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30 de abril de 2024

Se promulgó la Ley que convierte en crimen la invasión de inmuebles

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley que eleva a crimen y aumenta hasta a 10 años de cárcel las invasiones a propiedades privadas, a tan solo un día de haberse sancionado el documento.

El Secretario General y jefe del Gabinete Civil, Hernán Huttemann, informó en conferencia de prensa que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley N° 6.830 que modifica el artículo 142 del Código Penal y eleva a crimen la invasión de inmueble ajeno. 

El alto funcionario explicó que el jefe de Estado recibió esta mañana el documento enviado desde el Congreso Nacional y dio su visto bueno, teniendo en cuenta -según dijo- que al proyecto de Ley ya lo venían analizando con anterioridad. 

“Teníamos conversaciones con los parlamentarios, con los proyectistas y de ese modo se trabajó coordinadamente y una vez que el proyecto ingresó, la decisión ya estaba prácticamente tomada”, aseguró el alto funcionario. 

Con esta promulgación, el artículo 142 del Código Penal queda redactado de la siguiente manera: “1° El que, individualmente o en concierto con otras personas, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”.

Así también, el inciso segundo dice que “cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años”.

Cabe mencionar que esta modificación fue sancionada ayer por la Cámara de Diputados, en medio de manifestaciones de campesinos e indígenas que pedían el rechazo del documento. De hecho, estos sectores continúan apostados en la zona del microcentro de Asunción. 

Por otra parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó que la modificación es del marco penal. “Esto implica que el juez puede decretar una sentencia condenatoria en el caso de encontrar las pruebas suficientes de entre 6 meses a 6 años de lo que se considera como el tipo base, y un agravante que aumentaría el marco penal hasta 10 años en el inciso segundo”, indicó. 

Agregó que no necesariamente implica el decreto de prisión preventiva automático en el caso de procesamiento, ya que en el 2019 el Congreso Nacional resolvió modificar la Ley 4431/11 (Código Procesal Penal) y devolvió a los jueces la facultad de analizar “los presupuestos de la prisión preventiva que deben darse conjuntamente al momento de resolver sobre la privación de libertad durante el proceso.” 

La ministra reiteró que será el Poder Judicial el que realmente va a aplicar la Ley, interpretando de acuerdo con los elementos que obren en cada caso concreto.

Por último, al ser consultado sobre qué acciones se llevarán adelante a partir de ahora para evitar las invasiones, Huttemann aseguró que ya se inició una mesa de trabajo interinstitucional para abordar el tema que, según dijo, es es un “fenómeno multicausal”.

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