este hecho, el embajador Peppo se comprometió a encaminar las gestiones necesarias a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con las instancias pertinentes de su país, según informó la cancillería paraguaya.

Esta situación se da luego de que el Ministerio de Transporte de Argentina estableció, a través de una resolución, que desde el 01 de enero se cobrara una tarifa de USD 1,47 por tonelada para las embarcaciones de transporte internacional y de 1,47 pesos argentinos – alrededor de USD 0,0054- por tonelada para las cargas de cabotaje (nacional).

El canciller Arriola había solicitado en su momento que las autoridades respectivas adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de tránsito de las embarcaciones de bandera paraguaya en apego con el espíritu del “Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná” y en atención a los estrechos lazos de colaboración mutua que existen en el relacionamiento entre la nación y el país vecino

Hasta el momento, la controversia sobre el cobro o no del peaje se encuentra en instancias del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, cuya próxima reunión está prevista para fines del mes de agosto, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su comunicado.

Es importante recordar que desde hace varios meses que Paraguay, junto a Bolivia, Brasil y Uruguay -países de la denominada Cuenca del Plata y signatarios del acuerdo-, ha reiterado su solicitud de que se suspenda el peaje establecido en el tramo del río Paraná desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe.

En ese sentido, la cartera de Exteriores lamentó en un comunicado que «Argentina implementa y aplica medidas que, lejos de apurar un entendimiento, tienden a agravar la diferencia instalada y la afectación ocasionada a los usuarios de la vía navegable con repercusiones considerables en la economía y el comercio exterior de los países signatarios».

Rechazo desde el sector privado

Sobre la retención de la embarcación paraguaya, el sector privado mostró su descontento y sorpresa con la situación, calificándola entre “las más insólitas noticias en pleno siglo 21, uno de los más civilizados de la historia humana”.

Principalmente, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) expuso su malestar con este hecho y señaló estar en total desacuerdo con las medidas adoptadas por el vecino país, por lo que solicita a los gobernantes una respuesta inmediata.

“Desde la UIP rechazamos de forma enérgica semejante atropello a la soberanía y a la libre navegación garantizada por tratados y acuerdos, y solicitamos al Gobierno Nacional iniciar cuanto antes los trámites necesarios para anular esta arbitrariedad”, reza parte del comunicado del gremio, compartido a primeras horas de este lunes.

Igualmente, indican que es necesario evitar el avance de situaciones similares a estos entre ambas naciones vecinas, que llegan a afectar la relación que se ha construído a lo largo de los 200 años.

“El equilibrio de intereses se basa en los acuerdos y no en medidas ilegales; estos mecanismos a lo largo de la historia solo han demostrado que sirven para destruir antes que construir, en un momento en el que se necesitan bloques regionales integrados y unidos hacia un mismo porvenir”, resaltó la UIP en su comunicado.

Un llamado de acción

Por otra parte, el viernes pasado culminó la Reunión de Revisión Regional de Alto Nivel de América Latina del Programa de Acción de Viena, desarrollada en el país, en donde el documento resultante de la reunión denominado “Llamado de Acción de Asunción” se constituirá en una parte clave de las deliberaciones hacia el próximo Programa de Acción para los Países en Desarrollo Sin Litoral, que tendrá lugar en Kigali, Ruanda, en junio del próximo año.

Dicho documento presenta una clara declaración hacia la concreción de los objetivos trazados con apoyo y cooperación internacional, subrayando “la necesidad de esfuerzos de colaboración entre los gobiernos, los socios internacionales y las partes interesadas para garantizar la implementación exitosa de estas propuestas con miras a transformar el crecimiento en desarrollo en beneficio de una mejor calidad de vida de los ciudadanos”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la revisión identificó que los Países en Desarrollo Sin Litoral de la Región han logrado considerables avances en las prioridades establecidas en el Programa de Acción de Viena del decenio 2014-2024 en áreas de infraestructura, transformación económica y medios de implementación, aunque aún quedan tareas pendientes para avanzar.

Además, se debatió cómo lograr una conectividad fluida y sostenible, y aprovechar la integración regional para impulsar la infraestructura, las capacidades comerciales y la transformación económica estructural, así como las experiencias en materia de movilización de recursos nacionales e internacionales y las formas de facilitar la movilización de los recursos necesarios, incluida la financiación innovadora, para promover el desarrollo sostenible.

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