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29 de abril de 2024

Seprelad advierte escasez de funcionarios y fuga de valores, en plena carrera hacia el grado de inversión

La capacidad de análisis de datos es limitada debido al poco personal que dispone la institución, por lo que están solicitando más recursos, según anunció el ministro René Fernández. Caso contrario, considera que será muy difícil llevar adelante el plan de acción con miras a alcanzar el grado de inversión.

La institución necesita al menos duplicar su plana de funcionarios, pues actualmente 20 personas se encargan de analizar los 10.000 ROS que se generan cada año. La fuga de valores es otro mal que aqueja a esta entidad, debido a que el sector privado conquista a sus profesionales ante los bajos salarios que rigen en la Seprelad.

En entrevista con MarketData, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández Bobadilla, habló sobre cómo cerró el año 2022 y lo que depara para el presente. 

Entre los ejes a desarrollar para el 2023, resalta la compra de mayor equipamiento -sobre todo informático- para combatir el lavado de activos, por G. 2.500 millones.

Fernández calificó al 2022 como un año con muchos desafíos y muchos logros, teniendo en consideración que culminó un proceso muy complejo y muy dilatado, refiriéndose a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Explicó que todo el sistema anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo fue puesto bajo prueba. En este sentido, la Seprelad, por su rol en particular de coordinador nacional, tuvo mayor responsabilidad en la evaluación que otras instituciones.  

“Fue un proceso muy dilatado, o sea, muy extendido, por el hecho de que empezamos en el mes de noviembre del año 2019 un proceso que normalmente tiene una duración de un año aproximadamente, pero por la pandemia eso se extendió mucho más”, expresó. 

Recordó que este proceso inició con una visita al país del equipo evaluador donde presentaron el cuestionario que es requerido para aprobar la evaluación. Dicho cuestionario se centra en dos componentes: el normativo o técnico, y el de eficacia o resultados inmediatos. 

“Eso se alimenta de todos los datos que brinda el país, y esos datos están compuestos por documentos, por estadísticas, por leyes, con todo tipo de evidencia que es presentada al equipo evaluador”, indicó Fernández.

El país aprobó satisfactoriamente este examen de evaluación mutua con un conjunto de acciones que son recomendaciones del equipo evaluador. Paraguay obtuvo, en lo que se refiere al cumplimiento técnico, un 93%. “Estamos entre los dos países con el mayor cumplimiento, con Uruguay”, destacó el ministro.

“En lo que se refiere a los resultados inmediatos, hemos tenido de 11 resultados inmediatos; 9, considerados con cumplimiento moderado; 1, como sustancialmente cumplido; y 1, bajo, que es el resultado inmediato 7, que tiene que ver con la investigación y el procesamiento del lavado de dinero”, añadió.

De acuerdo con la cabeza de Seprelad, si Paraguay no contara con esa evaluación y esa certificación, nuestra economía podría sufrir trabas y pérdidas considerables. “Realmente sería una catástrofe económica. Eso ya constituye un logro importante porque hay que recordar que en la evaluación realizada en el 2008, nosotros habíamos ingresado en la lista gris”, comentó.

Esto, en su momento, implicó que el país fuera sometido a una supervisión intensificada por considerar que el sistema era defectuoso. “Salimos de esa temida lista gris como país no cooperante en el 2012, pero la metodología de evaluación de Gafilat va afinando o va renovándose permanentemente”, señaló.

Sede de la Seprelad, dentro de las instalaciones del Banco Central. Foto: Gentileza

Plan de acción con base en el informe

Tras el informe de Gafilat, la Seprelad, junto con otras instituciones, presentó el plan de acciones prioritarias. Este se compone de 16 tareas que tienen que ver con todo el sistema antilavado.

“Seprelad es el coordinador nacional, nuestro rol es el de articular y coordinar el funcionamiento del sistema y, en este caso concreto, el cumplimiento de estas acciones prioritarias. Cada una de ellas tiene a su vez protagonistas principales, por ejemplo, en lo que se refiere a ese resultado inmediato bajo, que es el de investigación y procesamiento de lavado de dinero, las instituciones de control son el Poder Judicial y el Ministerio Público”, dijo.

En este sentido, la cartera ya inició un proceso que implica una gran recolección de informaciones de todo el sistema para una evaluación nacional de riesgos donde se busca identificar cuáles son las vulnerabilidades y amenazas para determinar las medidas mitigantes de esos riesgos para poder hacer un plan estratégico.

Para este trabajo, Fernández afirmó que la Seprelad, en forma coordinada con el Gobierno Nacional, obtuvo una cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

“Nosotros actuamos como una secretaría técnica y los expertos son los que van a analizar y consolidar los datos para que pueda ser incorporada, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, la evaluación nacional de riesgos actualizada al 2023”, sostuvo.

Aumento presupuestario

La Seprelad obtuvo un aumento presupuestario en el componente de las inversiones, pero sigue siendo inferior a lo demandado por el ente, ya que el ministro asegura que necesitan un fortalecimiento de los recursos humanos. “Lastimosamente, eso no fue posible también debido a las restricciones presupuestarias señaladas por el Ministerio de Hacienda. Tuvimos un aumento aproximadamente de G. 2.500 millones que van a ser volcadas casi en su totalidad en la parte tecnológica”, dijo.

No obstante, Fernández adelantó que esperan poder ir mejorando en el aspecto presupuestario, con la posibilidad de alguna ampliación, ya que eso también es una recomendación del equipo evaluador: el fortalecimiento de la Seprelad. 

Interrogado sobre si contratarán más funcionarios, el ministro afirmó que es necesario.

Alegó que se necesitan más personas en todas las áreas, pero sobre todo requieren de más analistas, entre los que se encuentran expertos financieros, jurídicos e informáticos. Además, deben mejorar también las condiciones de los funcionarios que prestan servicio a la Seprelad.

“Las remuneraciones son muy bajas y hay que tener en cuenta la importancia del trabajo realizado, el perfil técnico que se requiere, lo cual genera mucha fuga de valores porque en muchos casos se ha dado que formamos técnicos que tienen un alto perfil y, en un momento dado, son contratados por entidades privadas y lastimosamente optan por irse, porque la remuneración salarial es muy baja”.

René Fernández, ministro de Seprelad.

Esto significa que se necesita un aumento de salario para los funcionarios de la Seprelad, ya que en promedio, según Fernández, existen 10.000 reportes de operaciones sospechosas por año que deben ser analizados, sectorizados, y generar, con base en ellos, informes de inteligencia financiera. Actualmente se dedican a esa labor cerca de 20 personas y no son las únicas actividades que cumplen.

“Porque a la vez nosotros también realizamos informes de inteligencia a pedido del Ministerio Público, en base a causas iniciadas, también a otras entidades como la Contraloría General de la República, sobre todo en lo que se refiere a los exámenes de correspondencia”, relató. 

Por todo esto, el ente a cargo de Fernández requiere un fortalecimiento de los recursos humanos, además de los recursos tecnológicos. “No quiero hablar de un porcentaje exacto, pero sí se requiere un aumento importante para responder a las necesidades, una parte del problema es lo que tiene que ver con la parte presupuestaria y otra parte es el crecimiento, tampoco hubo aumento de personal”, recalcó.

Interrogado sobre lo que se adquirirá exactamente con los G. 2.500 millones, Fernández mencionó que Seprelad maneja muchos sistemas, como por ejemplo el sistema SIRO, de registro de los sujetos obligados, o los sistemas de análisis de datos. Estos se manejan a través de convenios donde acceden a bases de datos del Estado paraguayo.

A su vez, para este trabajo se necesita de una enorme capacidad de almacenamiento y procesamiento. “Eso significa servidores, que también requieren licencias que deben ser pagadas periódicamente, semestralmente y anualmente”, mencionó. Igualmente, requieren de  protectores de voltaje y mantenimiento.

Fernández dijo que al menos se necesita duplicar la cantidad de funcionarios encargados de analizar las operaciones sospechosas, es decir, que al menos lleguen a 40 personas.